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Lunes
 25 de Marzo de 2019
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Galenos detenidos del conflicto en Puerto Pailas tienen libertad irrestricta
Liberan a los seis médicos, suman apoyo y abogados alistan recurso de inconstitucionalidad por el 205
Jornada. Masiva marcha de transporte y médicos en Santa Cruz. Gobierno no retrocede en su posición y persisten las movilizaciones.
Sábado,  30  de Diciembre, 2017
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Ref. Fotografia: Movilización. Los médicos junto con los transportistas marcharon en Santa Cruz.

Los seis médicos que fueron detenidos en Puerto Pailas luego del desbloqueo tienen libertad irrestricta, pues no se pudo comprobar los delitos de los que se los acusó: atentado contra la seguridad de transporte y asociación delictuosa. Aunque persiste el conflicto del sector que rechaza el artículo 205 del Código Penal.

A las movilizaciones se sumaron ayer los transportistas de vehículos pesados con una masiva marcha hasta las oficinas de la Aduana, ellos observan también los artículos 137, 174, 209, 293 y 294. Los abogados de la ciudad de La Paz informaron que preparan un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo observado. Las movilizaciones persisten en todo el país.

Alistan más movilizaciones. El abogado defensor del grupo de médicos, Wálter Arrázola, enfatizó que no se encontraron elementos suficientes para comprobar los delitos. El abogado del Colegio Médico, Nicolás Morales, insistió que el fiscal no presentó imputación porque no se encontró evidencia contra los detenidos "e incluso había uno que es comunario de Pailón, que estaba de paso y fue detenido sin haber sido parte del bloqueo". El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, indicó que en una reunión se definirá qué acciones se seguirán. Hoy suman 38 días de paro médico y aún no hay vistas de solución. Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que los médicos estuvieron armados y no cumplieron su compromiso de levantar el bloqueo que instalaron en Puerto Pailas, carretera, por lo que se tuvo que usar la fuerza pública para despejar la vía. "Hay también policías heridos, nos ha llamado la atención que un grupo que tiene que cuidar la salud de la gente vaya con morteros artesanales y piedras para atacar a la Policía, que ha estado casi 24 horas intentado persuadir en Puerto Pailas a los bloqueadores", dijo. Sobre los hechos violentos rechazó que se haya usado un exceso de fuerza en la intervención y afirmó que la Policía obró conforme a lo que manda la Constitución Política del Estado que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos. Mientras el ministro de la presidencia, René Martínez, advirtió que el paro médico pone en riesgo la salud y la vida de al menos 10.000 pacientes, que están impedidos de someterse a cirugías programadas y otros 800.000 están privados de atención médica. Martínez lamentó la negativa del sector médico para instalar una mesa de diálogo sin condiciones y su afán por prolongar el conflicto.  Martínez consideró que el sector médico ha caído en una serie de contradicciones evidenciadas durante el desarrollo del conflicto, que revelan una intencionalidad política de mantener la movilización a costa de la salud de sus pacientes. Dijo que desde que comenzó la huelga del Colegio de Médicos, sus dirigentes hicieron conocer varias propuestas contradictorias e improvisadas.

Acción inconstitucional. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, señaló que existen varios otros que fueron identificados como contrarios a la Constitución Política del Estado. Dijo que tras un análisis técnico legal con participación de profesionales en Derecho Constitucional y Derecho Penal, concluyeron que en el caso particular del 205, se generan tres deficiencias. La primera que aplica dos sanciones por el mismo tipo penal. La segunda es que ese artículo "no tiene el sujeto activo determinado" y por eso no se sabe quiénes son los afectados, si son los abogados o choferes; y la tercera es que genera inseguridad jurídica, atentando al artículo 177 de la Constitución Política del Estado. Adicionalmente identificaron al artículo 34 sobre decomiso de bienes y dinero a favor del Estado; artículo 193 sobre violación de comunicación privada o difusión indebida y 194 en torno a la revelación de secretos que establece sanciones con prestación de servicios de utilidad pública e inhabilitación. Dijo que la intención es ser más proactivos y buscar una salida alternativa legal para lo cual están elaborando una acción de inconstitucionalidad que será socializada hasta el miércoles ante los diputados o senadores que quieran firmar y presentar al día siguiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que ellos son los legitimados activos. La entidad colegiada entiende que hay riesgo latente en el tiempo, aunque el Código de Sistemas Penales recién ingresará el 1 de junio de 2019, por tanto, hay tiempo para evitar atropellos contra los derechos de las personas. El constitucionalista Williams Bascopé agregó que existen muchos artículos "inconstitucionales" en el Código del Sistema Penal y recomendó que nuevamente se revise el contenido de la mencionada norma. "En el artículo 137 se habla de homicidio culposo, se puede sancionar al chofer negligente, pero avanzar con el tema de sancionar a la persona propietaria y hablar de la culpa temeraria, ¿cómo pueden mezclar la temeridad. Ya tenemos el dolo y culposo", sostuvo.

Masiva marcha de transporte. En  la masiva marcha de ayer, el presidente del Transporte Pesado Nacional e Internacional del Oriente, Óscar Michel Flores, señaló que el sector cuenta con más de 50.000 camiones que hacen ruta a Brasil, Chile, Perú y Yacuiba y "toda esa población puede ser que mañana se levante si no los atienden". Los transportistas rechazan el artículo 137 porque consideran que dicta una triple sanción (económica, penal y de inhabilitación de la profesión) para los choferes que protagonicen un hecho de tránsito con muerte de persona. Aunque luego de una reunión con el presidente del senado, José Alberto Gonzales, se determinó declarar cuarto intermedio y reinstalar la mesa de diálogo el próximo martes 2 de enero. 

Adulta mayor en estado crítico. La mujer de 58 años, T. Bello, que fue afectada por los gases en el desbloqueo en Puerto Pailas está en estado crítico y tiene pronóstico reservado, informó el doctor del hospital Japonés, Alberto Nogales. Al llegar al hospital, a través de una tomografía se le detectó un sangrado en su cerebro por lo que fue sometida a cirugía y los médicos detectaron una alteración en la parte vascular donde ocurrió el sangrado. Luego de estar un día en terapia intensiva, la mujer fue trasladada a una clínica privada ayer. Nogales indicó que se la someterá a otra cirugía por la obstrucción de una arteria.  "Al ser en la cabeza tiene un pronóstico delicado. No es solo que quedó sangrando, eso necesita un procedimiento estricto de durante cinco, seis o siete días. Recién uno podría decir cómo está su proceso evaluativo", explicó. Su esposo está cubriendo los gastos aunque requiere apoyo, su teléfono es 722-12761. "Estoy consiguiendo ayuda de donde puedo. Usted sabe, uno qué no hace por su esposa", expresó. 

En Cochabamba, Defensor del Pueblo pide planillas para descuentos.  En Cochabamba, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, indicó que solicitó a las autoridades de salud que le brinden la planilla de los médicos que no trabajan por su huelga indefinida, y advirtió que gestionará procesos contra quienes no apliquen el descuento de los salarios. "Hemos pedido que se nos remita la planilla de los médicos que deben ser descontados en sus salarios por haber ido a marcar y no haber atendido a la población, dijo. 

El representante señaló que para la Defensoría el paro médico de 37 días se constituye en una vulneración a los derechos humanos, y anunció que esta entidad cuestionará a las autoridades que solapen la actitud de los médicos de colapsar el sistema de salud y no atender pacientes.

4 Mil
Consultas externas se suspenden a diario en Santa Cruz con el paro.

23 Noviembre
Se inició el paro médico indefinido en la ciudad de Santa Cruz. 


UMSA veta la violación de la autonomía universitaria

El Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determinó vetar a las autoridades de Gobierno que son docentes en esa casa de estudios superiores por alentar y promover la violación de su autonomía por parte de la Policía.

"Determinar la aplicación del veto universitario en contra de las autoridades gubernamentales, quienes no obstante de su condición de docentes universitarios promovieron, alentaron e instruyeron el allanamiento a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés violando de esa manera la Autonomía Universitaria", señala el artículo tercero de la resolución que dio lectura el rector Waldo Albarracín.

El pasado 21 de diciembre efectivos policiales ingresaron a predios de la UMSA, para perseguir a estudiantes de Medicina que protestaban en contra el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal y del Decreto Supremo 3385 que crea la nueva autoridad de fiscalización del sector.

Albarracín aclaró que el veto se aplicaría en el marco del Estatuto Institucional de la UMSA, aunque no quiso
adelantar nombres de los docentes que serían afectados. "Me parece de doble moral estar en el Gobierno y al mismo tiempo promover una acción represiva contra la universidad", remarcó el rector. Dijo que los casos identificados se tratarán en el HCU y se valorarán las pruebas correspondientes antes de aplicar la resolución. El HCU también determinó "Dejar sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo" que dispone la suspensión del receso universitario a partir de la fecha, "debiéndose reincorporar autoridades, docentes, estudiantes.

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Leyla-Mendieta--
Leyla Mendieta
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