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Editorial
Las 'irrelevancias' de nuestra justicia
Miércoles,  15  de Noviembre, 2017

El régimen gobernante tiene la costumbre de considerar insignificantes muchos de los escándalos que están conmocionando a la opinión pública. Es insignificante el millonario robo al Banco Unión, no tiene importancia que “peces gordos” del narcotráfico se codeen con los máximos jerarcas de la política nacional y, por supuesto, tampoco es relevante violar la Constitución, destruir la democracia y reinstaurar una dictadura en el país.

Lo mismo ha ocurrido con las recientes declaraciones del excomandante de la Policía, Óscar Ciro Farfán, quien ha confirmado que la intervención armada en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, fue un acto de terrorismo de Estado, una masacre preparada y ejecutada por organismos de seguridad oficiales que tenían órdenes precisas de asesinar a los integrantes de una supuesta célula terrorista encabezada por Eduardo Rózsa Flores. 

Farfán no ha hecho más que corroborar detalles aportados por la defensa de los acusados de terrorismo durante los ocho años de proceso judicial, pero que han sido ignorados por los jueces, que además han violado una larga lista de procedimientos que garantizan el debido proceso. Si la justicia no estuviera sometida a las autoridades del Órgano Ejecutivo, deberían actuar inmediatamente para incorporar esas evidencias y de confirmarse, el caso tomaría otro rumbo, habida cuenta de que el único delito que se cometió en aquella ocasión fue la masacre de tres ciudadanos europeos que obedecían a un montaje gubernamental cuyos responsables son muy bien conocidos y que tiene una confesión, pues no hay que olvidar que el presidente Morales reconoció públicamente en un escenario internacional, que él dio la orden de intervenir aquella madrugada. 

Si bien en Bolivia las pruebas no tienen validez y no la tendrán mientras no se restablezca plenamente el sistema democrático, se debe tener en cuenta que el caso Rózsa mantiene un proceso abierto en instancias internacionales, donde las evidencias desechadas por los tribunales nacionales cobrarán suprema importancia a la hora de hacer justicia y llegar a la verdad de los hechos.

Tampoco se debería considerar una pequeñez lo que acaba de suceder en Uruguay, donde la justicia ha negado la extradición del abogado Alejandro Melgar, uno de los perseguidos por este mismo proceso, altamente cuestionado y violatorio de los derechos humanos. Luego de analizar el proceso desde 2012, uno de los más largos que se haya dado en la justicia uruguaya, los magistrados llegaron a la conclusión de que entregar al acusado hubiera significado someterlo a un linchamiento, tal como ha ocurrido con decenas de personas que se encuentran encarceladas, exiliadas, perseguidas y enjuiciadas, sin haber encontrado ni una sola prueba contundente que posibilite una condena, tal como lo requiere el Gobierno. La conclusión que ha quedado patente en el contexto internacional ha sido clara en relación a una justicia instrumentalizada para la persecución política y eso no es poca cosa.

Si bien en Bolivia las pruebas no tienen validez y no la tendrán mientras no se restablezca plenamente el sistema democrático, se debe tener en cuenta que el caso Rózsa mantiene un proceso abierto en instancias internacionales.

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