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 23 de Octubre de 2019
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?Qui?n ejerce el control social?
?Es o no es verdad?
Miércoles,  30  de Diciembre, 2009

José Gramunt de Moragas • s.j. - Una de las aplicaciones de la nueva Constitución que no acabo de entender es la creación de una entidad nacional llamada “control social”. Todos conocíamos un término parecido que llamábamos “sanción social” y que consistía en el rechazo que merecían actitudes que, no siendo formalmente delictivas, no son castigadas por los distintos canales institucionales. La mala educación, la grosería, la expresión soez, el gesto impúdico, la inescrupulosidad, las malas artes, el engaño, la mentira, la avaricia… no suelen estar legisladas, salvo en aquellos casos en que la autoridad legítima lo haya establecido formalmente. Por eso, el derecho romano ya enseñaba que “no hay pena sin una ley previa”. Sin embargo, esos comportamientos y actitudes son incompatibles con la decencia, la dignidad, el honor    -¡este último, tan devaluado en nuestros días!-  y demás cualidades que, las personas que se respetan, se exigen a sí mismas.
Así pues, si por encima de este control espontáneo de moral social, se nos imponen unas organizaciones políticas destinadas a fisgonear cualquier establecimiento lícito, sea público o privado, me parece, por lo menos, un peligroso exceso de controles. Algo así como cargarle al burro una albarda sobre otra albarda. ¿No se estarán creando “soviets” arbitrarios e impunes, o “camisas pardas” brutales e incontrolables? ¿No sería más necesario devolverles sus funciones propias a las instituciones democráticas y exigirles la rectitud y la justicia para las que fueron creadas?
Cualquier ciudadano sabe que una sociedad organizada cuenta con diversos tipos de controles. Se controla aquello que pueda dañar, perjudicar, perturbar los derechos ajenos o el bien común. Simplificando al máximo y al estilo didáctico, el control legal lo ejerce la justicia institucional,  auténtica intérprete del pueblo soberano democráticamente organizado; de ninguna manera debe cederse a grupos políticos ni a la llamada justicia comunitaria. El control de un encuentro deportivo lo mantiene el árbitro colegiado y no los “hooligans”. El control urbanístico lo ordena la línea y nivel, y no la compadrería municipal. Del control fiscal se ocupa la Contraloría. Y así sucesivamente. 
Entregar el control social a ciertos movimientos sociales ciertamente politizados, partidarizados, sectarios que carecen de la indispensable formación profesional para la tarea que el Estado les está encomendando, es ante todo una burla a las instituciones (jueces, fiscales, policías, etc.). Por otra parte, es más seguro que dudoso, que esos controladores de ocasión, sean más rigurosos, más arbitrarios, incluso, injustos y vengativos de lo que deben ser los profesionales de cualquier inspección legal, cuando se trate de “controlar” a quienes no comparten sus ideas. Y, en cambio, tolerarán las faltas, incluso delitos, de sus partidarios. Esto último ya está ocurriendo. Aquí se aplica lo de que los corruptos son los otros, no los nuestros. La conclusión es que hay que retornar a la institucionalidad democrática y depurarla de sus viejos resabios. Este es el verdadero cambio. ¿Entenderá el Gobierno que el “control social” compete a las instituciones creadas para ejercerlo, y no a unos grupos sin reglas justas ni formación profesional?