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Asamblea
Gobierno se deslinda de los actos de corrupción que afectan al mercado del Plan 3.000
Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo, fue interpelado por la bancada oficialista en relación a las obras que se desarrollan en la populosa zona
Sábado,  15 de Julio, 2017
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La bancada oficialista votó por la "orden pura y simple" en señal de aprobación al informe del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, quien fue interpelado por la fallida obra de construir un Mercado Modelo en el Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz, que demandó un gasto de más de 5 millones de dólares con un crédito proveniente del Bandes de Venezuela en convenio con el gobierno de Bolivia.

La obra fue una iniciativa de 18 asociaciones de comerciantes del Plan 3000, que en el 2007 y con la gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo, accedieron a un crédito del Bandes-Venezuela-Bolivia por 3.5 millones de dólares, una donación de 1.350.000 del gobierno y dieron como aporte 1.035.573 de dólares en calidad de contraparte para ejecutar la obra.

Para el efecto, las asociaciones firmaron un convenio de seguimiento y control con la entonces ministra de Desarrollo Productivo Celinda Soza, y con ese acuerdo se adjudicó la obra a la empresa OKRE S.R.L. que asumió la primera parte, incumplió contrato y luego dieron a la empresa Constructora colombiana-cubana "Urbanizamos SRL" que tampoco pudo concluir.

Los diputados interpelantes Juan Carlos Gutiérrez y Rodrigo Valdivia de la opositora bancada de Unidad Demócrata (UD), denunciaron que el ciudadano cubano José Alberto Urbano Vásquez fue el gerente de la constructora Urbanizamos que recibió los desembolsos y abandonó la obra. El ocasional empresario que constituyó sociedad con un capital social de 120.000 dólares, fue enviado a la cárcel y salió libre porque el proceso en su contra prescribió.

Gutiérrez explicó que Edgar Montaño Rojas, antes de ser diputado electo del MAS, asumió las funciones de supervisor de obra ante la empresa OKRE con un sueldo de 2.000 dólares mensuales pero este no respondía al requisito porque a tiempo de indicar que Montaño no cumplía con los requisitos porque es Ingeniero Industrial y no Ingeniero Civil, quien tiene la labor de supervisar una obra.

Los opositores también denunciaron que además de Montaño Rojas, participaron como dirigente de los comerciantes Silverio Poma que luego fue candidato a suplente de Silvia Lazarte por el MAS, María Luisa Mendoza, tesorera de las 18 asociaciones y diputada del MAS, y Sabelio Estrada diputado del MAS, Julio Almendras dirigente del MAS-Santa Cruz y José Alberto Hernández, gerente de Urbanizamos, hijo de un excónsul cubano.

Los interpelantes también le informaron al ministro Rojas que estas irregularidades son verídicas porque incluso un informe del IDIF certificó que por la mala calidad de la obra, esta se encuentra detenida y por recomendación debe ser demolida.

Por su parte Rojas aclaró que pese al convenio firmado con la Asociación de Comerciantes, el Gobierno no puede intervenir porque la contratación del crédito, la selección de la empresa constructora y supervisora, fue decidida por dirigentes de los comerciantes y no por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

También dijo que un proceso penal instaurado por los comerciantes en contra el primero empresario, fue extinguido por los jueces por falta de acción penal y el otro está pendiente de audiencia cautelar por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, aunque expresó que le parece extraño que los comerciantes no haya ejecutado la boleta de garantía.

Finalmente los interpelantes consideran que esa posición del ministro es una forma de "lavarse las manos", rehuir de sus responsabilidades y desconocer sus atribuciones, por lo que le pidieron su renuncia. Sin embargo Rojas, rechazó la acusación porque aquel convenio que lo vinculaba fue resuelto por los mismos dirigentes para evitar sean perseguidos por la justicia.  

autor : Erbol
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