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Editorial
Con plata, mal; sin plata, igual
Martes,  23 de Mayo, 2017

Con la caída de los recursos provenientes de las exportaciones de gas y otras materias primas, todas las instancias estatales lloran al unísono por la grave escasez y anuncian recortes de proyectos, despidos y otras restricciones. El Gobierno nacional aprovecha el momento para apretar el torniquete centralista, puesto que no sabe de austeridad y le aplica la tijera a municipios, gobernaciones y universidades, con el objetivo de seguir derrochando como en los mejores tiempos de la bonanza.

Los políticos dan la idea de que sin plata, las obras, los servicios y todos los beneficios que brinda el sector público podrían venirse abajo, pero los datos indican que más allá de restringir el “peguismo”, la situación podría seguir manteniéndose más o menos igual.

De acuerdo a un reciente informe originado en el Sistema y Diagnóstico de Seguridad del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), el sector público en todas sus formas, ya sea el órgano central, las empresas descentralizadas, las entidades territoriales comprendidas en gobernaciones, municipios y universidades, apenas llegaron a un 69 por ciento de la ejecución presupuestaria en el 2016, lo que indica que la mayor parte de la plata que supuestamente está faltando, se encuentra en los bancos, esperando proyectos, iniciativas y la eficiencia de la gestión para invertir en lo que es necesario para que la “mano del gobierno” se note en el bienestar de la población.

En metálico, la cifra es abismal, pues se trata de más de 94 mil millones de bolivianos, uno de los mayores “sobrantes” de los últimos años y que no hace más que reflejar la caída de la eficacia del Estado en el diseño de políticas públicas, en la atención de las demandas ciudadanas y en la elaboración de proyectos de impacto en el bienestar de la población.

Ese 69 por ciento es un promedio y esconde situaciones extremas como el Ministerio de la Presidencia, con el mayor presupuesto del Órgano Ejecutivo, pero con una ejecución del 40 por ciento. Recordemos que esta cartera maneja el equivalente a otros 14 ministerios y todo indica que no tiene ni el tiempo ni la capacidad para gastar, pese a la discrecionalidad con la que se manejan los recursos. En realidad, los únicos “eficientes” de todo el aparato estatal son las instituciones de Control y Defensa del Estado, es decir militares, policías y otros órganos represivos, que alcanzan un 90 por ciento.

En ocasiones se lo ha escuchado al presidente amenazar a los municipios y a las gobernaciones con “decomisarles” el dinero que tienen guardado en los bancos, pero la realidad es que ambas instancias son mucho más eficientes a la hora de invertir, con promedios de ejecución de 80 y 76 por ciento respectivamente. En otras palabras, si Bolivia no fuera tan criminalmente centralista como lo es (el Gobierno central maneja el 84 por ciento de los recursos), la función pública o la incidencia de las instancias locales en la realidad de los bolivianos sería mucho más positiva. Otra razón más para reavivar la lucha por la autonomía.

Los políticos dan la idea de que sin plata, las obras, los servicios y todos los beneficios que brinda el sector público podrían venirse abajo, pero los datos indican que más allá de restringir el “peguismo”, la situación podría seguir manteniéndose más o menos igual.

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