La Cancillería boliviana oficializó este martes el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, a Chile para participar de una reunión con organizaciones sociales y de una conferencia en la Universidad de Santiago, después que autoridades chilenas observaron que no se había informado oficialmente de su llegada.
El anuncio sobre una visita no oficial del Canciller fue objeto de críticas por parte del subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros. "Nosotros tenemos métodos diplomáticos distintos, si el ministro (Heraldo) Muñoz viajara a Bolivia tenga cuidado que informaríamos a las autoridades bolivianas de esa visita", sostuvo según el portal de radio Bío Bío.
Hasta el lunes, la Cancillería no había confirmado el viaje del diplomático, sin embargo, el gobierno entregó una nota en el consulado de Chile en La Paz haciendo conocer de la presencia de Choquehuanca en la capital, quien fue invitado por la federación de estudiantes de la Universidad de Santiago para dialogar sobre el vivir bien; asimismo se reunirá con la comunidad indígena mapuche.
Según el portal de la radioemisora, la controversia surgió porque no se habría advertido desde La Paz la presencia del diplomático, similar situación habría sucedió con el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el vicepresidente Álvaro García Linera.
El exembajador de Bolivia en el Vaticano, Armando Loaiza, puso en duda de la eficacia que puede resultar lo que denominó como "para-diplomacia" al viaje del Canciller al vecino país, pues desde que el país se querelló en la Corte Internacional de Justicia no ha existido diálogo entre ambos países.
Las relaciones entre Chile y Bolivia se han enrarecido después que Bolivia decidió interponer una demanda para exigirle a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico, el petitorio se plantea con base a las promesas oficiales que realizó ese país, para solucionar el diferendo marítimo.
La diplomacia se tensionó mucho más después que la CIJ falló a favor de conocer el fondo de la demanda. Las autoridades chilenas tienen que responder a la memoria que el país entregó el año pasado con los argumentos históricos, políticos y geográficos de la demanda.
