El expresidente de Bolivia y extitular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, pidió ayer, evaluar el desempeño de los 56 magistrados electos por voto hace un año, porque existen dudas sobre su capacidad.
"Yo veo demoras sobre todo en el Tribunal Constitucional en interpretar y asegurar disposiciones que nos aseguren a los ciudadanos que los derechos sí cuentan”, señaló. Para el experto en justicia, se debería evaluar el desempeño de esos jueces ya que deja mucho que desear los resultados que se ha visto en el TSJ.
Colegio de Abogados de Santa Cruz. Por su parte, Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados en Santa Cruz, dijo que en vez de mejorar, se ha retrocedido en algunos aspectos.
"Por ejemplo, aún no se subsanó el tema de la mora procesal, en el tema de los trámites en Derechos Reales, que se tardaban como 15 días, se extienden hasta 4 meses", indica el jurista.
Agrega que por esa y otras causas, el gremio se reunirá y se declarará en emergencia porque estos retrasos, perjudican tanto a litigantes como a los profesionales en derecho.
La corrupción sigue. Por su parte, el diputado Edwin Tupa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció que 10 jueces son investigados por estar involucrados supuestamente en actos de corrupción.
"Conozco por lo menos unos cuatro casos en Santa Cruz, son denuncias de corrupción de jueces que lamentablemente no están actuando acorde a lo que dice la justicia", dijo el legislador, indicando que no se ha dado ese cambio de la justicia que esperaban con los nuevos magistrados.
Por su parte, el senador de Convergencia Nacional, Marcelo Antezana, dijo que un año es muy poco para evaluar este cambio, pero no se observan avances en los tribunales de justicia.
En ese sentido, indicó que si no hay avances en los tribunales, el efecto podría ir contra el mismo Gobierno central. "Los juzgados están formados por gente de la ciudad, la misma que está desencantada el trabajo del Gobierno del presidente Morales", dice Antezana.
La muestra es Palmasola. Finalmente el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, señala que el penal de máxima seguridad en Santa Cruz representa un ejemplo de la retardación de justicia, porque de los 4.800 internos que vive más del 70% no tiene sentencia.
