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 24 de Junio de 2019
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Ilegal dotación de tierras del INRA en San José
Contexto. Se trata de la antigua propiedad de San Panuma en San José de Chiquitos, cuya superficie de 4.529 hectáreas, incautada el 2011 por el caso de Jacob Ostreicher.
Domingo,  19 de Mayo, 2019
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E l predio San Panuma de 4.529 hectáreas, ubicado a 100 kilómetros de San José de Chiquitos, cuya propiedad perteneciente a la empresa Lagro y más tarde Coliagro, que  fue incautado el 27 de julio de 2013 por el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, hoy se encuentra no solo ocupado por supuestas comunidades campesinas, sino objeto de desmantelamiento total del campamento, pérdida de maquinarias agrícolas, producción y tráfico de tierras, propiciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

San Panuma, tal como estableció El Día en su visita al lugar, se encuentra convertida en tres comunidades: Los Cedros I, Los Cedros II y Cedritos, como efecto de la orden de asentamiento propiciado por el INRA, desde el pasado 16 de mayo de 2018, donde hoy, según los ocupantes, se encuentran viviendo 90 familias. 

Edil Ávila, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo de la empresa Coliagro, informó que hasta antes de esa fecha, esos predios estaban custodiados por más 35 familias de trabajadores de dicha empresa, en calidad de depositarios legalmente constituidos. En el lugar estaban los del sindicato, estaban produciendo soya, sorgo y sésamo, además de la crianza de 15 animales bovinos de alta genética. 

"Nosotros velamos los beneficios sociales y en calidad de depositarios estuvimos en este lugar produciendo soya, sorgo y sésamos, hasta que un día llegaron los señores del INRA. Sin notificación y sin darnos tiempo para siquiera sacar nuestras herramientas y maquinarias,  nos desalojaron", denuncia Ávila. 

Dicho predio forma parte de una de las siete extensas propiedades que hacen en total más de 30.000 hectáreas al constituir la empresa Lagro y luego con la intervención de Jacob Ostreicher, socio minoritario, se modifica el nombre a Coliagro. El 27 de julio de 2013, por orden judicial fueron incautadas a la empresa Coliagro, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dólares en el bullado caso Ostreicher.

Una historia por contar. Según Alvaro La Torre, abogado del Sindicato de Trabajadores de Coliagro, dichos predios fueron adquiridos el año 2007 por un grupo de inversionistas de capitales suizos. La inversión total alcanzó al menos 23 millones de dólares, cuyos recursos ingresaron al país vía las entidades financieras reguladas por el Estado, lograron la adquisición de los siete predios, la misma fue hecha por Claudia Liliana Rodríguez Espitia y su socio André Zolty, de cuya inversión tuvo participación Ostreicher, como accionista minoritario con solo 3 millones de dólares de inversión. 

Sin embargo, el 2011, Ostreicher, el inversionista menor del grupo, como reflejó en contacto con El Día el abogado La Torre, por diferencias internas con sus socios y en especial con Rodríguez Espitia, toma posesión de San Panuma "de forma irregular" y en ausencia de la citada copropietaria. 

Pese a estar incautada, el súbdito estadounidense vende a un desconocido de nombre Edil Rojas. "Este señor sembró y se posesionó en la propiedad; después de varios procesos penales, agroambientales, entre otros recursos interpuestos, Rodríguez logró recuperar la posesión de la propiedad", narra La Torre. Lo contundente es, revela en contacto con El Día, la propia Rodríguez Espitia, que es absolutamente falso que Ostreicher haya sido dueño de todas las propiedades o él que hubiera invertido. 

Dicho grupo de inversionistas, señala La Torre, trajo su capital de 23 millones de dólares al país, vía las entidades bancarias de manera muy transparente. En ese ámbito, Rodríguez Espitia es la que realiza, como una de las socias del grupo, la compra de las propiedades, maquinarias, pago de empresas de desmontes, servicios, agroquímicos, en fin.

Según documentación al que tuvo acceso El Día, se da cuenta que los recursos fueron enviados desde Suiza por André Zolty, quien remite mediante giros bancarios, que tenía como origen el banco UBS (uno de los cinco bancos más grandes del mundo), estas operaciones fueron examinadas por cada uno de los bancos que intervienen en el envío de este dinero, pasando por el Banco Central de Suiza, La Cámara de Compensación de la Reserva Federal Americana, posteriormente el Banco Central de Bolivia  y finalmente las entidades financieras del país como destinatario final como son el Banco Crédito del Perú (BCP), Banco Ganadero y el Bisa.

En ese ámbito, el estadounidense Ostreicher, como el inversionista menor, remarca La Torre, al ver la magnitud del desplazamiento de las inversiones,  la  creación de varias empresas: Lagro, Agrocol y La Colina, por angurrias de poder en el grupo y ambiciones personales, optó por quedarse con el negocio.

Además, aprovechando la ausencia de la socia, el súbdito norteamericano busca hostigar, molestando a los trabajadores y  mostrando a Rodríguez Espitia como una imagen negativa para la empresa y una posición contraria a los trabajadores. "Su objetivo, era cansar y molestar a los trabajadores para que nadie declare en su contra y busca hacerse de la empresa", señala.

En ese interín, la compra de una propiedad por parte de Rodríguez Espitia a Maximiliano Dorado, por entonces buscado y con solicitud de extradición por el gobierno de Brasil desde 2004, por su relación con el narcotráfico, fue el argumento que apresuró la apertura del proceso del caso Ostreicher y la detención de Rodríguez Espitia, luego de una audiencia cautelar el 12 de mayo del año 2011.

Todos esos hechos, derivaron más tarde, en julio de 2013 en la incautación de grandes extensiones de tierras ubicadas en la jurisdicción de Ascensión de Guarayos y San José de Chiquitos, que por entonces se lo consideró como tierras del empresario Ostreicher. Lo cual, según La Torre, siguen siendo del grupo de inversionistas suizos.

El proceso ilegal de reversión. San Panuma, hoy Cedros I, Cedros II y Cedritos, el 2011 estaba a nombre de Rodríguez Espitia, pero la posesión en el lugar por parte de Ostreicher duró entre el 2011-2013. 

Incluso el 16 de junio 2011, la Sala Penal de Santa Cruz de los jueces Alaín Núñez y Edita Pedraza, ratificaron un fallo anterior, en el que se menciona que toda las propiedad de Claudia Rodríguez pasan a disposición de Dircabi, pero quedando como custodios los trabajadores de Coliagro, informa el abogado La Torre.

"Cuando el gringo fugó, la misma fue invadida o quizá vendida de forma irregular por Ostreicher a un sujeto Edil Rojas. Ese periodo se llevaron rastras, niveladoras, fumigadoras, tractores, en fin. Pero a partir de 2014 el sindicato de manera consciente estuvo a cargo de la propiedad", remarca La Torre.

A decir de Ávila, dirigente de los trabajadores, cuando en ese periodo se habían desplazado al menos 1.500 hectáreas muy bien trabajadas, es cuando se registra el 16 de mayo de 2018, el proceso de desalojo y secuestro de todo el equipamiento en el lugar por parte del INRA. 

La acción fue ejecutada con una resolución de reversión del INRA urdida y en concomitancia con Derechos Reales, donde se anula el registro de propiedad existente hasta ese momento y creando uno nuevo a nombre del INRA. 

La Torre denuncia que el INRA, cuyo director nacional, Julio Urapotina, dictó la reversión sin notificar a la propietaria Rodríguez Espitia. "Lo más grosero fue que la resolución del INRA de forma mentirosa  indica haber notificado a Claudia Liliana Rodríguez Espitia en la persona de su apoderado Jacob Ostreicher", remarca el abogado. Por entonces, la máxima autoridad de tierras "determinó que todas las maquinarias queden secuestradas de forma irregular e ilegal, incluso esos comunarios casi nos linchan", precisa Ávila.

Otro aspecto doloso es que en el momento del desalojo participan Simón Apata, según Ávila y La Torre, es un conocido avasallador de tierras;  Hugo Gregorio Estrada Velasco, reconocido estafador en complicidad del dirigente la Federación Única de Trabajadores Campesinos, Ignacio Velarde. El Día en procura de conocer la versión de las personas aludidas, trató de contactarse, las mismas no fueron habidas. 

"Lo que cuestionamos es el mal accionar del INRA, que tuvo la mala fe donde anulan el registro de propiedad en Derechos Reales y hacen uno nuevo pero a nombre del INRA, más aún cuando yo tengo el alodial original de estas tierras", argumenta Ávila. 

Entonces el sindicato, según la denuncia, apunta a los funcionarios del INRA que actuaron a la cabeza  del abogado de dicha institución, César Octavio Coronado López, avalados por el Dr. Gustavo Arellano (asesor legal) y enviados por memorándum del Director Departamental del INRA, el Dr. Sergio Imaná.

El Día buscó infructuosamente a dichas autoridades. Desde la dirección departamental una funcionaria respondió indicando que dichas autoridades no están autorizadas para responder esos temas. Es más, el INRA nacional, actualmente no cuenta con director, luego de la renuncia de Juan Carlos León.

Los nuevos comunarios salieron al paso

El Día, en su visita a Los Cedros I, en el campamento ubicado a 50 kilómetros de San José de Chiquitos, se contactó con los nuevos asentados. Si bien no fue posible encontrar a los principales dirigentes que encabezaron el desalojo el 16 de mayo de 2018, los ocupantes presentes en el lugar salieron al paso al decir que todo lo que se dice 'es una gran mentira'. Con papeles en mano, mostraron el registro en Derechos Reales de la propiedad San Panuma ahora con nombre de Cedros I, Cedros II y Cedritos a nombre del INRA. 

"Aquí está claro el documento. Estas tierras fueron incautados, pero con el tiempo ha sido registradas a nombre del INRA y desde ahí la autoridad, con el director Sergio Imaná, nos han dotado a 90 familias divididos en tres comunidades", señaló Genaro Condori, natural de provincia Pacajes de La Paz.

A su vez, Elizabeth Yucra justificó que por necesidad fueron beneficiados con la dotación al ser necesitados de la tierra. "Todos los procesos son diferentes. El Estado ha actuado de manera seria y por eso estamos aquí con plena facultad y con  dotación legal desde el Estado", finalizó.

Lo que se ve se anota

Dos banderas al ingreso. Al arribar a la propiedad San Panuma de San José, en el ingreso lucen dos banderas y al lado un cartel de bienvenida que dice comunidad campesina de Los Cedros. A partir de ahí se configura una extensa planicie de desmontes, escaso trabajo, algunos desplazamientos de actividad agrícola, pero un abandono notorio  de los trabajos de campo.

Maquinarias en deterioro. Maquinaria agrícola de distinta índole y de todo tipo de uso se encuentra en estado de deterioro y desmantelamiento en el predio Cedros I, la situación no es diferente en el resto. En dicho campamento se pudo localizar solo unas 15 familias de ocupantes que ante el requerimiento de El Día, solo atinaron a decir que producen maíz y algo de soya.

Sembradíos en manos de otros. Edil Ávila, vicepresidente de los trabajadores de San Panuma, muestra la poca actividad en la zona y en gran parte de ellas alquiladas a terceras personas, como en este caso, a productores soyeros de la colonia menonita asentada en toda la zona. El dirgente muestra que gran parte del predio ha sido adjudicado a terceras personas.

Realidad y contraste. Otro de los matices, es la condición precaria en la que se trasladó a mucha gente campesina llevada, en algunos casos motivadas por falsas expectativas. En algunos casos solo para tener presencia en el lugar, a la espera que la dotación sea efectiva con el parcelamiento de las tierras, lo cual aún sigue pendiente para esas familias que aún no terminan de adaptarse en la zona.

A lo largo del camino. En el recorrido hacia San Panuma de San José, El Día pudo verificar más de un asentamiento de pequeñas familias en medio del monte con precarias viviendas y brindando servicios de sobrevivencia de familias trasladadas desde el occidente del país, pero sin el acompañamiento de programas  o proyectos agrícolas de largo alcance en la zona. 

Control de peaje en cada paso. San José de Chiquitos es un municipio, según sus autoridades, atacado en los últimos años por cientos de asentamientos humanos, cuyas propiedades con años de vigencia en la zona no hallan otro modo de sostener sus vías de acceso con la instalación de puestos de control y cobro de peaje rural para el mantenimiento de sus caminos.

Acerca del autor:
Ismael--Luna-Acevedo
Ismael Luna Acevedo
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