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Organismo internacional
CIDH objeta decreto de indemnización y advierte que no pueden condicionar a víctimas
Prevé una indemnización de 50 mil bolivianos a las familias de los fallecidos y heridos por los conflictos.
Lunes,  9  de Diciembre, 2019
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de que las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de Bolivia dirigidas a las familias de las víctimas mortales de la represión de las protestas por la crisis política no pueden estar condicionadas a dejar de lado una investigación internacional de los hechos. 

Tras los fuertes enfrentamientos. El Decreto Supremo 4.100 prevé otorgar 50 mil bolivianos a las familias de las víctimas mortales registradas durante los disturbios acaecidos en Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, de aceptarlos, el decreto prevé que los damnificados no puedan acudir a organismos internacionales con el objeto de emprender una investigación.
"La CIDH advierte de que el Decreto Supremo 4.100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos", ha indicado el organismo a través de su cuenta de Twitter.

Reparación integral. En este contexto, el organismo recordó que la compensación monetaria "es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia", pero que el derecho a la reparación "también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición".

"Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos tienen acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Bolivia", añadió, al tiempo que ha tachado de "preocupante" que el decreto pretenda eximir a las víctimas de acudir a instancias internacionales.

Responsabilidad estatal. Así, "la reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral", ha zanjado la CIDH.

Los familiares de las víctimas mortales de Senkata ya rechazaron el viernes el decreto de indemnización, que catalogaron de "expreso chantaje" porque, precisamente, les cierra la oportunidad de reclamar una investigación a instancias internacionales. El colectivo de víctimas también aseguró que esta medida es "discriminatoria y denigrante".

Asistencia humanitaria. El jueves, la presidenta del Estado, Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 41000 que autoriza a otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos que dejaron los hechos de violencia surgidos tras las elecciones - anuladas- del 20 de octubre.
Según se explicó, la norma consta de cinco artículos y decreta que se pagará la indemnización de 50 mil bolivianos a cada una de las familias de las personas que hayan fallecido o resultado heridas producto de la convulsión social entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre.

Instancia internacional. Empero, la norma aclara que "los familiares de las personas fallecidas heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización".

El financiamiento será con el Tesoro General de la Nación y otros recursos que provengan de las incautaciones del narcotráfico, contrabando y de las actividades de desestabilización sucedidas con posterioridad al 20 de octubre.

Posibles violaciones a DDHH. La semana pasada la misión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encuentra en Bolivia desde el 11 de noviembre, un día después de la renuncia de Evo Morales, alertó que muchos de los hechos de violencia documentados en la nación andina "podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos".

El equipo ya lleva tres semanas de trabajo, recopilando datos sobre la situación del país a partir del 21 de octubre, cuando se registraba gran tensión social a raíz de las sospechas de fraude instaladas en torno a las elecciones presidenciales de la jornada anterior, que habían dado como ganador a Morales en primera vuelta.

En medio de las tareas, los especialistas mantuvieron reuniones con instituciones del Estado boliviano, organizaciones de la sociedad civil, gremios, colectivos indígenas, entidades internacionales, víctimas y testigos de los hechos de violencia.