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Miércoles
 11 de Diciembre de 2019
OPINION
Ojo Centinela
Montesquieu revive en Brasil y Venezuela
Lunes,  21 de Marzo, 2016

Charles-Louis de Secondat, más conocido como el barón de Montesquieu nació en Francia en 1689 y como filósofo creía firmemente en la teoría de la separación de poderes como parte de la política de frenos y contrapesos, condición esencial para mantener el equilibrio en un Estado frente a los excesos del poder.

Ese pensamiento ha cobrado vida en el Brasil y también en Venezuela y se ignora en Bolivia, momentos en que los ejecutivos de éstos tres países pasan por viacrucis novelescos.

En su obra "El Espíritu de las Leyes", el barón propone un Estado establecido sobre la división de los tres poderes:

El Legislativo, que elabora las leyes y residiría en el Parlamento.

El Ejecutivo, que las aplica y es desempeñado por el Gobierno.

El Judicial, que ha de velar por su cumplimiento y es detentado por los tribunales de justicia.

La obra de Montesquieu tuvo una enorme repercusión y su pensamiento político constituye uno de los fundamentos del Estado de Derecho en la actualidad.

Estado de Derecho que ha permitido, por ejemplo, que en el Brasil, el juez del Tribunal Supremo de Justicia, Gilmar Mendes, paralice el nombramiento del expresidente Luiz Inácio  Lula Da Silva como Ministro de la cuestionada presidente Dilma Rousseff.

De acuerdo con el magistrado, la presidente Dilma Rousseff hizo "mal uso" de la finalidad del nombramiento y "fraude a la Constitución" y que el propósito era claro: otorgarle privilegios especiales al expresidente y, por lo tanto, retrasar las investigaciones contra él.

Del mismo modo, Gilmar argumentó que el principio de la moralidad debe guiar al Gobierno, inclusive en el nombramiento de un ministro, "con el fin de evitar que sean ensuciados los principios de la honestidad, la integridad y la buena fe".

Esa determinación de un juez paralizó al Brasil y en las últimas 48 horas ha sacado a la gente a las calles, a favor y en contra de Lula, luego que éste fuera detenido acusado de favorecer con contratos de Petrobras a varias empresas privadas a cambio de jugosas sumas o bienes inmuebles.

Y la decisión se ha respetado porque existe el Estado de Derecho y separación e institucionalización de poderes establecidos para frenar abusos de cualquiera de ellos. Y el brazo de la justicia se impuso.

Lo mismo ha ocurrido en Venezuela, donde El Parlamento venezolano dio este 10 de marzo, un nuevo paso en su objetivo de anticipar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, al aprobar en primera discusión una ley que regirá un referendo revocatorio que pondría fin al sucesor de Hugo Chávez.

Maduro, elegido para el periodo 2013-2017 podría ser obligado a marcharse a su casa en una determinación, en este caso, de otro de los tres poderes nombrados por Montesquieu: el Poder Legislativo, previa votación que podría realizarse ahora pues ya cumplió los dos años en el poder, como señala también una norma electoral.

Pero, mientras en Brasil y Venezuela, los poderes Judicial y Legislativo se logran imponer, en Bolivia tenemos serias dudas que éste ocurra, pues el país ha ingresado en un espiral de desinstitucionalización en el que autoridades llamadas a investigar presuntos hechos irregulares, como la propia fiscalía, a pesar de estar en el ámbito judicial, aparecen como abogados defensores del presidente Evo Morales, luego que periodistas y opositores denunciaran un supuesto tráfico de influencias para favorecer a su expareja, Gabriela Zapata en la adjudicación de millonarios contratos y a este paso, solo falta que el Tribunal Constitucional le suspenda la ciudadanía a pedido de las seis federaciones de la coca que ahora parecen ser una de las instituciones fundamentales porque han elaborado hasta un proyecto para regular las redes sociales y cerrar los medios de comunicación opositores por difundir informaciones sobre el escandaloso caso.