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Miércoles
 11 de Diciembre de 2019
OPINION
Ojo centinela
Ley de Imprenta contra la justicia politizada
Lunes,  20 de Junio, 2016

El juicio contra una periodista del diario cruceño “Extra” y la convocatoria para que seis medios de comunicación entreguen información sobre el caso Zapata, son entre otras, que estamos frente a una justicia ordinaria politizada y manipulada por el actual régimen de Gobierno, siendo que en Bolivia, tenemos vigente la Ley de Imprenta. 

Acusada de obsoleta y de ser “un cachivachi”, la Ley de Imprenta nació para evitar que los jueces ordinarios apliquen sanciones penales contra los informadores, pues establece que los ciudadanos más notables de cada municipio conformen un Tribunal de Imprenta para juzgar casos que tienen relación con el ejercicio periodístico.

El artículo 21 dice que “el cuerpo de jurados se compone de cuarenta individuos en las capitales de departamento y de veinte en las provincias, que serán elegidos por los Concejos y Juntas Municipales, respectivamente, prefiriéndose a los abogados más notables, miembros de Universidad y propietarios con residencia fija en el lugar”.

Libertad de expresión que se encuentra protegida por normas nacionales e internacionales. “La libertad de expresión se encuentra en el orden público primario y radical de la democracia”, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Declaración de Derechos Humanos, consagra en su artículo 19, que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin considerar fronteras (...).

Y porque la Ley de Imprenta, a pesar de cumplir este 2016, 91 años, se encuentra admitida como vigente en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado en vigencia desde el 2009.

“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su leyº.

Decir “su ley”, es nuestra ley, vale decir La Ley de Imprenta que está en vigencia. Por eso tal vez, el presidente del Senado, José Alberto “Gringo” Gonzales, que por suerte recuerda su esencia de periodista –y que tal vez pueda volver al oficio después de haber cruzado la línea- dijo que un juez paceño debe reconocer la validez de la norma sustantiva de los comunicadores.

"A ese juez le voy a mandar una copia de la Ley de Imprenta", dijo a propósito del requerimiento del magistrado para que seis medios entreguen grabaciones y archivos sobre el caso Zapata.

Gonzales agregó que "si hubiese algún tipo de denuncia o proceso, se debe activar la Ley de Imprenta (...) La Ley está hecha para respetarse, ni mucho ni poco, la Ley se cumple y la Ley de Imprenta es clara. Nuestras autoridades deben cumplir la Ley".

Pero no la cumplen. El juez paceño pidió información sobre el caso y nombre de los periodistas que cubrieron la información, situación que ha puesto en estado de alerta al gremio. Por esa razón el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ronald Grebe,  afirmó que los medios deben entregar esta información sólo si lo autorizan los resultados de un juicio en el Tribunal de Imprenta.

Y tampoco la cumplen en el juicio contra una periodista del matutino Extra en Santa Cruz en la que el magistrado anunció que dictará sentencia y si lo hace, sentará un precedente funesto para los periodistas.

Por eso es que los periodistas debemos pasar de la alerta a las acciones y primero exigir a los concejos municipales que activen los tribunales de imprenta y que entre nosotros iniciemos un debate para modernizar nuestra propia norma, porque tal vez, en una mesa de cocaleros, como lo han hecho con las redes sociales, ya tienen una Ley de Comunicaciones, elaborada al traje y medida del Gobierno plurinacional que ha dicho que ‘somos sus enemigos’.