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OPINION
Tribuna
Derechos Humanos y administración de justicia
Domingo,  9  de Diciembre, 2012

10 de diciembre de 1948 es una fecha que por su trascendencia universal y significación histórica se la recuerda en el mundo entero pues constituye un punto de partida irreversible para la protección y defensa efectivas de los derechos fundamentales de la persona. Fue largo el camino recorrido hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la suscripción de este documento por todos los países miembros de las Naciones Unidas dio a la humanidad la esperanza de que no se repetirían épocas de ultraje a la dignidad de la persona.

La orientación principista de esta proclama fue dada en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 cuyo Preámbulo sirve para que los pueblos reafirmen “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Este antecedente ha llevado a que se considere la Carta de las Naciones Unidas de 1945 como el “fundamento legal y conceptual del proceso de internacionalización de los derechos humanos”, una internacionalización que por supuesto compromete a todas las naciones del mundo.

La Declaración de 1948 sentó las bases definitivas para la protección y reconocimiento de los derechos de la persona como fuente de la mayor parte de las legislaciones del mundo y particularmente de Latinoamérica, aunque es otra cosa que la comunidad internacional tenga que deplorar e inquietarse por la existencia de regímenes todavía despóticos reacios a brindar un clima de garantías y de respeto a los derechos fundamentales y más interesados en mantenerse en el poder y hacer de él un instrumento de  partido antes que un medio de servicio a la nación.

En el desarrollo o avance de los derechos humanos a partir de la Declaración de 1948, hay importantes etapas en las que se los fue concretando mejor. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDESC), a los que debe añadirse la Declaración de Viena de 1993, son los instrumentos, entre varios otros, que completan y refuerzan la Declaración de 1948 haciéndola más amplia y extensiva a diversas situaciones que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos incluyendo medios de protección a fin de que su vigencia real sea una prioridad respetada y acatada por los diferentes órganos del Estado y la actuación de éstos se enmarque a los límites exigidos por esa prioridad.

Esa exigencia - que también se plantea en nuestro país- se torna apremiante en el ámbito de la administración de justicia cuando los jueces y tribunales están ante la responsabilidad de resguardar los derechos fundamentales de la persona y de actuar con absoluta independencia y apego a la ley frente a los excesos de un autoritarismo cercano a la dictadura. “Cada Estado –dice la Declaración de Viena de 1993- debe prever un marco de recursos eficaces para reparar infracciones o violaciones de los derechos humanos”. Y en este punto el indicado instrumento internacional afirma algo que deben tomar en cuenta jueces y tribunales, que la administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley, deben funcionar en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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