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 30 de Marzo de 2020
OPINION
Miradas
Reforma parcial de la Constitución
Jueves,  26 de Marzo, 2020

Efectuadas las propuestas de reforma parcial de la Constitución en torno al Poder Legislativo, en relación a la Presidencia de la República simplemente se debe decidir si se mantienen o no las reglas de cinco años de duración del mandato y la posibilidad de reelección por una sola vez de manera continua.

En el primer texto constitucional, el tiempo de duración en el cargo tuvo carácter vitalicio pero con pleno rechazo popular. Por ello se impuso el principio de alternabilidad en el mando por determinado período improrrogable, que fue la decisión predominante.

El lapso de cuatro años para ejercicio del poder polìtico fue el de mayor aplicación (Constituciones de 1831, 1834, 1839, 1868, 1871, 1878, 1880, 1938, 1947, 1961 y 1967). El segundo lugar ocupa el período fijado en cinco años (Constituciones de 1851, 1995, 2004 y 2009). Disposiciones al respecto, no repetidas, son las declaradas en las Constituciones de 1843 (ocho años),1861 (tres años) y 1945 (seis años).

Muchos políticos e historiadores consideraron que el periodo de cuatro años de mandato resultaba demasiado breve para un adecuado ejercicio de la función de gobierno.

Ese fue el criterio expuesto en la Constitución de 1843 que fijó en ocho años el período de duración en el cargo. Sobre la base de esas opiniones, las Constituciones de 1831, 1834, 1961 y la actual, de 2009, introdujeron la posibilidad de reelección después de transcurrido el periodo previsto.

Conviene mantener el mandato de cinco años establecido desde 1995 que otorga mayor tiempo para ejercicio de las funciones de gobierno.

También es adecuada la posibilidad de reelección inmediata por una sola vez de manera continua, pero cancelando la concesión que libera a un gobernante de la obligación de renuncia previa.

La renuncia que se exige a funcionarios que aspiran a un cargo electivo se estableció para evitar que un candidato utilice el poder político en su beneficio.

El exceptuar a los gobernantes de esa imposición ineludible quebranta el principio de igualdad establecido en la Constitución, pues libera de esa carga al funcionario de mayor poder en el Estado y la exige a funcionarios de menor jerarquía.

El principio de igualdad negado por ese precepto es, en esencia, de cumplimiento obligatorio por ser de preferente aplicación.