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 24 de Febrero de 2020
OPINION
Tribuna
La contradicción mayor
Jueves,  13  de Febrero, 2020

Arbitrariamente se puso el título de “Estado Plurinacional de Bolivia”  a nuestra tradicional “República de Bolivia”. En ninguna parte de la  Constitución se dispone tal cambio. Al contrario, el gobernante que la  promulgó se autodesignó como “Presidente de la República”. Entre los  artículos en cuyo texto está clara la intocada vigencia figuran los  siguientes:

(Artículo 11-I) “La República de Bolivia adopta para su gobierno la  forma democrática participativa, representativa y comunitaria”.

(Artículo 238-3) “Quienes ocupen cargos electivos, de designación o de  libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres  meses antes al día de la elección, excepto el Presidente y el  Vicepresidente de la República”.

(Disposición Transitoria I) “El Congreso de la República en el  plazo  de sesenta días desde la promulgación de la presente Constitución,  sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea  Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la  República”.

En defensa de esa ilegal  modificación se sostiene que la denominación  de “Estado Plurinacional de Bolivia” surge implícitamente como  consecuencia de la declaración contenida en el artículo 1 que expresa:  “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho  Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano,  democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia  se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,  jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del  país”.

Los principales conceptos expuestos en ese artículo constan en la  Constitución promulgada el 6 de febrero de 1995, que declara que  Bolivia es “multiétnica y pluricultural”.

Respecto a la democracia comunitaria, se tiene el primer antecedente  en el orden jurisdiccional con la disposición contenida en el artículo  28 del Código de Procedimiento Penal de 25 de marzo de 1999, que dice:  (Justicia Comunitaria) “Se extinguirá la acción penal cuando el delito  se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus  miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto  el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre  que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y  garantías de las personas establecidos por la Constitución Política  del Estado”.