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Editorial
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Inversión y desarrollo
Lunes,  21 de Marzo, 2016

De acuerdo a las declaraciones expresadas por el Ministerio de Autonomías en una reciente rueda de prensa, las gobernaciones y alcaldías deberán elaborar  sus planes departamentales y municipales de gestión territorial y desarrollo integral en estricta sujeción a los lineamientos del nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Se pretende, con esta instructiva, que el accionar de las entidades territoriales autónomas, en el marco de competencias y responsabilidades asignadas por la Constitución, planifiquen su desarrollo teniendo como metas la satisfacción de sus necesidades y los objetivos de la Agenda Patriótica.
 
De esta manera, se comprende que se busca acelerar la inversión pública y garantizar el crecimiento promedio de la economía nacional por encima del 5 por ciento. Una rápida lectura de la situación; sin embargo, da la impresión que el acuerdo tácito entre el Gobierno, los sectores productivos y la dirigencia de gobernaciones y alcaldías para lograr esas metas, está sujeto a la obligación de cumplir la respectiva norma legal vigente. Significa, además, la plena vigencia de la autonomía departamental y municipal no solo para identificar los problemas y necesidades puntuales que se pretenden atender con los proyectos de desarrollo integral, sino también para acceder al financiamiento.
 
Lo que todavía no está claro es si se atenderá con solvencia y de manera oportuna aquellas lagunas jurídicas que persisten en la elaboración y aprobación de los estatutos autonómicos que deben adecuarse a la Constitución. También está pendiente de atención el pedido de la Federación de Asociaciones Municipales del país para ampliar el fideicomiso para los gobiernos municipales en su propósito de acceder a recursos económicos o, en su defecto, crear un fondo que les permita adjudicarse créditos para financiar proyectos propios y de contraparte con el Estado boliviano. Pese a ello, conviene resaltar la importancia de una planificación con objetivos de largo alcance.
 
En ese contexto, resulta llamativo el hecho que por primera vez se inicia un proceso de planificación estratégica con la participación conjunta del Ministerio de Planificación, el Servicio Estatal de Autonomías, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, proceso que se apoyará además en la capacitación de mil quinientos técnicos para impulsar la elaboración de los planes territoriales, de gestión territorial comunitaria y desarrollo integral. Se ha anunciado que trabajarán con cuarenta gobiernos municipales para capacitar a los 339 municipios, para que todo esté listo dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días. Todo un desafío.
 
Por una parte, porque compromete la aplicación de las atribuciones autonómicas, cuyo rumbo desigual y diverso pervive como una tarea pendiente. Por otro lado, la dinámica económica interna y externa requiere de un seguimiento atento de los escenarios emergentes. Una planificación estratégica para la inversión y el desarrollo, participativa y consensuada, comprometida con el futuro del país, exige no sólo desprendimientos político partidarios, sino y sobre todo, recordar que se trata de mejorar la calidad de vida de los bolivianos en todos los niveles, superando aquellos indicadores que nos muestran atraso, dependencia y pobreza. Esto obliga, sin duda, pasar de las palabras a los hechos.

Una planificación estratégica para la inversión y el desarrollo, participativa y consensuada, comprometida con el futuro del país, exige no sólo desprendimientos político partidarios, sino y sobre todo, recordar que se trata de mejorar la calidad de vida de los bolivianos.