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Editorial/Opinión
Editorial
Propiedad privada bajo acecho
Domingo,  5 de Julio, 2020
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Una reciente investigación de prensa sobre la situación de los alquileres en Bolivia revela un dato sorprendente. De acuerdo a la información proporcionada por las principales empresas inmobiliarias del país, la demanda de renta para viviendas y negocios ha crecido entre un 25 y un 60 por ciento, dependiendo de las zonas y la calidad de los inmuebles.

La información revela que el mercado de alquileres se está moviendo pese a la crisis y posiblemente es precisamente la “nueva normalidad” la que le está dando este impulso inusitado. La economía se está acomodando a las circunstancias y, cada individuo, cada sector, está buscando la forma de adaptarse, sin necesidad de recurrir a subsidios, bonos o cualquier intervención del Estado en los negocios, que siempre fue y será perniciosa.

¿Qué está sucediendo en los hechos? El que alquilaba una casa o un local, ha encontrado algo más chico, más conveniente, algo que mejor se adecúe al nuevo estado de cosas, al funcionamiento particular que están adquiriendo las empresas. El que no puede pagar ha buscado negociar con el propietario  y en caso positivo han acordado un nuevo precio, han firmado un nuevo contrato o han decidido romper el compromiso. En cualquier caso el beneficio es mutuo, la pérdida se reduce y es compartida entre el propietario y el inquilino.

Rebajar al 50 por ciento los alquileres como lo autoriza una nueva ley demagógica y populista aprobada por el Congreso no hace más que distorsionar el proceso de organización del mercado. Daña al propietario en cualquier circunstancia y el beneficio para el arrendatario es relativo, pues el que no tiene trabajo, el que tiene problemas para pagar, tampoco podrá hacerlo con la rebaja y el único resultado es un bloqueo de las oportunidades que pueden surgir a partir de cada realidad individual y cada acuerdo que pueda surgir entre partes.

Este es uno más de los atentados a la propiedad que ha surgido últimamente. La Asamblea Legislativa también es partidaria de nacionalizar las clínicas particulares ya que no es otra cosa que el hecho de obligar al Estado a pagar el tratamiento contra el COVID-19 que se hace en los centros asistenciales privados. Tal como ocurre siempre con las “buenas intenciones” del socialismo, este remedio es peor que la enfermedad. La gente se volcará masivamente a los sanatorios que brindan mejor calidad, el Ministerio de Salud no podrá pagar a tiempo el servicio y muchos establecimientos terminarán quebrados.

Es la misma amenaza que enfrenta la educación privada. El Gobierno ya autorizó descuentos de hasta el 30 por ciento en las pensiones escolares, pese a que conoce la situación de los colegios, con altísimos índices de mora. La presión aumenta por una rebaja del 50 por ciento, medida que sin duda alguna, será el tiro de gracia para el sector, el único que está funcionando en la cuarentena, pues las escuelas fiscales brillan por su ausencia y no hay manera de hacerlas funcionar.

Rebajar al 50 por ciento los alquileres como lo autoriza una nueva ley demagógica y populista aprobada por el Congreso no hace más que distorsionar el proceso de organización del mercado. Daña al propietario en cualquier circunstancia y el beneficio para el arrendatario es relativo

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