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 13 de Diciembre de 2019
Editorial/Opinión
Editorial
Pescando en río revuelto
Lunes,  29 de Julio, 2019
Pescando-en--rio-revuelto

Los vendedores de ropa usada han decidido pescar en río revuelto para salirse con la suya. De pronto, se han puesto a exigir al Gobierno la legalización de su actividad, a sabiendas que atentan directamente contra la actividad productiva legal nacional y justo en una coyuntura pre-electoral. En este su intento, han hecho conocer que valoran ejecutar medidas más drásticas de presión con el fin de lograr su objetivo. Por supuesto que los comerciantes de ropa usada están en su derecho de manifestarse y de tratar de mantener su fuente de ingresos mientras puedan. Sin embargo, sus aspiraciones chocan de frente con los intereses de las actividades productivas legales de los trabajadores agrupados en la micro y pequeña empresa del país, que sufren así un daño directo.
 
Por ello, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) se ha declarado en estado de emergencia para contrarrestar esta arremetida de los comerciantes de ropa usada. Lo suyo se justifica plenamente, porque consideran que el Gobierno quizás se vea tentado de escuchar los cantos de sirena de los vendedores de ropa usada en un arrebato de errado proselitismo. La recién iniciada carrera electoral, con miras a los comicios generales de octubre, está mostrando a los partidos políticos, incluyendo al partido en función de gobierno, en un afán desmedido por captar la simpatía de la ciudadanía indecisa. Por ello, conviene advertir que el comercio de ropa usada, como actividad ilegal y perniciosa subsiste en el limbo de la tolerancia,
 
Esta tolerancia no puede ni debe continuar por más tiempo porque resulta en un perjuicio que socava los cimientos de la producción legal nacional en el difícil terreno de la industria textil. De esta manera, la reacción de Conamype viene a mostrar la inseguridad de un sector que trabaja de manera legal en favor del país. De pronto, esta es una lucha de lo legal contra lo ilegal. Si se mira bien, el comercio de ropa usada tiene claros vínculos con el contrabando. Hace poco, el Comando Estratégico Operacional ha incautado cuatro camiones de alto tonelaje que introducían por la frontera grandes cantidades de ropa usada por la vía del contrabando. Este solo ejemplo ilustra las dimensiones de un flagelo ilegal cuya actividad goza de una permisividad intolerable.
 
Si se analizan los daños económicos, conviene señalar que el ingreso de ropa usada llegaba a ocho mil toneladas anuales hace trece años. En la actualidad se estima que ingresa más de doce mil toneladas, lo que representa la pérdida de al menos cien millones de dólares al año, que al final inciden en el cierre de empresas productivas nacionales ante la desleal y nociva competencia. La propia ministra de Desarrollo Productivo ha calificado de “política” la movilización de los ropavejeros, puesto que la legalización de esa actividad significaría una estocada fatal a la industria nacional. Al menos, ha insistido que los puntos del reciente Acta de Entendimiento con el sector son los únicos válidos para dialogar y resolver un entuerto de larga data.
 
De esta manera, urge se avance en la identificación de acciones para la conversión del sector, la iniciativa para la generación de empleos y el establecimiento de controles para evitar la proliferación de la actividad. El Gobierno debe dar señales claras de su decisión en contra del comercio de la ropa usada para despejar la incertidumbre que hoy campea. No es racional legalizar una actividad que daña a la producción nacional. Y resultaría peor en una época electoral, donde todos buscan pescar en río revuelto y otros son proclives a escuchar cantos de sirena capaces de llevar al país al naufragio de sus empresas productivas. Los micro y pequeños empresarios nacionales necesitan sentir que se defiende la legalidad y el compromiso con el país.

El Gobierno debe dar señales claras de su decisión en contra del comercio de la ropa usada para despejar la incertidumbre que hoy campea. No es racional legalizar una actividad que daña a la producción nacional.