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Editorial/Opinión
Editorial
Los indígenas siguen marchando
Miércoles,  25 de Septiembre, 2019
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Desde que asumió el Gobierno de Evo Morales nunca más se supo de una marcha de cocaleros, al menos no de los productores del Chapare, pues sus colegas de Los Yungas andan con el testamento bajo el brazo. Los sembradores de la “hoja sagrada” han conseguido todo lo que querían y mucho más, pues tienen estadios, aeropuerto, la planta industrial más costosa que se haya construido en la historia del país y, por supuesto, licencia para disponer del trópico cochabambino como si fuera una zona de exclusión, con la prerrogativa de vetar el ingreso de la Policía.
 Pareciera mentira que quienes encumbraron a este régimen, le dieron sentido y le dotaron de ética y de visión política no fueron los cocaleros, cuyos propósitos y razón de ser son tan cuestionables como paradójicos. En realidad, fueron los indígenas de las tierras bajas los que dieron a luz un nuevo proyecto de país, los que propusieron una asamblea constituyente y visualizaron el camino que debía seguir la política boliviana para acabar con la exclusión y construir una nación más equilibrada en lo social y en lo ambiental.

El Gobierno del MAS no hizo más que apropiarse de esa agenda, remarcada en sucesivas marchas en las que dejaron claro que Bolivia estaba condenada a seguir fracasando una y otra vez si no solucionaba de una vez por todas la demanda indígena, un tema que está pendiente desde el nacimiento de la república en 1825. Es más, los historiadores y especialistas afirman que la situación de los pueblos originarios no ha cambiado sustancialmente a partir de la Independencia y algunos creen que ha empeorado, pues la marginalidad en todos los campos tiene rostro indígena.

En 2005 se creyó que esa triste historia había terminado, pero lo sucedido en estos 14 años nos demuestra todo lo contrario. Los indígenas no sólo siguen siendo los más pobres, los que menos acceso tienen a la salud y la educación, sino que siguen peleando para retener sus territorios ancestrales cada vez más amenazados por el extractivismo destructivo que arrasa con su hábitat y que este gobierno ha llevado a extremos insostenibles.

En 2011, este régimen hizo lo que ningún gobierno dictatorial se había atrevido a hacer y fue la construcción de una carretera que hería de muerte uno de los territorios indígenas más importantes del país, con el objetivo de desarrollar un nuevo polo de producción de coca, que lógicamente ha derivado en una zona roja del narcotráfico. Aquel atentado llevó a los indígenas del oriente a marchar para evitar la consumación de un ecocidio y lo que recibieron en escarmiento fue una de las peores humillaciones que se hayan cometido contra de los pueblos nativos.

Han pasado casi 30 años desde aquella larga caminata que mencionábamos al principio y los indígenas siguen marchando. Esta vez lo hacen los nativos chiquitanos a raíz de los incendios que han acabado con cuatro millones de hectáreas de bosques, reservas y territorios que constituyen su fuente de supervivencia. Lo hacen contra un Gobierno que los está desplazando, que les está matando su “casa grande”, que se las está entregando a sectores que no tienen otra visión productiva más que quemar y arrasar con el bosque.

Han pasado casi 30 años desde aquella larga caminata que mencionábamos al principio y los indígenas siguen marchando. Esta vez lo hacen los nativos chiquitanos a raíz de los incendios que han acabado con cuatro millones de hectáreas de bosques, reservas y territorios que constituyen su fuente de supervivencia.