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Editorial/Opinión
Editorial
El salvaje capitalismo político
Miércoles,  31 de Julio, 2019
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El capitalismo político es, con seguridad, el fenómeno más significativo de la organización social boliviana, que se traduce en un modelo de Estado que destruye la institucionalidad, deteriora el tejido colectivo e impide aspirar a un sistema basado en leyes, acuerdos y en una visión de prosperidad que sólo se plantea en los planes de Gobierno, en los diagnósticos y en las promesas electorales.

Esta modalidad de funcionamiento del país se hace presente periódicamente. Lo hace cada vez que se elabora el presupuesto general de la nación y la segunda ocasión es cuando se tiene que definir el incremento salarial en el que cada sector presiona, sale a las calles a mostrar su músculo y su capacidad de convocatoria, con el objetivo de llevarse la mayor tajada de los recursos públicos, sin importar los desafíos estructurales, las viejas deudas sociales o el desarrollo integral y armónico por el que debería velar cualquier gobierno.

El otro momento clave del capitalismo político es el periodo electoral, en el que las denominadas “minorías eficientes”, es decir, aquellas que bloquean, lanzan dinamita, cercan las ciudades y llegan incluso a matar a ministros, hacen gala de su fuerza, pues se trata de la mejor oportunidad para arrancarle privilegios, ventajas y todo tipo de prebendas a los partidos en pugna; en este caso al oficialismo, cuya clave de gobernabilidad ha sido precisamente empoderar a los movimientos sociales que se han convertido en elementos parasitarios del Estado.

El caso más claro de este modo de acumular poder, de lograr preferencias y poner al aparato público a merced de un sector es, por supuesto, el de los cocaleros, cuyo alcance no tiene parangón en Bolivia. Los mineros, a través de la COB llegaron al cogobierno durante varias décadas y las consecuencias de esa fórmula eclosionaron a principios de los años 80, con la quiebra del país, la destrucción de la industria minera y un saldo social impresionante, traducido en desempleo, migraciones masivas, hiperinflación e ingobernabilidad. Con ese ejemplo podemos visualizar lo que ocurrirá si se mantiene y se profundiza el esquema gubernamental enfocado en las decisiones del Chapare y las implicaciones del circuito coca-cocaína.

Hay varios sectores de la población que siempre están al acecho para capitalizar la política: los gremiales, los transportistas e incluso algunos grupos ligados al contrabando y otras actividades ilícitas. En este momento, el más visible es el de los vendedores de ropa usada, que aseguran tener más de un millón de afiliados en sus sindicatos y asociaciones. Las movilizaciones de estos comerciantes, cuya actividad está prohibida por ley, se han intensificado en las últimas semanas y la idea que los mueve es conseguir que el Gobierno revierta su estatus legal, algo que podría darle el tiro de gracia a una de las pocas industrias que se mantiene en modalidad de supervivencia.

Hay otros sectores que están en pugna, como los médicos que luchan por un mejor sistema de salud, o los enfermos de cáncer que hacen huelga por una ley que les ayude a sobrellevar este terrible mal. Ambos pertenecen a la escala más baja de las prioridades que reinan en este salvaje capitalismo político.

El caso más claro de este modo de acumular poder, de lograr preferencias y poner al aparato público a merced de un sector es, por supuesto, el de los cocaleros, cuyo alcance no tiene parangón en Bolivia