En circunstancias normales cualquiera celebraría la reciente disposición del gobierno de Luis Arce que anula las multas e infracciones aplicadas durante el periodo de cuarentena rígida contra los conductores que violaron la prohibición de circulación. Recordemos que en marzo se dispuso un castigo de 500 bolivianos a los propietarios de vehículos que recorrían las calles sin autorización del Ministerio de Gobierno, sanción que posteriormente subió a dos mil bolivianos. Un decreto aprobado por la administración de Arce dice que por la desproporcionalidad de la medida y  con el fin de mitigar la falta de dinero en las familias, se ha ordenado que la Policía anule esas transgresiones y que no cobre el dinero a los que todavía no han pagado, aunque no habla de devolución a quienes hayan cumplido. Conociendo las ganas de venganza del MAS contra la Policía, por el motín de noviembre, no sería raro que les ordene devolver la plata con intereses.