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Editorial/Opinión
Editorial
Corruptos al paredón
Domingo,  22  de Diciembre, 2019
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El saqueo perpetrado por el régimen de Evo Morales a empresa e instituciones como Entel, Boa, YPFB, el Fondo Indígena y otras merece una minuciosa auditoría con la intervención de organismos internacionales, tal como lo ha sugerido un connotado especialista en políticas públicas. Nadie se puede quedar con la duda sobre cuánto robaron los que decían ser la reserva moral del país y en realidad se comportaron como forajidos insaciables, vulgares asaltantes que siguen reclamando su retorno al poder.

Tenemos que conocer los montos que se llevaron, el destino de esa plata, las cifras que fraguaron para hacer ver ante el mundo que hacían milagros en la economía. El pueblo merecer saber los nombres de todos los responsables, hasta el último funcionario que le metió la mano al bolsillo del ciudadano y que se robó las esperanzas de progreso en la etapa de mayor bonanza de la historia del país.

Se debe mostrar cómo procedieron, qué normas violaron, qué leyes se saltaron y, en definitiva, el modus operandi que usaron para prevaricar las arcas públicas, que en este Siglo XXI deben estar blindadas con información transparente, con mecanismos tecnológicas que permitan conocer el destino del último centavo que ingresa y sale del Tesoro General de la Nación.

Así como debemos ser drásticos con quienes han promovido el terrorismo han provocado la muerte y la destrucción del patrimonio nacional, el Estado está obligado por ley a aplicar todo el rigor para identificar y procesar a los autores de los delitos económicos, los que han violentado la transparencia y han manejado discrecionalmente los recursos que son de todos, aquellos que debían ser destinados a la salud, al desarrollo rural, a combatir la marginalidad y tantos problemas estructurales que se mantienen en el país por culpa de servidores públicos inescrupulosos.

La investigación y el enjuiciamiento no se debe detener en los actos de corrupción propiamente dichos, sino abarcar el descomunal derroche de estos 14 años, compras masivas sin licitación, adquisiciones suntuarias, obras de mala calidad, proyectos inconclusos, elefantes blancos y toda una serie de empresas estatales creadas con el único fin de mostrar un supuesto dinamismo estatal que ha dejado en ruinas las reservas del Banco Central y ha arrasado con cientos de millones de dólares.

El programa “Evo Cumple” fue uno de esos mecanismos de dilapidación de recursos que no sólo disfrazó el despilfarro como si fuera desarrollo social y productivo, sino que creó un cartel de empresas vinculadas al poder que se benefició de contratos fraudulentos y además violentó la autonomía municipal, pues el Estado central obligaba a las alcaldías a invertir sus recursos en obras sin ningún impacto en la comunidad y cuya única finalidad era lustrar el ego del dictador, que se pasaba el día recorriendo los pueblos, inaugurando canchitas de fútbol y coliseos en lugares donde ni siquiera cuentan con agua potable. Todos ellos merecen un castigo ejemplar para que nunca más vuelva a ocurrir algo similar.

Así como debemos ser drásticos con quienes han promovido el terrorismo han provocado la muerte y la destrucción del patrimonio nacional, el Estado está obligado por ley a aplicar todo el rigor de la ley para identificar y procesar a los autores de los delitos económicos, los que han violentado la transparencia y han manejado discrecionalmente los recursos que son de todos