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Editorial/Opinión
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La Justicia, un debate impostergable (Primera parte)
Domingo,  7 de Septiembre, 2014

Aunque la justicia boliviana siempre funcionó "a media máquina", nunca estuvo peor que ahora si se toma en cuenta que el sistema judicial se encuentra literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en medio de un descrédito casi total.

La denominada "crisis del poder judicial" es, en el fondo, un reflejo de la fragilidad o debilidad del Estado, pues el "problema de la justicia", la "cuestión judicial", etc., son diferentes expresiones para nombrar un mismo fenómeno en tiempo y espacio semejantes: la profunda insatisfacción de la sociedad con la actuación del Órgano Judicial, así como el creciente déficit de legitimidad que enfrenta este Órgano del Estado.

Todo este estado de cosas no son nuevas ni exclusivas del gobierno de Evo Morales, pero es verdad de que el "proceso de cambio" que enarbola el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, no ha cambiado nada la centenaria organización "colonia", "centralista" y "presidencialista" del Órgano Ejecutivo, donde su figura encarna el poder total. En este tipo de Estado no existe el imperio de la Constitución ni del Estado Constitucional de Derecho, sino la voluntad del gobernante de turno, una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, más pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente.

En efecto, ¿puede haber un Órgano Judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en este Estado centralista y autoritario? ¿Puede el Órgano Judicial garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social, etc., cuando tiene un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede el Órgano Judicial combatir la corrupción, cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos? ¿Acaso no tenía que cambiarse el centralismo colonialista, que se ha "apropiado cuerpo y alma" del poder judicial?

En un Estado donde todo se concentra en el Órgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno, generalmente al margen de la Constitución y las reglas democráticas que suponen el Estado Constitucional de Derecho, no puede haber en principio un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido.

En lo formal, la concentración del poder no solo se encuentra en la tradición y cultura política boliviana, sino que además está "blindada" en la propia Constitución (art. 172) cuando describe y pone de relieve las atribuciones del Presidente del Estado.

El Presidente ha copado igualmente la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, que hasta hace algún tiempo tenían independencia, y gozaban de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, y ahora en los hechos han terminado subordinándose al Ejecutivo y, por tanto, desnaturalizando sus atribuciones. Estas instituciones si fueran realmente independientes, fuertes y sólidas, serían efectivas para luchar contra la corrupción pública, cáncer que siempre ha estado incrustado ―haciendo "metástasis" en la administración del Estado, pese a los vientos de cambio que impulsa el Gobierno Nacional.

En el actual Estado "fallido" y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los Pactos Internacionales proclamensu independencia, dado el crónico centralismo republicano. Falta mucho para que podamos hablar en realidad de un Órgano Judicial verdaderamente independiente. En efecto, las limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, el uso impropio del juicio de responsabilidades respecto a los magistrados, la persecución o politización de la justicia, etc., han estado entre los mecanismos más usados para someter al Órgano Judicial.

Aunque el gobierno central enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido e intimidado para poder conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. Muy por el contrario, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc., siempre será un freno que limitará la angurria del poder y su inefable correlato: la criminalización de la política.

En definitiva, sin independencia no habrá imparcialidad y un Órgano Judicial sin éstas garantías básicas, no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Los gobernantes tienen que "sacar las manos" del sistema judicial, condición sino que son para el fortalecimiento de las instituciones republicanas y además honrar así a los convenios y pactos Internacionales que existen sobre esta materia.

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William--Herrera-Anez--
William Herrera Añez
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