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Editorial
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Un asunto por aclarar
Sábado,  12  de Enero, 2019
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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha hecho pública su disconformidad con el contenido de varios artículos de la Ley de Empresas Sociales porque, aseguran, alientan la confiscación y colocan en riesgo el patrimonio empresarial. Con esa convicción, la dirigencia empresarial ha presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de la ley citada al incurrir la misma en contradicciones y disposiciones que violan otras normas y derechos fundamentales. La  reacción empresarial se manifiesta luego de un análisis profundo de la norma legal por un equipo jurídico propio que ha puesto en alerta al sector para que asuma recaudos.
 
El Gobierno por su parte, a través del Ministerio de Trabajo, ha explicado que se garantiza el respeto a la propiedad privada, por lo que cuestiona la demanda en contra de la ley de Empresas Sociales por parte del empresariado privado nacional. La manifestación oficial incide en que la mencionada ley se aplica a los empresarios “irresponsables” que abandonan a sus trabajadores, puesto que la norma tiene por objetivo precautelar el derecho al trabajo. No obstante, la demanda de los empresarios se sostiene en la interpretación exhaustiva de puntuales artículos de la ley de marras, por lo que reclama se suspenda la norma hasta resolver la acción de inconstitucionalidad.
 
Ante tales posiciones encontradas, corresponde que este asunto se aclare de una vez por todas en el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se pronuncie sobre siete artículos observados y dos disposiciones transitorias, porque tales posibilitan desde la óptica del empresariado privado, la confiscación de empresas, afectan al patrimonio empresarial, a sus actividades, negocios, la propia economía de la empresa y alienta daños a terceros. Sin duda, la preocupación es auténtica y corresponde se la atienda con premura, tanto para esclarecer si las observaciones tienen que ver con posibles deficiencias de redacción de la norma, o bien su lectura induce a interpretación sesgada.
 
Conviene señalar que la postura empresarial no es de ningún modo improvisada. Por el contrario, es producto del minucioso trabajo de un equipo jurídico que ha analizado la normativa durante meses antes de recomendar la acción de inconstitucionalidad. El análisis ha dejado conclusiones preocupantes para el sector, porque no solo ha encontrado sendos artículos cuya interpretación deja abierta la confiscación de empresas al margen del propósito de la ley, sino porque existe contradicción con el texto de la propia Constitución Política del Estado. Esto puede significar que se ha redactado la ley de manera apresurada, lo que explicaría los errores y contradicciones observadas.
 
La demora sobre la resolución a esta situación abre las puertas a la susceptibilidad y desconfianza, peor si se ha redactado la ley en términos que el sector empresarial considera esconde propósitos desleales. Por ello, corresponde que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes y esclarezca si existen falencias jurídicas. Luego, será preciso que revisada la ley de Empresas Sociales, el Gobierno y Empresarios se reúnan para limar asperezas y retomar la confianza mutua. Por el contrario, si los empresarios tienen razón, urge volver a redactar la ley previo consenso entre partes, de modo que se coincidan en metas más amplias y beneficiosas para todos.

Cualquier demora sobre la resolución al reclamo del sector empresarial sobre la Ley de Empresas Sociales abre las puertas a la susceptibilidad y desconfianza, peor si se confirma que se ha redactado la ley en términos que el sector empresarial considera que esconde propósitos desleales.

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