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 7 de Diciembre de 2019
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Ley del código del sistema penal
Riesgo, proyecto ahuyenta inversión y empleo
Empresarios grandes y pequeños coinciden en el peligro de judicializar a las empresas.
Lunes,  24 de Julio, 2017
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Ref. Fotografia: De izquierda a derecha, Oswaldo Barriga, Javier Challapa y José Alberti, dialogaron en El Día.

Esta ley es el cherry de la torta", concluye Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex). No es un halago, es una ironía. Se refiere al proyecto de Ley de Código del Sistema Penal que se discute todavía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo al borrador de esta extensa normativa de 674 artículos, las empresas se convierten en personas jurídicas pasibles a sanciones de diferente índole, incluyendo la expropiación. Esta preocupación motivó el foro convocado por El Día, al que asistieron, además de Barriga, Javier Challapa, expresidente de la Federación de la Mediana y Pequeña Empresa (Fedemype) y José Alberti, presidente del Colegio de Economistas. Los representantes de la Brigada Parlamentaria y el Colegio de Abogados, que también estaban invitados, se excusaron de venir por inconvenientes de última hora.  

El cherry de la torta. Cuando Barriga ironizaba con esta figura gastronómica lo hacía tras enumerar una serie de medidas dictadas por el Gobierno durante los últimos 11 años, consideradas un freno para la actividad empresarial, las inversiones extranjeras y la exportación. "Se nos ha dado cupos de exportación, se controla el precio interno, hay una serie de normas que desincentivan la inversión y por el contrario promueven la informalidad", asegura Barriga.

Entonces, un Código Penal, como el que se quiere implementar ahonda aún más esa brecha entre el inversor y la seguridad jurídica, si existe la posibilidad de sufrir sanciones penales por infracciones que hoy están reguladas por otras normas, como el Código de Comercio, por ejemplo.

Un peligro real. Barriga, Challapa y Alberti coinciden en que el temor es real.  "Más allá de cómo pueda afectar a la empresa o las inversiones, yo creo que esta ley destruye el empleo", considera Alberti, desde su mirada como economista. "Siete de cada diez bolivianos, según el último dato de 2015 de las encuestas de Hogares del INE, trabajan en un sector informal. Con esta ley se está atacando la médula de la economía, que es el empleo. Porque si las grandes y pequeñas empresas van a estar expuestas a una norma que abre la posibilidad de ser confiscadas o de recibir penas de cárcel,  ¿qué pasa con lo social? ¿Qué va a pasar con esas personas que se queden sin trabajo o los empleos que se dejen de generar por el desincentivo a la inversión?", cuestiona el economista.

Challapa recuerda, además, que su sector ya está afectado por lo que el llama “terrorismo tributario”.

"Este proceso de cambio hizo cosas muy buenas, hay que reconocer, pero de un tiempo a esta parte, los pequeños y medianos empresarios nos hemos visto afectados por la baja de los ingresos en hidrocarburos. A eso hay que sumarle la persecución a la que somos sujetos por parte de Impuestos Internos, que ha despojado de sus bienes a emprendedores por simples trámites burocráticos que quizás no hicieron bien", reclama el microempresario textil. "Y ahora que venga una ley que nos amenaza por delitos personales, es grave", reflexiona.

Challapa cree que debe haber una mayor discusión de esta norma y pide que tanto los legisladores oficialistas como opositores socialicen este proyecto y se lo discuta.

Delitos personales. Según Víctor Borda, diputado del MAS y presidente de la Comisión de Justicia Plural, señaló que es una de las novedades del nuevo Código del Sistema Penal, “dada la evolución del derecho penal, ahora las ‘personas colectivas’ también pueden ser sancionadas”.

Este espíritu de la Ley, expresado por uno de sus impulsores, es el que alarma al sector empresarial.
"Imagínese que una señora de la limpieza se equivoca y en lugar de mezclar el cloro lo pone puro, y un colega se quema. Sería un delito tipificado como atentado a la salud pública. ¿Cómo es posible que el gerente de la empresa tenga que pagar por un hecho, que fue hasta involuntario?", cuestiona Oswaldo Barriga y luego traslada el ejemplo al sector público. "¿Qué pasaría si sucede lo mismo en la empresa estatal? ¿Por qué no se aplica el mismo criterio? ¿Tendría que tener responsabilidad la Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa o institución?", deja la pregunta en el aire.

La necesidad de discutirlo. Javier Challapa cree que es necesario que los ministros y legisladores "bajen hasta los productores y microempresarios, para conocer su realidad. No es lo mismo escribir proyectos detrás de una computadora".

El empresario textil insistió varias veces en esta necesidad, pues considera que de esa manera pueden "salir mejores leyes".

Pero, ¿son necesarias más leyes? "Sí y no", responde el presidente de Cadex. "Por un lado hay leyes que son obsoletas, de los años 90 o de más antes, que necesitan ser revisadas y readecuadas. Pero, por otro lado, ya hay normativas que regulan los 49 delitos que estipula el proyecto de nuevo código". (ver cuadro abajo a la derecha)

En tanto, a Alberti le preocupa el carácter anticonstitucional de la normativa. "Una ley que es definitivamente confiscatoria va en contra del derecho a la propiedad privada y a la sucesión hereditaria, consagrado en la misma Constitución Política que creó este gobierno. Asimismo, vulnera el derecho al trabajo que también es un derecho constitucional", argumenta el profesional.

En conclusión, falta mucho por discutir para aplicar un código como el que se está queriendo implementar y para la opinión pública es apenas el comienzo.

Sanciones que se le impondrá a entidades privadas

 Son sanciones para las personas jurídicas las siguientes:

1. Pérdida de la personería jurídica.

2. Sanciones económicas:
a. Multa sancionadora.
b. Pérdida total o temporal de beneficios estatales. 
c. Decomiso.

3. Sanciones prohibitivas
a. Suspensión parcial de actividades. 
b. Prohibición de realizar actividades.

4. Sanciones reparadoras
a. Medida de reparación económica.
b. Prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido. 
c. Implementación de mecanismos de prevención.
d. Publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa.

Infracciones penales a empresas

1. Genocidio.
2. Crímenes de Lesa Humanidad.
3. Crímenes de Guerra.
4. Uso ilegal de material nuclear
5. Legitimación de  Ganancias Ilícitas.
6. Tráfico y   Destrucción  
     del   Patrimonio Cultural.
7. Violación de Tratados, Treguas, Armisticios o Salvoconductos.
8. Homicidio Culposo.
9. Muerte por Omisión de Socorro.
10. Trata de Personas.
11. Tráfico de Personas.
12. Tráfico de Órganos.
13. Lesiones Gravísimas Culposas.
14. Explotación Sexual y Pornográfica de Niña, Niño y Adolescente.
15. Daño Ambiental.
16. Tráfico de Especies.
17. Daños a la Biodiversidad.
18. Desechos Tóxicos Peligrosos y Radioactivos
19. Depósito, Vertido y Comercialización de Desechos Industriales.
20. Evasión Impositiva.
21. Defraudación Aduanera.
22. Contrabando.
23. Contrabando de Exportación Agravado.
24. Almacenaje, Comercialización y Transporte Ilegal de Diesel Oíl, Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo.
25. Sustracción de Prenda Aduanera.
26. Uso Indebido de Recursos Previsionales.
27. Apropiación Indebida de Aportes.
28. Defraudación Previsional.
29. Tráfico de Moneda.
30. Explotación Laboral.
31. Atentados contra la Salud Pública.
32. Estafa.
33. Fraude de Seguro.
34. Quiebra  Fraudulenta.
35.  Usura.
36. Explotación  Ilegal  y  Avasallamiento  de Recursos Naturales.
37. Manipulación Informática.
38. Uso Indebido de Datos Informáticos Ajenos.
39. Acceso ilegítimo a sistemas.
40. Enriquecimiento Ilícito.
41. Delitos Financieros.
42. Contratos Lesivos.
43.  Incumplimiento de Contratos.
44. Sociedades o Asociaciones Ficticias  o Simuladas.
45. Especulación Fraudulenta de Bienes.
46. Conducta Monopólica.
47. Cohecho Activo.
48.  Financiamiento al Terrorismo.
49.  Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas.

Preguntas

Oswaldo Barriga
Presidente de Cadex

¿Considera real el peligro de que empresas privadas sean judicializadas con el nuevo Código del Sistema Penal?

Hablar de una ley de 674 artículos es ir para atrás, es imposible manejar esta ley porque además debe reglamentarse y eso complica el manejo y la administración de justicia. En el mundo ya no existen códigos, lo que se plantea son leyes cortas. Es un peligro judicializar la gestión jurídica de las empresas; penalizar delitos que son 100% personales y no corporativos es crear herramientas de persecución a la empresa y esto genera un mayor des-incentivo a la inversión. ¿Qué empresa va a querer invertir en Bolivia? si ya le estás diciendo criminal con el simple hecho de establecer una empresa.

¿Cómo afectaría a las inversiones privadas a la seguridad jurídica una eventual aplicación del nuevo código?

Las empresas han cerrado o se han pasado a la informalidad, esto significa que alguna política del país no está funcionando y nos está empujando a hacernos informales y esta no es la excepción. Para que no los metan preso y no confisquen los bienes e incluso de sus tataranietos, el empresario va a querer siempre irse a lo informal. Tenemos leyes que restringen las  exportaciones, que regulan cupos del mercado interno, ley de control de precios, hay decretos y normativas que promueven una inamovilidad laboral y un costo laboral pesado.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la implementación de esta normativa u otra?

Me pregunto ¿esta ley será para las empresas públicas? Yo iniciaría un debate para modificar leyes que hoy afectarían a la inversión y al desarrollo productivo.

Entremos en conjunto al debate de una socialización y vamos a darnos cuenta que realmente está muy mal planteada. Si se quiere aprobar una ley que no va a beneficiar al conjunto de la sociedad porque no habrá inversión, empleo, desarrollo y producción, solo mayor informalidad y seguirá la criminalidad. 
Debemos tener mejores propuestas de ley. 

Javier Challapa
Representante de Fedemype

¿Considera real el peligro de que empresas privadas sean judicializadas con el nuevo Código del Sistema Penal?

Los que están en contra del nuevo Código del Sistema Penal es la oposición, pero sin embargo aquí estamos el sector productivo quienes somos los afectados y con esto cuánto más nos afectará.

Nos gustaría tener otros foros para plantearle nuestro punto de vista. Cómo es posible que en Hong Kong que es un país muy estable económicamente no pone trabas ni a los boliviano pide visa para entrar a ese país. Deberíamos concientizar al presidente para que abra su mente, debería haber un código más sencillo para el productor nacional que quiera invertir.

¿Cómo afectaría a las inversiones privadas a la seguridad jurídica una eventual aplicación del nuevo código?

En Santa Cruz se ha visto estancado el tema del circulante, el empleo, la producción y comercio en el sector productivo, estamos hablando de un 50 a 70%, más de la mitad de lo que se producía es lo que hoy se produce. 

Tenemos buenas leyes, el problema es aplicarlo en el código penal y civil y hacer leyes y sobre-leyes no tendrá ningún efecto positivo.

El sector productivo no solo fue afectado por la baja del petróleo, sino la falta de mercados y este nuevo código lo que hará es implementar nuevas trabas.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la implementación de esta normativa u otra?

Esta normativa de sistema penal nos afecta en gran parte por eso creo que debemos proponer al Gobierno un replanteamiento de esta ley, desde nuestra perspectiva que es la verdadera y real porque hay dos visiones muy diferentes.

Uno es el productor que lo vive todo en cuanto a exportación e importación para comercio interno y externo y la otra es la que tienen las personas que están sentadas en función de Gobierno (ministros o viceministros) que solamente ven la situación desde su escritorio y computadora.

José Alberti
Pdte. del Col. de Economistas

¿Considera real el peligro de que empresas privadas sean judicializadas con el nuevo Código del Sistema Penal?

Este código busca incluir a la persona jurídica. Es un error porque ya hay una ley que penaliza a la persona jurídica. Si una empresa comete un delito es personal y no corporativo, eso da una pauta de que el espíritu que tiene esta reforma tiene una visión de confiscación, porque los artículos de propuestas dicen que puede ser sujeto a reversión, confiscación de bienes o patrimonios de esa empresa. Esto recala en todos los principios de la actual constitución del Estado, por eso los artículos que está en tratamiento son inconstitucionales.

¿Cómo afectaría a las inversiones privadas a la seguridad jurídica una eventual aplicación del nuevo código?

Esto es un control  que da paso al “riesgo de apropiabilidad”, este proyecto de ley vulnera ese principio y abre la posibilidad del riesgo de apropiabilidad, lo que hace que en cualquier momento esté expuesto a que los bienes o patrimonio sean revertidos, ya sea al Estado o cualquier ordenamiento.

En tema de inversión, Bolivia necesita 9 mil millones al año para crecer a una tasa del  5%. Estos 9 mil millones tienen que ser invertidos para el sector público y privado. Si la inversión privada sigue estancada no podremos crecer esa tasa y la inversión pública no es suficiente.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la implementación de esta normativa u otra?

Esta ley destruye el empleo, ya que según datos del INE del 2015, de 10 bolivianos 7 trabajan en el sector informal. 
Es momento de reflexionar porque este tipo de leyes atacan lo más esencial, como el derecho al trabajo y al empleo. Una de las tareas del Estado en la Constitución es el artículo 46, párrafo 1 dice que el Estado promoverá una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Párrafo 2, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 
Este tipo de leyes tienen que ser socializadas con todos los sectores.