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Editorial
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Protección de la fauna silvestre
Sábado,  29  de Diciembre, 2018
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Bolivia está considerado como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, tanto por su flora como por la fauna silvestre que albergan sus bosques. Este importante sitial, sin embargo, no tiene el correlato de la legislación pertinente sobre la protección efectiva de la flora y la fauna nacional. Si se analiza de manera serena, tampoco se dispone de la infraestructura básica que permita no solo desarrollar actividades de rescate de especies animales amenazadas, que constituye un aspecto puntual que se debe abordar bajo el signo de la urgencia, sino también del delicado proceso de traslado a centros de custodia o bien a los albergues transitorios antes de  decidir su retorno sin riesgos a su hábitat natural.  De hecho, el país se encuentra en un período embrionario en este terreno, lo cual resulta muy inquietante
 
Los recientes datos ofrecidos por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua son lapidarios y preocupantes.  Se sabe que solo siete de veintiséis centros para fauna cuentan con la licencia respectiva para operar. Todavía más, estos centros son considerados como albergues transitorios prácticamente saturados y sin condiciones para calificar como centros de acogida. Esta situación retrata de cuerpo entero la precariedad del país para proteger la fauna silvestre expuesta a la caza furtiva e ilegal y al tráfico de animales silvestres o las piezas de los mismos, como dientes, pieles y cuernos, extraídas principalmente de jaguares, ciervos, serpientes y pejichis. El alto valor de estas piezas en el mercado negro ha inducido a que nacionales y también extranjeros, se dediquen al comercio ilegal de las mismas.
 
Conviene destacar que el tráfico de animales silvestres o piezas de los especímenes ha crecido exponencialmente desde la incursión de ciudadanos extranjeros, especialmente chinos, en esta actividad ilícita y peligrosa. Como dato ilustrativo, en cada operativo de las autoridades del departamento de Santa Cruz -a la sazón uno de los que cuenta con la mayor cantidad de reservas naturales y parques nacionales en el territorio boliviano- se rescatan cientos de aves, entre parabas, loros y tucanes y una variedad de animales, extraídos desde su hábitat natural. Desde hace cinco años se han realizados más de setecientos operativos, rescatando más de siete mil animales. El programa Biodiversidad, la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación y la Policía Forestal Ambiental han tenido a su cargo las duras actividades.
 
De acuerdo a las autoridades ambientales, durante esta gestión que termina se han admitido más de doscientos animales silvestres, a través de entregas voluntarias, decomisos la mayor parte y el resto rescates. Este flujo de fauna silvestre ha desembocado en los veintiséis centros para fauna existentes en el país, de los cuales solo cuatro son públicos y los veintidós restantes son privados. Del total de estos centros solo siete cuentan con la licencia respectiva para operar. Esto quiere decir que la insuficiencia de recursos económicos  y de infraestructura para que las actividades de protección, rescate y reinserción de la fauna silvestre a su hábitat natural lleguen a buen puerto, tropieza con serios inconvenientes y sin perspectivas alentadoras. Desde esta óptica, la fauna silvestre se encuentra en una deplorable indefensión
 
Está claro que no son suficientes, ni de lejos, los que tienen el aval del ministerio del ramo. Así, sufren carencias de todo tipo los centros de rescate La Senda Verde  (La Paz)  y Amigos de la Fauna Silvestre  (Santa Cruz);  el centro de investigación Reproducción de Anfibios (Cochabamba) y los bioparques Zoológico Vesty Pakos (La Paz), Bioparque Urbano (Tarija), Playland, Güembé, Zoológico de Fauna Sudamericana (Santa Cruz). El resto de centros para fauna silvestre, casi veinte en el país, son de iniciativa privada, a la que se pone más obstáculos que facilidades. En este contexto, el Gobierno, a través de sus autoridades ambientales, está obligado a ofrecer cuanto antes apoyo firme y sostenido a estos centros, no solo por la fauna silvestre en peligro, sino para demostrar en los hechos que su retórica de protección, defensa y amor por la Madre Naturaleza no es una simple demagogia ni falaz  hipocresía.

El Gobierno, a través de sus autoridades ambientales, está obligado a ofrecer cuanto antes apoyo firme y sostenido a los centros para la fauna silvestre en peligro, para demostrar en los hechos que su retórica de protección, defensa y amor por la Madre Naturaleza no es una simple demagogia ni falaz hipocresía.

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