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Los piratas de la tierra
Investigación. Corrupción, ilegalidad y manejo político de las tierras en Santa Cruz durante el gobierno de Evo Morales.
Domingo,  22 de Marzo, 2020
Los-piratas-de-la-tierra
 
Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra se publica en El Día, Página Siete y Los Tiempos.

En 2006, cuando asumió como el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales anunció una Revolución Agraria, que “beneficiaría a los campesinos e indígenas del país que necesitaran tierras para trabajar” y que “aseguraría la soberanía alimentaria”. Catorce años después, el presidente de la Pachamama, quien juraba que su programa de gobierno favorecería a los pueblos indígenas, preservaría y fortalecería su relación con la madre tierra, no solo les quedó debiendo, sino que los utilizó para fortalecer su proyecto político. Se cuestiona que se entregaron tierras a personas de zonas como Cochabamba y no así a campesinos e indígenas locales, como manda la ley. Esto se ve agravado por decenas de testimonios que aseguran que los dirigentes sindicales y las exautoridades se llenaron los bolsillos con cobros ilegales a costa del sueño de que la tierra sería para quien la trabajara.
 
Luego de ocho años de fallidos arranques, esta revolución explotó en 2014, cuando en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y motor de la agroindustria en Bolivia, se cuadruplicó la entrega de tierras en relación con los años anteriores. Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunarios. El equivalente a una superficie superior a toda la isla de Jamaica.  
 
Pero lejos de ser una medida que favoreció a los sectores más pobres, dicha revolución agraria, en Santa Cruz y la región conocida como la Chiquitania, se convirtió en uno de los temas más polémicos del gobierno de Morales, puesto que las autorizaciones incumplieron los procesos de ley y sus fundamentos básicos: los beneficiarios no fueron los campesinos e indígenas sin tierra, sino que miembros de una sola organización campesina (la CSUTCB) se llevaron más del 70 % de toda la tierra a través de dirigentes que, según numerosas denuncias que hoy están siendo investigadas por el gobierno de transición, conformaron mafias para extorsionar a dueños legítimos, generar comunidades fantasmas, realizar cobros ilegales por los trámites y crear asentamientos que destruyen reservas naturales. 
 
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), un ente desdibujado por señalamientos de corrupción y casi 10 años de directores interinos, se convirtió en la instancia que, de manera unilateral, decidía todo: la cantidad, el lugar y los beneficiarios de entrega de tierras, pasando por encima de los controles y actores estipulados por la ley. Esto devino en autorizaciones irregulares que causaron enfrentamientos entre comunidades y cambios ilegales de uso de suelo (de manejo forestal a uso agrario), además de viciar de nulidad la mayoría de las autorizaciones de nuevas comunidades.
 
Los campesinos e indígenas beneficiados con las tierras son en su mayoría (70 %) migrantes de poblaciones urbanas que intentan ‘recampesinizarse’ por un pedazo de tierra y que hoy son llamados colonos en estas nuevas comunidades. Algunos de ellos tuvieron que trasladarse miles de kilómetros a lugares apartados para vivir sin acceso a agua potable ni servicios básicos, sufrir el maltrato de las instituciones gubernamentales, los cobros y abusos de dirigentes y la estigmatización por parte de las poblaciones locales en los lugares a donde llegaban (por la falta de políticas de integración). A otros les bastó afiliarse a un partido político para lograr poder y beneficios dentro de sus comunidades. Todos fueron utilizados como fichas de esta política de colonización territorial de Evo Morales. Es por eso que esta investigación los llama Los piratas de la tierra. 
 
Esta investigación fue realizada en alianza con CONNECTAS, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Durante cuatro meses, visitamos más de una docena de comunidades en toda la Chiquitania y otros territorios de Santa Cruz. Además, revisamos con detalle los datos de la dotación de tierras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y entrevistamos a expertos, instituciones, autoridades y organizaciones campesinas e indígenas. Las exautoridades protagonistas de las irregularidades que este reportaje revela —excepto Teodoro Mamani, el líder nacional de la CSUTCB— se mantuvieron en silencio sin contestar preguntas ni recibir a los periodistas. 
 
 
Capítulo I 
 
Los reyes de la selva: el clan de los Leones
 
En la repartición de tierras fiscales en Santa Cruz, hubo una institución ganadora y que jugó con ventaja: la CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Este sindicato siempre se identificó con los colores de Evo Morales y gracias al peso que tuvo en su gobierno se llevó el 70 % de las tierras dotadas. Entre sus dirigentes y los funcionarios del gobierno de Morales que manejaban la titulación territorial hubo una relación más que estrecha. Conozca cómo se movieron los tentáculos de estos piratas que definían quién se llevaba el botín de oro verde que vieron en la selva cruceña. 
 
Padilla es una localidad rural del departamento de Chuquisaca donde viven 10 mil almas que, en su mayoría, se dedican a la producción de ajíes. Estos valles apacibles parieron a tres hombres que se convirtieron en los reyes de la selva, ostentando el poder a nivel nacional de repartir tierras a quienes señalaban. Este clan no solo compartía el mismo lugar de nacimiento, sino también el mismo color político (Movimiento al Socialismo, MAS, el partido de Evo Morales), y lo más llamativo, el mismo apellido: León.
 
Juan Carlos León fue viceministro de Tierras en 2017, puesto que dejó a fines de 2018 para ser director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A los cuatro meses de estar en el cargo que le daba el poder máximo de la asignación de tierras en Bolivia, se vio acorralado luego de que salieran a la luz casos de asentamientos de cocaleros en reservas naturales, autorizados por esta entidad. Pero esto no bastó para que el partido de Evo Morales lo alejara de su cúpula, al contrario, fue devuelto a su anterior cartera de viceministro de Tierras, donde se mantuvo hasta el final del Gobierno de Morales en noviembre de 2019. 
 
El rey de los Leones tenía la confianza del entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quien lo posicionó en los cargos más poderosos del tema tierra a nivel nacional. Todo a pesar de incumplir uno de los requisitos básicos para ser director del INRA: tener título de abogado. Juan Carlos León solo terminó la secundaria, detalle que implica que tanto él como Cocarico cometieron delitos de Incumplimiento de Deberes, Nombramiento Ilegal y Ejercicio Indebido de la Profesión. 
 
Mientras Juan Carlos León mandaba en las instituciones nacionales, otro León de Padilla era secretario departamental de La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en Santa Cruz. Adolfo León lideró esta organización conocida como La Única y reconocida por ser la histórica entidad que dio inicio a las luchas campesinas en Bolivia en la segunda mitad del siglo XX y que estuvo muy involucrada en el surgimiento de Evo Morales y su partido como fuerza política. 
 
Adolfo León encabezó la organización que más se benefició de la política de entrega de tierras fiscales. La Única se llevó más del 70 % de las tierras entregadas en Santa Cruz entre 2014 y 2018. Esta fue la época en que se emitió la mayor cantidad de autorizaciones de asentamientos en los últimos 25 años en la historia de Bolivia. Por ejemplo, solo en 2018 —año en el que Juan Carlos León fue viceministro de Tierras y director Nacional del INRA—, de las 187.111 hectáreas entregadas en Santa Cruz, según datos del Viceministerio de Tierras, 133.387 fueron para los afiliados a la institución de Adolfo León. Es decir, el 71 %. 
 
En Bolivia existen otras organizaciones sociales que agrupan a sectores indígenas y campesinos como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (Bartolinas), Interculturales, MST (Movimiento Sin Tierra) y CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano). Si bien estas también han recibido parcelas, los porcentajes son mínimos comparados con los de quienes se llevaron la mayor parte del botín: los miembros de La Única. Por ejemplo, los indígenas del oriente (CIDOB) que por ley debieron ser priorizados, no llegaron a obtener ni el 1 %.
 
Bajo Adolfo se encontraba el tercero de los felinos de Padilla: Henry León, quién fungía como dirigente regional de Pailón en la CSUTCB. Pailón es uno de los tres municipios que conforman la provincia de Chiquitos, es el más cercano a la ciudad de Santa Cruz y ha sido la cuna del boom de la soya y la producción agrícola cruceña. “Henry León maneja la llave de Pailón, que es la puerta de entrada a la Chiquitania, por ende, de la repartija de las tierras más valiosas y productivas de Santa Cruz”, denuncia Álvaro la Torre, abogado experto en causas de tierras agrarias.  
 
Hoy, Henry León enfrenta una querella presentada por la actual ministra de Desarrollo Rural del gobierno de transición, Eliane Capobianco. Fue denunciado por “amedrentamiento y amenazas a funcionarios” a inicios febrero cuando autoridades del Ministerio y del INRA visitaron comunidades asentadas en Pailón. Luego de múltiples denuncias de irregularidades en la dotación de tierras, Capobianco anunciaba una revisión de todo lo hecho por el INRA durante el gobierno de Evo Morales, en especial en estos distritos donde los leones habían creado su propia jungla. 
 
Anacleto Aguirre, un campesino de Pailón, es la figura central de uno de los casos que muestra cómo actúan los que él denomina Los traficantes de la tierra. “Tengo un familiar, Nilo Aguirre, que nos llamó a mí y a mis hermanos y nos dijo que había tierras para nosotros. Yo, que nunca tuve terreno, me emocioné y nos fuimos para allá a asentarnos”, así comienza su relato este campesino que a pesar de la gravedad de sus revelaciones mantiene su hablar con palabras simples y sin enojos.
 
Las tierras que le ofrecieron eran uno de los predios expropiados en 2012 en el sonado caso Ostreicher (un norteamericano acusado de legitimación de ganancias ilícitas cuyo juicio destapó una red de extorsionadores dentro del Poder Ejecutivo del gobierno de Morales y que finalizó con la fuga de Ostreicher de la cárcel con la ayuda del actor Sean Penn). 
 
El campesino se alegró cuando su pariente Nilo Aguirre le dijo que una parcela de tierra salió a su nombre autorizada por el INRA (ver listas). Pero la sonrisa se fue rápido cuando el mismo Nilo le pidió 500 dólares como comisión para el INRA y los dirigentes. Ese sería solo el primer pago que les demandarían a él y a otros beneficiarios por mantener su nombre en la comunidad.
 
Anacleto frena su relato y hace una suma simple que deja ver la magnitud del botín que se reparten estos piratas: “Somos 90 personas que figuramos y nos pidieron 500 dólares a cada uno, es mucho dinero”. Son 45 mil dólares de comisiones en una sola autorización de asentamiento. Al menos una decena de comunarios entrevistados en diferentes zonas de la Chiquitania hablaron de los mismos cobros de los dirigentes, quienes los obligan a pagar en bolivianos el equivalente a 500 dólares por solo ingresar como miembros de La Única y de una comunidad (ver capítulo II). Negarse al pago tiene un costo: la expulsión de la comunidad. Anacleto fue sacado del predio junto con otras tres personas de su familia que tenían parcelas a su nombre y encima fue amenazado por los dirigentes. El cabecilla fue el encargado de su comunidad y dirigente de La Única, Simón Apata Quispe.
 
Anacleto peregrinó con su denuncia “por cobros ilegales y por tráfico de tierras” durante años. “Allá en el predio la gente vende las parcelas (50 hectáreas) a 10 mil dólares y también las alquila a 100 dólares la hectárea. Fui a ver a Henry León y a todos los dirigentes de La Única, pero ellos me amenazaron y me dijeron que me quedara callado. Les contesté que los demandaría porque son unos corruptos”, relata.
 
Álvaro la Torre, abogado de otros casos de tráfico de tierras y corrupción en el INRA, tomó la causa de Anacleto y armaron una denuncia contra Sergio Imana, director del INRA en Santa Cruz, quien no hizo caso a la acción del campesino y ni siquiera quiso recibirlo. 
 
La ley indica: “De evidenciarse avasallamientos, venta o tráfico de tierras fiscales en el área autorizada, el INRA de oficio o a denuncia iniciará las acciones administrativas y/o penales contra los autores, cómplices, encubridores e instigadores”. Esta fue la norma claramente incumplida por Imana, pero Anacleto sentía que no había esperanzas, debido a los contactos que Imana tenía con la justicia. 
 
Todo cambió cuando Evo Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre y dejó el país luego de ser acusado de fraude electoral, y entró un gobierno de transición que prometía investigar los casos de corrupción del MAS. Imana ingresó a prisión preventiva el 26 de noviembre de 2019. Su encarcelamiento fue muy anunciado por las nuevas autoridades del gobierno transitorio como una señal de transparencia en el INRA. 
 
Sin embargo, cuando los autores de esta investigación fueron a buscar a Imana a la cárcel en enero de 2020, este ya había salido en libertad bajo fianza. Álvaro la Torre, cuenta: “Le dieron la posibilidad de poner un bien como fianza para salir. Fue una audiencia de más de cinco horas con cuatro cuartos intermedios, algo muy extraño. Quien la llevó a cabo fue la vocal de la sala penal Arminda Méndez, diputada en el primer periodo del gobierno de Evo Morales”. La libertad de Imana no trascendió a los medios de comunicación ni la opinión pública. Se intentó contactar más de una decena de veces a su abogado para tener su versión, pero sin éxito. También se trató de hablar con el dirigente Adolfo León, quien aceptó una entrevista, pero no acudió a la cita. Luego de las denuncias contra Henry, Adolfo dejó de contestar el teléfono.
 
Teodoro Mamani, secretario general de la CSUTCB, fue el único que accedió a una entrevista y salió en defensa de su institución y del proceso de autorización de tierras de Morales: “Antes del hermano Evo ningún campesino tenía acceso a la tierra, era todo para terratenientes”. También asegura: “Hasta el momento no existe ni un caso de que la tierra (dotada a comunarios) se venda. Tampoco hay comunidades fantasmas. Puede ser que los compañeros vuelvan por una temporada a sus lugares de origen, pero su tierra sigue cumpliendo su función económica y social. Lo que pasa es que el nuevo gobierno busca excusas para sacarnos nuestras tierras, pero no nos vamos a dejar”. Las declaraciones de Mamani son dadas desde La Paz a más de mil kilómetros de Santa Cruz. Desde allí, asegura que todo está ajustado a la ley, aunque admite que no ha hecho supervisiones en terreno, sino que se basa en reportes de sus subalternos en Santa Cruz. 
 
Mientras tanto, la injusticia que sufrió Anacleto muestra el abuso de poder y la ilegalidad que campea entre los dirigentes de estas instituciones. Y aún así está lejos de ser lo más oscuro que encontramos entre los dirigentes de la comunidad Los Cedros. La lista de integrantes de esta comunidad guarda un secreto: Simón Apata Quispe, dirigente de la CSUTCB que encabezó el asentamiento de Los Cedros, fue denunciado por la violación de una menor de 13 años con el agravante de ser su hijastra y de que la víctima terminó embarazada. 
 
La denuncia fue interpuesta por la madre de la niña, Paulina Ramos Saigua, quien poco después firmó un Acta de Desistimiento del proceso. Hoy, Paulina figura como beneficiara de una parcela de tierra de Los Cedros y la Torre denuncia que el expediente desapareció del juzgado de Warnes donde fue presentado. El abogado apunta esto como otro ejemplo de cómo las influencias de estos dirigentes pesan ante la justicia, que parece ponerse un parche en el ojo para juzgarlos.
 
La mafia de la tierra no solo afecta y utiliza a su antojo a campesinos sino también a propietarios de haciendas. El testimonio de la abogada Marianela Bozo, en otro caso, permite ver el mismo modus operandi de los dirigentes y la complicidad del INRA, también en la zona de Pailón. La doctora Bozo fue contratada por la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Colonia Menonita Neuland. Esta asociación denunció a Evo Morales y a César Cocarico (entonces presidente y ministro) porque sus tierras, compradas de buena fe y con la documentación legal para corroborarlo, habían sido declaradas tierras fiscales en 2017 y al poco tiempo una comunidad apareció en el lugar con autorización de asentamiento del INRA. 
 
“Realicé mi investigación y descubrí un grupo bien organizado que se dedicaba a pedir dinero a los productores de la zona. En Pailón se ubicaban propiedades (sin importar que tengan todos sus papeles en orden y cumplan la función económica y social) y se les recortaban partes que se declaraban tierra fiscal. Los dirigentes de la zona conformaron comunidades con las cuales ingresaban a los predios y el INRA les daba la resolución de autorización de asentamiento”, cuenta Bozo. 
 
Esta abogada sufrió las consecuencias de denunciar al INRA y sus tentáculos entre los dirigentes campesinos: dos encapuchados lanzaron una bomba molotov en su despacho cuando ella apenas había tomado la causa. 
 
“Existen muchísimos casos y muchas veces los propietarios y los productores pagan para evitarse problemas. A mí me pidieron 50 mil dólares, pero a otros clientes de asociaciones más grandes les han pedido hasta un millón de dólares por solucionar sus asuntos”, finaliza la doctora, quién a pesar de las amenazas no fue acallada. Actualmente, y ante el nuevo contexto de un gobierno transitorio, Bozo está comenzando un juicio a Rogelio Cocarico, hermano del exministro César Cocarico por un litigio de unas tierras en Beni, departamento amazónico del país. Este y otros casos dan señales de que la Chiquitania fue solo el primer botín de la repartija de tierras y que la Amazonia sería la próxima X en el mapa de los piratas.
 
 
Capítulo II
 
Romper la ley por un pedazo de tierra 
 
Los perfiles de nuevos comunarios que encontramos en esta investigación no coinciden con lo que dice la ley. La repartición de tierras en Santa Cruz benefició mayormente a migrantes de tierras altas, más que a campesinos e indígenas locales. Dotaron de tierras a cocaleros que ya contaban con parcelas en Cochabamba, a citadinos en vez de a pobladores rurales e incluso a profesionales con grado de licenciatura y con recursos económicos muy superiores a los de un campesino que aspira a ser un pequeño productor. Conozca el recorrido de ilegalidad que siguieron estos colonos para lograr un pedazo de tierra y las mañas que hay de por medio. 
 
“La primera vez que escuché al Evo decir que iban a regalar tierra a los que no tenían pensé que era mentira. Me acuerdo de que llegó en su helicóptero a nuestra comunidad en el Chapare y nos prometió parcelas a toditos. Dijo que había harta tierra en Santa Cruz y que podríamos cultivar más coca”, cuenta Tomás, que prefiere no decir su apellido por miedo a que sus compañeros de sindicato tomen represalias contra él o lo expulsen de su comunidad. 
 
Tomás cuenta que corría 2014 cuando el entonces presidente Evo Morales visitó su comunidad en el Chapare, zona del departamento de Cochabamba que en los últimos 50 años se desarrolló con la plantación de cocales (arbustos de coca) para uso no tradicional. Al poco tiempo lo llamaron para anotarlo en una lista. Al paso de un mes —y varios pagos de por medio— llegó el anhelado sello del INRA que marcaba las coordenadas de lo que sería su segundo hogar, más allá de las hectáreas de coca que ya tenía. Y aunque parezca un detalle insignificante para el INRA, según la norma, la tierra fiscal debería ser para campesinos que no poseyeran tierra.
 
Estamos a dos horas de Concepción, población chiquitana conocida por sus bosques llenos de orquídeas. En este predio, lo único que da cuenta de la existencia de una comunidad es un letrero de madera mal pintado de rojo con un nombre y un par de equis a los lados que recuerdan los símbolos de los piratas. El único trabajo hecho aquí ha sido la quema de una parte del campo como preparación para una siembra que nunca llegó. Ninguna de las 45 familias de la comunidad de Tomás vive acá y solo algunos llegaron a conocer sus tierras. “No hemos tenido apoyo ni dinero para sembrar. Nos mandaron acá sin agua, ni luz, ni nada; por eso no hemos podido terminar de asentarnos”, dice este hombre de rostro treintañero arrugado por el sol, mientras acomoda las hojas de coca que abultan su mejilla. Así se excusa Tomás, como muchos otros campesinos que han incumplido con la función social que debieron darles a estos campos.  
 
Tomás es miembro de la CSUTCB, como el 70 % de todos los comunarios beneficiarios de la política de dotación de tierras en Santa Cruz durante el gobierno de Evo Morales. Pero a él parece haberle tocado el mapa del tesoro falso. Aquel donde la X que marca su destino es en realidad una condena a la vida en la marginalidad absoluta. 
 
“Nos dieron la tierra, pero nada más. Gastamos nuestros ahorros en los trámites y comisiones para estos papeles y no recibimos nada de lo que prometieron cuando nos hicieron inscribirnos a La Única (CSUTCB) y al partido (Movimiento Al Socialismo-MAS, de Evo Morales)”, cuenta molesto, porque asegura que ha visto cómo otros comunarios con un rango alto en la CSTUCB lograron obtener no solo tierras, sino beneficios como orugas, tractores y créditos para producción.
 
Y según él, la culpa de que esta tierra esté abandonada y deshabitada es suya por no haber sido un militante activo del MAS. “No quise meterme a las dirigencias ni a las campañas y por eso no me ayudaron como a otros que están bien acomodaditos ahorita”, refunfuña, mientras patea la tierra de su parcela sin frutos. Tomás se siente engañado y dice que “los papeles del INRA no sirven para nada porque, encima, en cualquier rato van a quitar estas tierras por no tener qué sembrar”. Para él, como para otros campesinos, la decepción final es que en esta zona la hoja de coca, como la esperanza en la revolución agraria, se les muere.  
 
A más de 350 kilómetros, cerca del municipio de Roboré, Hernán se limpia el rostro mientras jadea por los 40 grados de temperatura que hacen en medio del monte donde el INRA autorizó su asentamiento. Él y sus compañeros, todos miembros de la CSUTCB, llegaron para “sacar la maleza de las tierras y poner al menos una casita y un letrero” que dé señales de que por su comunidad no solo pasan los fantasmas.
 
Estos aspirantes a campesinos, en realidad, se dedican a la construcción y han pasado su vida adulta en la ciudad de Santa Cruz. Otro detalle intrascendente para el INRA: la dotación de tierras debe priorizar a población de zonas rurales. Pero para lograr un pedazo de tierra, la travesía siempre comienza con el ingreso a una organización social campesina y qué mejor si es La Única, que viene con sello de garantía. 
 
Hernán cuenta que él y sus compañeros de comunidad iniciaron su periplo en busca de tierras hace 10 años. “Primero logramos una autorización en Pando (departamento en el norte de Bolivia, el menos poblado del país y cuyo territorio está casi por completo cubierto por la Amazonia). Fuimos hasta allí, pero nuestras tierras eran inaccesibles, no nos daba nuestra economía ni para llegar”, recuerda mientras el repiqueteo de los machetes de sus colaboradores suena alrededor. 
 
Hernán confiesa que apenas están limpiando el predio, que ninguno vive en el lugar y ni siquiera vienen del campo. Las 15 familias que aparecen como dueñas de estas tierras residen en la ciudad de Santa Cruz, a donde migraron hace años desde Oruro y otras ciudades andinas para asentarse con trabajos de construcción y carpintería. 
 
Esta comunidad deshabitada es otro mapa con el sello del INRA que llevó a estos aspirantes a campesinos por complejas y caras travesías. Cualquier metáfora queda corta ante la realidad, Hernán y sus compañeros acaban de poner un letrero pintado de amarillo que reza: Oro Verde.  
 
Y es para cuidar ese botín verde que ellos visitaron sus tierras por primera vez, ya que saben que, luego de la renuncia de Evo, el nuevo gobierno de transición de Jeanine Añez ha comenzado una revisión de las tierras dotadas por el INRA. Las comunidades que no cumplan con la función económico-social indicada por ley podrían ser revertidas al Estado. Es por eso que Hernán continúa macheteando apurado e inexperto, mientras escupe el líquido verde que exprime de las hojas de coca. 
 
Desde la ciudad de Santa Cruz y en un escritorio lleno de mapas y libros, Alcides Vadillo, abogado e investigador de la Fundación Tierra, reconfirma lo que vimos en terreno: más del 30 % de estos colonos viene de poblaciones urbanas de Cochabamba (incluyendo el Chapare). Por otro lado, casi el 40 % de estos beneficiarios de tierras provienen de poblaciones urbanas de Santa Cruz, pero eso no quiere decir que son nacidos en tierra cruceña, sino que en su mayoría son migrantes llegados de zonas andinas del país. “Más del 70 % de los adjudicatarios no son campesinos, son población urbana, que, quizás, fueron hijos de campesinos migrantes, pero que ahora ven estos pedazos de tierra como un capital, un bien que pueden transar en el mercado”, asegura Vadillo.
 
A más de 500 kilómetros de Vadillo y cerca de la población de Carmen Rivero Torres, provincia Ñuflo de Chávez, se ven siembras de sésamo que se extienden a lo largo de tierras que deberían mantenerse vírgenes como parte del área protegida Ñembiguazu. 
 
“Vengo de Villa Tunari (Chapare), pero allá no tengo tierra. Con la carrera que uno estudia tampoco hay trabajo. Hay muchos profesionales en Bolivia que han dejado sus trabajos, sus estudios y se han agarrado tierras. Hasta sus títulos profesionales anulan para inscribirse de campesinos ¿Qué vas a hacer ganando 3000 o 2000 bolivianos mensuales toda la vida como empleado?”, así empieza a explicar su historia un muchacho que no pasa los 30 años y con quien el diálogo continúa de esta manera: 
 
—¿Usted estudió algo?
—Algo (risas).
—Entonces hay varios que, como usted, han decidido anular su título para inscribirse como campesinos…
—Claro, mejor trabajar (la tierra) tranquilos. Porque ser empleado público es sueldo limitado. Y a muchos no nos gusta tener horario. Ahora ya nos va mejor, tenemos ganadito. Estamos desde 2011 viniendo, ya tenemos chaco, siembra. 
 
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria dice: 
—Art 42. II. “La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias”.
 
Pero la realidad de estos “campesinos” es distinta a la que uno espera encontrar en personas que se supone necesitan las 50 hectáreas dotadas para dedicarse a la agricultura a pequeña escala como medio de subsistencia, como indica la ley. Afuera de la comunidad de este licenciado retirado hay dos vehículos de alta gama: una camioneta Volkswagen Amarok y una vagoneta Toyota Hilux. 
 
Bolívar es una de las cientos de comunidades que han sido autorizadas dentro de áreas protegidas como Ñembiguazu. Tiene como vecinas al menos otras ocho comunidades y, como pudimos comprobar, todas son gobernadas por dirigentes sindicales de La Única. 
 
Según el registro oficial de la Dirección General de Administración de Tierras del INRA, con fecha del 2019, existen 81 comunidades cuyas autorizaciones y superficies de trabajo invaden el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembiguazu. Si bien la mayoría de ellas obtuvieron sus resoluciones de asentamientos antes de la victoria del pueblo guaraní para lograr este Gran Refugio (significado en español de Ñembiguazu), esto no detuvo el avance de la dotación de tierras y la deforestación. 
 
“Luchamos por lograr este refugio para nuestros hijos y nietos y así continuar la lucha de nuestros abuelos por nuestra cultura. Nuestra tierra fue siempre Yvy maraey (tierra sin mal); por eso creamos este Ñembiguazu, pero ahora, con los avasallamientos que sufrimos, llegó el mal a nuestro territorio”, narra Adolfo Guzmán, líder indígena que rescata su cosmovisión guaraní.
 
Rubén Ortiz, asambleista del Órgano de Decisión Colectiva del Área de Autonomía Indígena de Charagua, donde se encuentra Ñembiguazu, explica la situación que vive la primera reserva lograda en Bolivia por directa acción de un pueblo indígena. “Desde que obtuvimos nuestra autonomía, venimos denunciando asentamientos dentro del territorio. El 2015 llegaron muchos nuevos colonizadores (comunarios), nuestras denuncias nunca fueron escuchadas por el Gobierno de Evo Morales y el INRA entregó gran número de autorizaciones y resoluciones entre el 2017 y el 2019”.
 
Rubén termina con una reflexión que aterriza el problema: “Anduve por el occidente (del país), conocí y estuve con hermanos campesinos e indígenas que de verdad viven en la pobreza, que de verdad necesitan tierras para trabajar. Ojalá hubiera sido a ellos a quienes dieron permiso de asentarse, pero no, los que llegaron fueron cocaleros, dirigentes del Chapare que vienen con maquinaria y vehículos grandes, directo a hacer desmonte y negocio. Esa es otra gran contradicción del Gobierno de Evo”.
 
Vadillo, de la Fundación Tierra, pone cifras y academia a lo que viven Rubén y Adolfo: “Las personas recién llegadas se ven obligadas a crear un asentamiento y ‘recampesinizarse’. La primera pista que hay que observar es que las autoridades han dotado tierras no en función de crear comunidades de campesinos ni de beneficiar a los que no la tienen y quieren ser agricultores, sino a personas que especulan con las tierras”, explica y prosigue: “La segunda pista es que, por ejemplo, personas del departamento de La Paz (el más poblado, con mayor densidad y graves problemas de falta de tierra), solo obtuvieron el 3 % de las autorizaciones. En cambio, Cochabamba tiene un 30 % de adjudicatarios. El problema es grave por la selección sesgada de los beneficiarios. Estamos hablando de casi 25 mil personas, cuya elección no cumplió los procedimientos y se realizó sin transparentar la información”. 
 
Para los líderes del pueblo guaraní, el gobierno de Evo Morales puso por encima los intereses de sindicatos de campesinos cocaleros y de quienes lo apoyaron políticamente y no veló por sus hermanos indígenas, como les había prometido. Hoy, decepcionado del primer presidente indígena de Bolivia, Adolfo dice: “Lo que le hacen a nuestro territorio nos afecta en nuestro ser, en nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, en todos los sentidos de vivir, porque nosotros convivimos con la naturaleza y con ella nos definimos. La gente de otros lugares no entiende eso y no siente así esta tierra”. 
 
 
Capítulo III 
 
INRA: La organización que se creyó por encima de la ley
 
La repartición masiva de tierras que hizo Evo Morales estuvo viciada de nulidad desde los procesos más básicos. Los actores que debían fiscalizar el tema nunca fueron tomados en cuenta. El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) actuó solo y por encima de la norma. Esto ocasionó una serie de conflictos entre comunarios locales que se vieron avasallados en su territorio y cultura por los nuevos colonos que fueron mandados como piratas a tomar lo que el INRA marcaba con una equis en el mapa. 
 
“En 2009, treinta familias llegaron a nuestra comunidad con papeles de dotación de tierras del INRA. Se denominaban Comunidad Agroecológica Chirimoya y decían que eran parte del Movimiento Sin Tierra (MST)”, recuerda Luciano Petigá, quien en aquel año era cacique (máxima autoridad local) de la Comunidad San José de Campamento. Un pueblo centenario ubicado a 530 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, y a 170 kilómetros del asfalto más cercano. 
 
Ni los recién llegados ni los originarios lo sabían, pero estaban por convertirse en uno de los muchos casos de conflictos entre comunidades e irregularidades a raíz de la piratización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), durante el gobierno de Evo Morales.
 
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia, en Santa Cruz, el departamento más extenso y principal motor agropecuario del país, entre 2014 y 2018, se entregaron 1,2 millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades mediante autorizaciones y adjudicaciones extraordinarias. Esto equivale a casi el 70 % de toda la tierra que se entregó en los últimos 25 años (1,8 millones de hectáreas).
 
Para llevar a cabo esta entrega masiva, el INRA, desde 2006 hasta 2015 (último año del que se tienen cifras oficiales) emitió 57.925 títulos y certificados de tierras. Autorizaciones y dotaciones realizadas de manera directa y unilateral, violando controles y procesos obligatorios por ley.
 
El gobierno de transición está revisando cientos de denuncias por entregas de tierras para trabajo agrícola en territorios reservados para uso forestal, además, de comunidades fantasmas y cobros ilegales para la dotación de tierras. Denuncias y reclamos que llevan adelante autoridades locales, dirigentes de pueblos indígenas de tierras bajas y organizaciones de la zona chiquitana y áreas aledañas.
 
“Tenemos denuncias de 475 comunidades fantasmas (en la provincia Velasco), donde no vive nadie y apenas aparece la gente para arrasar el bosque y chaquear —iniciar fuegos en áreas desmontadas para preparar la tierra antes de cultivar, una práctica común en los campos—sin saber bien las formas y de manera irresponsable; así ocasionan incendios forestales”, denuncia Fernando Rojas, gran cacique (máxima autoridad indígena) de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ICISIV), entidad que representa a más de 120 comunidades de la provincia Velasco, en la Chiquitania boliviana. 
 
Rojas también asegura que existen otros 560 asentamientos ilegales en su provincia. “Hicimos los reclamos, incluso realizamos protestas en diferentes pueblos y vigilias en el INRA, pero nunca recibimos respuesta de las autoridades de la anterior gestión”, sostiene el cacique. 
 
El número total de comunidades asentadas en los últimos 10 años es un misterio que los piratas parecen haber enterrado. Según la Fundación Tierra, en la Chiquitania podría haber hasta 1.600 comunidades, mientras que, en sus registros, el Viceministerio de Tierras las cuenta en 912. El cacique Rojas es más drástico y advierte que “el plan era autorizar 3.000 nuevos asentamientos para que los nuevos colonos sean mayoría en la región”. 
 
A pesar de que los autores de esta investigación dejaron cuatro peticiones de información pública entre los meses de octubre y enero, el INRA no mostró sus cifras. Esta falta de transparencia fue una constante y el INRA no solo negaba información a los periodistas sino también a instituciones como la gobernación de Santa Cruz y los municipios involucrados que nunca recibieron informes sobre las nuevas comunidades. Sumado a esto, la especulación sobre el número de nuevos comunarios que se generó en los pueblos chiquitanos fomentó las pugnas entre los locales y los recién llegados. 
 
En San José de Campamento, los conflictos empezaron de inmediato con los nuevos vecinos. Estos reclamaban como parte de su asentamiento una extensión de 4.000 hectáreas que el pueblo ya asentado tenía como suyo.
 
“Yo tenía unas 60 vacas, tierras cultivadas, potreros y mi hogar. Estaba en el lugar desde 1991 y allí estaba todo lo que tenía, pero llegaron los del MST y me amenazaron para que me fuera, me decían que entrarían a sacarme a patadas”, cuenta Guido Solís, quien tuvo la mala suerte de que el terreno que trabajaba y consideraba su casa quede en medio de la nueva comunidad. Hoy, mira esas tierras con lástima porque se encuentran abandonadas. 
 
Las comunidades locales no fueron las únicas afectadas. Los recién llegados también tuvieron problemas por la falta de debido proceso en su dotación. Los habitantes de Chirimoya, además de pasar años sin luz ni agua potable, fueron interceptados a su llegada por jóvenes del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, quienes los habrían golpeado, humillado y robado, según denunciaron en 2010 ante los medios de comunicación los dirigentes de esta comunidad.
 
Para evitar este tipo de enfrentamientos y carencias en las comunidades que buscan un pedazo de tierra para trabajar, la redistribución de tierras tiene un proceso regulado por la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, del 18 de octubre de 1996 y, su actualización y complementación, la Ley n.o 3545, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en 2006.
 
En ambas se conforma el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), el cual está integrado por el presidente, el Ministerio de Desarrollo Rural, las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), formadas por las principales entidades campesinas, indígenas y agropecuarias de cada departamento, y el INRA. Entidades que deben trabajar en conjunto para asegurar asentamientos bien planificados y que tengan una correcta fiscalización. Pero esto no pasó así.
 
“Todas las resoluciones de asentamientos de los últimos años han sido ilegales porque no cumplieron las normas ni siquiera en sus puntos más básicos y fundamentales”, sentencia tajante Leonardo Tamburini, abogado e investigador especializado en temas indígenas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. 
 
En junio de 2019, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, denunciaba a los medios de comunicación que las CAD no podían sesionar porque el INRA no asistía a las reuniones. Las sesiones canceladas ya sumaban 114. “¿Por qué esperó ciento y tantas veces? Con hacer tres convocatorias y no poder sesionar por la ausencia del director del INRA, el gobernador debió iniciar un proceso legal (al director del INRA) por incumplimiento de deberes. Pareciera que hubo un silencio cómplice”, reflexiona Mauricio Rojas, director de Dotación de Tierras del INRA del nuevo gobierno de transición. 
 
“El INRA fue manejado políticamente por el MAS (Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales). El MAS se burló de la CAD, quienes por ley debieron decidir el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Debieron coordinar para darles las condiciones a las personas que llevaron a nuevas comunidades y no lo hicieron. La gente llegaba con su planito diciendo “me han entregado estas tierras”. Por eso hubo problemas en muchos pueblos como San Miguel, San Ignacio o distintas zonas de la Chiquitania”, afirma Eliane Capobianco, ministra de Desarrollo Rural desde enero del 2020. 
 
“El INRA, de manera arbitraria, tomó atribuciones que no le corresponden y se tornó en el ente que recibía las peticiones, las procesaba, decidía cuáles eran las tierras disponibles (tierras fiscales), dónde otorgarlas y de qué forma. Es decir, era juez y parte y esto generó manejos escabrosos con tráfico de tierras, incumplimiento de los usos de suelo y otros delitos”, afirma Mauricio Rojas, abogado que antes de ejercer su actual cargo en el INRA interpuso varias denuncias contra esta institución. 
 
“Todos los títulos ejecutoriales que otorgó el INRA en Santa Cruz llevan la firma del expresidente Evo Morales y son todos títulos viciados de nulidad. Sería muy tonto creer que el Presidente de la Nación no sabía cómo se estaban llevando a cabo estos procedimientos. También es muy extraño que ni el director Nacional del INRA ni el ministro de Desarrollo Rural hayan hecho nada para corregir esto en el departamento donde se realizó la mayor dotación de tierras de una de las más grandes distribuciones de tierra de los últimos tiempos”, cuestiona Rojas.
 
Mientras en las oficinas gubernamentales el cambio de administración muestra la mugre que acumulaban estos corsarios en sus buques, en San José de Campamento no se atreven a soñar con volver al pasado. “Las nuevas comunidades ya están aquí, el bosque ya fue talado. Esa gente sufrió mucho estos años, sin agua, sin luz, y considera esas tierras su hogar. A cualquiera que lo quieran sacar de su casa se va a defender con todo lo que puede, pero eso no significa que vayamos a dejar que nos avasallen”, reflexiona en su casa el actual cacique Reynaldo, en asamblea con algunos vecinos.
 

Según analistas del tema como Alcides Vadillo, de la Fundación Tierra, la herencia de estos años de piratería terrestre serán conflictos entre propietarios de haciendas, comunidades locales y colonos que enfrentarán posibles desalojos y reversión de tierras. Y el daño no solo será a nivel territorial, medioambiental y social sino también cultural. El cacique Rojas repiensa las consecuencias de esta masiva dotación de tierras y concluye: “Este fue un intento de colonizarnos por razones políticas, trayendo gente para ganar alcaldías. Encima depredaron el bosque y quisieron acallar nuestra cultura”.  

 


https://www.connectas.org/especiales/los-piratas-de-la-tierra/es/

Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra se publica en El Día, Página Siete y Los Tiempos.

Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio eldia@eldia.com.bo
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