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Editorial
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La transparencia es una obligación
Domingo,  10  de Enero, 2021
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La transparencia es una obligación del gobierno, es un principio básico de democracia y no debe estar sujeta a un capricho o a un acuerdo comercial, como se está argumentando en este momento alrededor de la compra de vacunas contra el Covid-19, un contrato millonario que supuestamente está sometido a una cláusula de confidencialidad, aspecto inadmisible para un país bajo el orden constitucional.

Hace unos días, el Ministro de Salud, Edgar Pozo, aseguró que la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik-V demandaría alrededor de 50 millones de dólares, monto que no es poca cosa, sobre todo después de escuchar tantas veces al presidente Arce hablando de crisis y falta de fondos. Poco tiempo después se pretende hacer creer que este dato es secreto ¿por qué? ¿es mayor? La suspicacia ciudadana comienza a funcionar y no hay por qué pensar que el trato sea más conveniente de lo que se dijo al principio. En todo caso no se justifica el secretismo, mucho menos cuando se trata de una compra directa, sin licitación y en una situación tan acuciante como la emergencia sanitaria, que el año pasado se prestó para el escándalo de los respiradores.

Este caso de las vacunas empezó mal. El gobierno de Luis Arce insistió en la compra de Rusia ignorando que ya estaban en marcha trámites para adquirir material de manera gratuita. Al principio intentó politizar el tema y acusar de negligencia a la gestión anterior, pero luego la propia ONU se encargó de hacer los desmentidos.

El empecinamiento del régimen gobernante con la vacuna rusa es por demás de sospechoso. Ha fustigado y prácticamente les ha prohibido a las gobernaciones y a los municipios negociar con otros laboratorios para conseguir ofertas más favorables y más baratas. Los gobiernos locales están de manos atadas pues sabemos que el estado central suele actuar con discrecionalidad y es capaz de recortarles los fondos a las instancias locales. Ningún alcalde o gobernador se arriesgará a contradecir al centralismo, mucho menos ahora que están en campaña. En ese sentido, el gobierno extorsiona, obliga, se deshace de sus responsabilidades y les tira todo el fardo en la lucha contra la pandemia.

Otro de los cuestionamientos ha llegado por el lado médico y científico. Se ha dado por sentado que la vacuna es una compra cualquiera que no necesita ningún requisito previo. Sabemos que para que circule cualquier alimento, medicina o producto que pueda afectar la salud de la población, debe contar con el registro, la autorización y el análisis respectivo para determinar la inocuidad. Pero todo indica que las vacunas se aplicarán sin los ensayos clínicos respectivos que se hacen obligatoriamente en todos los países. El reclamo pertenece a la Sociedad Boliviana de Infectología, que reclama mayor responsabilidad en este aspecto. ¿O es que no tienen pensado asumir las consecuencias, de presentarse problemas y reacciones adversas?

Este caso de las vacunas empezó mal. El gobierno de Luis Arce insistió en la compra de Rusia ignorando que ya estaban en marcha trámites para adquirir material de manera gratuita. Al principio intentó politizar el tema y acusar de negligencia a la gestión anterior, pero luego la propia ONU se encargó de hacer los desmentidos.

 

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