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Jueza dicta libertad provisional para estudiantes de la UMSA y defensa apelará decisión
Los universitario, que brindaban ayuda solidaria a los discapacitados, deberán presentarse una vez por mes en dependencias de la Fiscalía y tienen prohibido salir de país. Su abogado denunció que los jóvenes fueron blanco de presiones físicas y psicológicas por parte de efectivos policiales
Sábado,  30 de Abril, 2016
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La autoridad jurisdiccional determinó este sábado la libertad provisional de los tres estudiantes de la carrera de Sociología de la UMSA que fueron arrestados el viernes después de una refriega entre efectivos policiales y personas con discapacidad. Los universitarios, que brindaban apoyo solidario a los discapacitados, fueron detenidos a dos cuadras de los hechos.

Tras poco más de una hora de audiencia, la jueza primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, dictaminó esta resolución para Stefano Barriga, Lucio Gonzáles y Marcelo Párraga, mismos que deberán presentarse una vez por mes ante la Fiscalía y no podrán salir del país.

"Lamentablemente por una interpretación sesgada de la jueza se ha declarado libertad preventiva y estarán sujetos a control de firmas, arraigo y todo eso", manifestó a ANF, Juan García, abogado defensor de los universitarios.

El jurista lamentó la determinación de la autoridad pese a que se demostró que los universitarios no tuvieron nada que ver en el enfrentamiento. Asimismo, señaló que existe una intención política con esa detención porque se busca intimidar a los jóvenes.

"Son muchachos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos. Son chicos ejemplares de los que no se puede dudar y de los que tampoco se puede pensar que hayan cometido actos de vandalismo o delincuencia como se ha dicho", afirmó.

Según García, los familiares de los universitarios no quedaron conformes con la decisión de la jueza por lo que se espera que entre el lunes o martes se presente una apelación para intentar dejar sin efecto la libertad provisional.

El abogado también denunció que los jóvenes fueron sometidos a una serie de presiones físicas y psicológicas para que admitan una culpa que no cometieron. Fueron golpeados y amenazados de ser involucrados en pandillaje con el sonado caso del "Cartel Family" o con asuntos relacionados con narcotráfico.

"Cuando eran trasladados a la audiencia ahí les dijeron que debían admitir estos hechos porque caso contrario ellos presentarían pruebas para implicarlos en el caso del Cartel Family (…) sin embargo, Ellos han sabido sobrellevar esta situación y están con ánimos muy positivos. Han salido fortalecidos y eso nos complace", agregó.

Según el informe 2015 de la Defensoría del Pueblo, la tortura y los malos tratos conforman la segunda vulneración más denunciada en Bolivia, que tiene que ver con el derecho a la integridad personal.

autor : ANF
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