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Editorial
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Guerra contra la prensa libre
Miércoles,  9  de Enero, 2019
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El latigazo contra la prensa lanzado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, no parece ser un simple gazapo discursivo o la actitud del ya clásico “tirasacos” plurinacional que busca endulzarle los oídos al presidente.

Pese a la ola de críticas que ha recibido el folklórico Revilla, uno de los hijos de la falsa reforma judicial fraguada en amañadas elecciones judiciales, ha atribuido la polémica precisamente al centro de su crítica hacia los periodistas. Dice que lo tergiversaron como hacen siempre y por ello asegura que impulsará la reforma de la Ley de Imprenta, un asunto que ha estado pendiente desde que asumió el poder el régimen actual, cuya continuidad depende en gran medida de la imposición de una dictadura comunicacional. 

La amenaza de Revilla puede convertirse en un nuevo intento por terminar de amordazar a los escasísimos medios de comunicación independientes que quedan en el país y que son blanco de un proceso de estrangulamiento que los pone al borde de la desaparición.

Durante los trece años del “proceso de cambio” se han aprobado numerosas figuras legales que han conseguido limitar la libertad de expresión, pero no han logrado aprobar una ley específica relacionada con la comunicación, que en el caso de Venezuela o de Ecuador, significó la extinción de la prensa libre, el encarcelamiento de periodistas, la prohibición de criticar al Gobierno y la aplicación de cuantiosas multas por cuestionar al régimen.

En Bolivia, ha quedado claro que los periodistas son objeto de espionaje; el régimen cuenta con un impresionante y costoso aparato propagandístico a su servicio, que entre otras tareas se encarga de la denominada “guerra digital” en las redes sociales, que tanto busca controlar. Sin embargo, todavía no ha alcanzado el nivel de una hegemonía total en el campo de la comunicación, como lo indica el libreto cubano y como lo demanda con urgencia el propósito de perpetuarse en el poder.

El tiro de gracia que busca el régimen pasa por cambiar la Ley de Imprenta, que tildan de desactualizada, pero como las normas más modernas del mundo, contiene las figuras que mejor garantizan la libertad de expresión, el derecho humano más importante para la preservación de la democracia.

Esta ley no solo garantiza la posibilidad de todo ciudadano de expresar sus opiniones libremente, sino que lo protege precisamente de los poderosos, que en el caso de democracias incipientes como la nuestra, tienen la facultad de controlar y abusar de los mecanismos institucionales para torcer los fallos de la justicia a su favor. Obviamente el honor de las personas también está protegido de los virtuales excesos de la prensa, no solo por la Ley de Imprenta, sino por el Código Penal y otros instrumentos jurídicos que establecen un ejercicio equilibrado del derecho a la comunicación. 

El tiro de gracia que busca el régimen pasa por cambiar la Ley de Imprenta, que tildan de desactualizada, pero como las normas más modernas del mundo, contiene las figuras que mejor garantizan la libertad de expresión, el derecho humano más importante para la preservación de la democracia.

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