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Política
Supuesto golpe de Estado
Gobierno sostiene que el TCP no avaló a Jeanine Áñez y que la prórroga de su mandato fue para lograr elecciones
Martes,  16 de Marzo, 2021
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Ref. Fotografia: La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez.

Jeanine Áñez ascendió al poder en Bolivia sin el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según señaló el ministro de Justicia, Iván Lima, que se refirió a los hechos ocurridos durante el conflicto tras las elecciones fallidas de octubre de 2019.

Puntualizó que hay dos versiones de la historia que son divergentes entre sí, por lo que hay una investigación en proceso para determinar lo que ocurrió en ese momento y que desde el Gobierno, se apunta a que hubo un golpe de Estado, algo que es refutado por líderes de oposición.

En el caso de Áñez, son los hechos acaecidos entre el 10 y 12 de noviembre (lo que se investiga). "Lo que ella hizo antes, como exsenadora, no tiene una trascendencia para este caso, sino las acciones que realiza en la sesiones que son previas a que asuma el mando en las que hace convocatorias a militares, policías y pide que se determine una serie de acciones dentro de la Asamblea; esas son las cosas que son objetos de juzgamiento", mencionó la autoridad.

Tribunal Constitucional Plurinacional

Evo Morales dio a conocer su renuncia en una transmisión en directo ocurrida la tarde del 10 de noviembre de 2019. Dos días después, se le coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez quien asume el mando en medio del rechazo por parte de seguidores del MAS.

La llegada al poder se basó en artículos de la Constitución Política del Estado en el que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se refiere a la sucesión constitucional en el marco de la Sentencia Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001, que se sustenta en la vacancia del presidente y que en su Considerando III, apartado “111.3”, se establece que “frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la Presidencia, ocasionada por la renuncia del Jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la Presidencia, sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia".

También que en el artículo 169, en su inciso 1, detalla: “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

El ministro de Justicia explicó que en derecho penal el resultado se configura en el momento en el que ella asume por lo que los actos posteriores pueden tener dos visiones. Una, en donde se han ratificado y reconocido que el acto ilegal, "no había sido ilegal porque nadie puede basar su decisión en un acto ilegal" y la versión alternativa que indica que "queríamos era recuperar la democracia el 18 de octubre, bajar los enfrentamientos y buscar que la gente decida con el voto la recuperación de la democracia".

"Unos dirán, ha sido legitimada por el TCP, la Asamblea al prorrogar el mandato la ha legitimado; otros dirán no teníamos otra opción, lo que queríamos era llegar a elecciones y había que aceptar que un acto irregular sea prorrogado para lograr democracia, lograr elecciones", puntualizó la autoridad.

Juicio a miembros del TCP

Los miembros del TCP han sido sometidos a juicio, informó Lima, que añadió que ya se ha dictado una resolución por parte del comité del Ministerio Público y la comisión de justicia plural de la Asamblea en el que se ha juzgado a Petronilo Flores, en su condición de presidente del tribunal, y a los demás magistrados por el comunicado "porque nunca existió una sentencia, declaración o resolución, hubo un comunicado y lo que dijo Flores es que ese comunicado no era un acto de reconocimiento a la legalidad y constitucionalidad de Áñez".

"Ese comunicado no tiene firmas, tiene la objeción de una magistrada y no tiene el acuerdo de la sala plena. Todo eso está en el proceso de investigación que ha determinado la exclusión de responsabilidad de los magistrados. Ellos no avalaron las acciones realizadas por la señora Áñez", apuntó.

Fuente: Unitel
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