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Editorial
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Cocalero contra cocalero
Viernes,  31 de Agosto, 2018
Cocalero-contra-cocalero

La historia siempre se repite en Bolivia, pero nadie hubiera imaginado tanta exactitud y, sobre todo, tanta prontitud. Nos referimos a la guerra contra los cocaleros de Los Yungas que ha iniciado el Gobierno de Evo Morales, cuyo ascenso político es atribuido precisamente a la torpeza que aplicaron regímenes anteriores en el control de la coca y la lucha contra el narcotráfico.

Tras la muerte de dos cocaleros, el miércoles pasado, el comandante de la Policía utilizó un vocabulario plagado de términos vinculados al terrorismo, tales como “grupos irregulares”, “elementos armados”, “francotiradores”, “emboscada”, etc. Lo hizo para justificar la incursión que se hizo en una zona donde algunos sindicatos de cultivadores de coca realizaban una vigilia para impedir el ingreso de brigadas de erradicadores que tienen la misión de hacer cumplir una ley que legaliza los cocales del Chapare y penaliza a los yungueños, los únicos que producen para el denominado “consumo tradicional”.

En otras palabras, el Gobierno aplica la misma estigmatización de la que siempre se queja el presidente Morales, quien a través de la política de favorecimiento al trópico cochabambino, está generando un foco de conflicto que tiende a extenderse y agravarse, no solo con el derramamiento de sangre, sino con la persecución y el encarcelamiento de altos dirigentes cocaleros, un factor que sin duda alguna, derivará en una capitalización política a favor de los que hoy son acusados y perseguidos por un gobierno que ha perdido un enorme caudal de credibilidad y de legitimidad y que está incurriendo en un exceso respaldado por una ley que distorsiona la realidad y que encubre una situación cada vez más evidente.

Los regímenes del pasado que más se estrellaron contra la coca, no lo hicieron por falta de tino político o por un sentido de racionalidad y legalidad, sino porque tenían deudas pendientes con la opinión pública y la comunidad internacional, por ciertas vinculaciones inconfesables que había que borrar de alguna manera a través de testimonios extremos que en su momento se llamaron “Coca cero”, “Plan Dignidad” y otros.

Detrás de esas iniciativas estuvo la comunidad internacional, no siempre bien sintonizada con la realidad boliviana. En ese momento no calculó bien el impacto que tendría una arremetida tan radical y durante los últimos 12 años tampoco midió las consecuencias de la complacencia que ha estado usando con el régimen cocalero, sospechoso de favorecer el crecimiento del narcotráfico.

Por primera vez desde 2006, la ONU se mostró drástica hace unos días al calificar como un retroceso el último dato sobre la erradicación de coca en el país, que registra un crecimiento de 6 por ciento. La arremetida contra Los Yungas parece ser una respuesta a ese hecho y también a la vergonzosa constatación que hicieron los miembros del Tribunal Internacional de defensa de la naturaleza, a quienes se les negó el ingreso a lugares plagados de coca ilegal y de narcotraficantes en el Tipnis. La presión internacional comienza a surtir efecto y los cocaleros yungueños pagan las consecuencias. 

El Gobierno aplica la misma estigmatización de la que siempre se queja el presidente Morales, quien a través de la política de favorecimiento al trópico cochabambino, está generando un foco de conflicto que tiende a extenderse y agravarse.

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