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Editorial
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Caso terrorismo: Toda la verdad
Sábado,  4  de Enero, 2020
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La Fiscalía General del Estado ha admitido una demanda presentada hace cinco años por el oficial militar Germán Rómulo Cardona, quien asegura haber sido testigo de cómo el gobierno de Evo Morales le ordenó a la Octava División de Ejército de Santa Cruz, utilizar armamento que estaba en custodia de esa unidad castrense para ser usada como prueba en contra de los acusados del Caso Terrorismo, cuyo punto de partida fue el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas y la posterior masacre del hotel Las Américas, en abril de 2009.

Esta denuncia no solo fue rechazada en su momento por presiones del régimen, sino que el coronel Cardona fue sometido a chantaje y fue obligado a retractarse bajo amenazas hacia su propia familia. Con la fuga del cocalero, autor intelectual del ajusticiamiento de tres ciudadanos europeos, se abre la puerta al esclarecimiento del mayor montaje que haya cometido la autocracia masista y uno de los más grandes procesos de manipulación de la justicia, que llevó a la muerte, a la cárcel y al exilio a decenas de líderes que lucharon por la autonomía.

Evo Morales es el principal acusado en este caso, porque él mismo admitió públicamente haber ordenado la intervención de un grupo de élite de la Policía y el Ejército en el hotel donde se encontraban cinco sujetos que fueron usados por el Gobierno para conectar a líderes de la oposición con supuestas acciones terroristas y separatistas. Las armas que usó como supuestas pruebas, fueron “plantadas” por los organismos de seguridad para demostrar la presunta peligrosidad de los acusados, a quienes jamás se les pudo comprobar ni un solo hecho delictivo de los que intentó demostrar un gigantesco equipo de fiscales, agentes gubernamentales, jueces comprados, abogados del Ministerio de Gobierno que trabajó durante casi diez años en la articulación de las acusaciones.

El único terrorismo que hubo desde el 2009, fue precisamente el que ejerció el régimen con todo un aparato de persecución que llevó a muchos a callar sobre el caso Rózsa, a mantener distancia respecto de las barbaridades que se cometieron y también a actuar en complicidad, como ocurrió con ciertos dirigentes cruceños que se favorecieron del sicariato político, policial y judicial que se puso en marcha.

Por eso mismo es que esta causa debe ser impulsada con el mayor criterio jurídico posible de tal manera de llegar a toda la verdad, pues sin duda alguna hay mucho más una suplantación de pruebas y los actores de este lamentable episodio no solo son los policías y agentes de seguridad y de la justicia que trabajaron directamente, sino los que intervinieron políticamente y manejaron los hilos desde las altas esferas gubernamentales.

Esta investigación también debe llegar a demostrar el papel que cumplieron otros protagonistas que se mantuvieron a la sombra, que supuestamente ejercieron un rol crítico, pero que fueron claves para mantener el caso terrorismo como una amenaza constante en contra de los verdaderos defensores de la democracia y la libertad.

Esta investigación también debe llegar a demostrar el papel que cumplieron otros protagonistas que se mantuvieron a la sombra, que supuestamente ejercieron un rol crítico, pero que fueron claves para mantener el caso terrorismo como una amenaza constante en contra de los verdaderos defensores de la democracia y la libertad.

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