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 18 de Noviembre de 2019
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En América Latina
Advertencia sobre capitales chinos
Versión. Una ONG revela detalles sobre la denominada 'ruta de la seda' que ejecutan los asiáticos.
Viernes,  21 de Julio, 2017
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Ref. Fotografia: Proyectos. Carreteras son las principales obras en las que se invierte con el financiamiento chino.

CooperAcción, una Organización No Gubernamental (ONG) de Perú que forma parte del Grupo de Trabajo sobre Empresas Chinas en América Latina, advirtió a través de su cofundadora, Julia Cuadros, que los países sudamericanos ingresaron a "una carrera sin fondo" por flexibilizar sus normas y condiciones para captar inversiones y préstamos de China, en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos y su medio ambiente. 

De acuerdo al análisis de la situación. "Todos los países de América Latina empezaron una carrera sin fondo, de quién le gana al otro para relajar su normatividad, sus estándares ambientales, sociales, bajando todo lo que tiene que ver con fiscalidad, impuestos, regalías para impedir que la inversión china se vaya, tratando de dar soluciones internas a un problema sobre el cual no tienen el control", aseguró la experta.

Citó el caso de la mina Las Bambas en Perú, como uno de los más emblemáticos de su país donde el Estado el 2015 criminalizó la libertad de asociación y libertad de expresión por la protesta ocurrida a causa de la falta de información de las actividades extractivas de la china MMG, con un saldo trágico de tres personas fallecidas por impacto de bala y 100 líderes y activistas procesados no solo por delitos de orden público, sino también por terrorismo y otros. La gran mayoría resultó absuelta por falta de pruebas.  

Los efectos del caso. "Con apoyo de organizaciones de derechos humanos y la cooperación se logró que 70 sean desestimados y quedan 30 (en proceso). Los trabajadores han sido acusados por disturbios, daños a la propiedad pública, una serie de delitos vinculados al orden, pero la empresa china los acusó de asociación ilícita para delinquir y el sustento es que son miembros de una organización social. Se está poniendo en tela de juicio el derecho no solo de expresarse sino a organizarse, y quieren acusar de asociación ilícita para delinquir", manifestó.

A junio de 2017, el Defensor del Pueblo de Perú registró 177 conflictos, de los cuales el 72,9% fue de tipo socioambiental.

Antecedentes. La experta, que llegó al país a participar del ciclo de conferencias organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) para hablar sobre el estado de situación de los defensores de los derechos humanos en contexto de hegemonía china, dijo que en los últimos años como efecto de la gran demanda de materias primas y alimentos, la presión del gran asiático sobre la región se incrementó.

Agencias eldia@eldia.com.bo