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'El saneamiento es un proceso fallido'
Experto. Gonzalo Colque, es director de la Fundación Tierra. En esta entrevista desmenusa los pormenores del proceso de saneamiento de la tierra.
Domingo,  2  de Febrero, 2020
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El saneamiento y titulación de tierras en el país, iniciada en 1996, a través de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), cerró el 31 de octubre de 2017, con la regularización de de solo el 83% de un total de 106 millones de hectáreas susceptibles de dicho proceso.  Para el restante 17%, la tarea aún no ha concluido. Hoy, dos años después se sigue con el proceso inconcluso, con muchas dificultades técnicas y cuestionamientos institucionales y una incertidumbre reinante.

Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, en contacto con El Día, hace una mirada retrospectiva a un contexto por sí solo complejo, polémico e irresuelto. El experto, no duda que el Estado, a lo largo de los casi 14 años de gobierno de Evo Morales, ha perdido la capacidad política de reorienta la política de redistribución y tenencia de la tierra. Y al cabo de 24 años de vigencia de la Ley INRA, la situación es aún más compleja todavía. 

Colque, en su análisis al periplo de las últimas tres décadas, según su libro “Segunda reforma agraria: una historia que incomoda”, remarca que "las distorsiones en el acceso a la tierra provocadas por la irrupción de intereses económicos y capitales transnacionales, solo podrán corregirse en la medida en que las políticas de reforma agraria sean reincorporadas en la agenda de lucha de quienes trabajan la tierra y reivindican su territorio".

P. ¿Cómo evalúa saneamiento de tierras iniciado el 2006, el mismo que legalmente concluyó el 2017, pero se sigue todavía con el proceso?
G.C.: Es un proceso fallido porque acabó consolidando el modelo de tenencia dual que arrastramos desde 1953. El saneamiento de la propiedad de la tierra que comenzó en 1996 con la ley INRA tenía por objetivo revertir el minifundio y a la vez recortar las grandes propiedades latifundiarias. Después de 24 años de vigencia de esta ley de tierras, no se alcanzó la medianización de la propiedad rural. Por eso tenemos por un lado la agricultura campesina en crisis de las tierras altas y por otro, la agricultura destructiva a gran escala en las tierras bajas.  

P. ¿Qué panorama deja este proceso que aún continua con el saneamiento o que sigue inconcluso?
G.C.: El proceso se cerró, dejando una puerta abierta para que el trabajo del INRA continúe con los procesos de saneamiento pendientes en cerca del 15% de tierras rurales. Se trata de las zonas más conflictivas por los intereses en pugna, son zonas minifundiarias y algunas son tierras baldías sin valor económico. 

En Santa Cruz 5,6 millones de hectáreas fueron tituladas como medianas y grandes propiedades, sobre todo en el periodo 2012-2018, las pequeñas propiedades alcanzan a 3 millones de hectáreas. Sobresale 5,3 millones de hectáreas como TCO y 1,4 millones como propiedades comunitarias. En total son como 15,4 millones de hectáreas de un total de XX millones calificadas como tierras rurales. 

P. ¿Qué tanto se avanzó en el gobierno de Evo Morales y que relevancia tuvo su gestión?
G.C.: Se avanzó en las zonas sin conflictos y zonas de interés político del MAS. Todos los planes Evo Morales para concluir con el saneamiento quedaron en eso, en papales.  Importó más el favorecer con la tierra a sus militantes, mediante los asentamientos campesinos en tierras fiscales, avanzó el saneamiento a favor de los grandes propietarios y grandes ganaderos porque hubo el pacto gobierno-agropoder para el proyecto de expandir la frontera agrícola y exportar carne vacuna a China. 

P. ¿Qué falló en el proceso, voluntad política, financiamiento o capacidad técnica?
G.C.: Las tres variables. Voluntad política para enfrentar el problema de la tierra desde una política de Estado permanente y con carácter transformador. Financiamiento porque el proceso agrario es caro y complejo, pero fue asumido por el gobierno del MAS como un asunto de intereses. Capacidad técnica porque el personal gerencial que asumió la tarea, lo hizo de forma improvisada, con un enfoque de trabajo excesivamente técnico y con deudas políticas que marcaron sus agendas y objetivos.

P. Hasta el año pasado, un total 26.0 millones de hectáreas demandadas por los indígenas de 'tierras bajas', solo se ha logrado sanear y titular 12,5 millones de hectáreas. ¿Esto explica que fue un fracaso el saneamiento?

G.C.:El gobierno del MAS canceló por instrucciones políticas todos los planes de saneamiento de las TCO. Los territorios indígenas se convirtieron en un lastre en la política gubernamental de apropiarse de los recursos naturales y explotarlos a cualquier costo. Además, La información parcial que tenemos es de 2016, debido a que el INRA dejó de publicar informes de avances de saneamiento y tenencia de la tierra.

P. 7. Las grandes unidades productivas están en pocas manos, primario exportadoras. ¿Cómo califica esa situación?.
G.C.:Las grandes unidades productivas están en manos de empresarios y consorcios agroindustriales que no ofrecen datos públicos sobre su situación legal en Bolivia y la composición de sus capitales. La situación no ha cambiado antes y después de 1996, lo que ha cambiado es que ahora las grandes propiedades han sido puestas en producción porque en las últimas décadas el agronegocio (agricultura extensiva) se ha extendido y motivado por el boom de los altos precios internacionales. 

El problema principal, ahora, es que hemos exacerbado el modelo de agricultura destructiva y a gran escala cuya sostenibilidad económica y ambiental está en entredicho. Los altos costos ambientales o los desastres como los incendios de la Chiquitania son muestras irrefutables de que el modelo no es sostenible y no le conviene ni a Santa Cruz ni a Bolivia.

P. ¿Cuánto tiene que ver el INRA en los nuevos asentamientos, avasallamientos, ampliación de la frontera agropecuaria y el cambio del plan de uso de suelo, como en el caso del Beni?
G.C.: Tiene mucha responsabilidad. Porque, el INRA, alentó una distribución de tierras que no se rige según planes o estrategias de cuidado de ecosistemas y, lo que es más grave, sin control de las instancias que legalmente están llamadas a la regulación agroambiental. En ese marco, los asentamientos son en mucho el resultado de negociaciones entre ciertos representantes de organizaciones sociales y no parte de un proceso legal de distribución y redistribución de la propiedad agraria. 

El PLUS (Plan de Uso de Suelo) de Beni es un documento estrictamente político donde se utilizó el argumento de trabajo técnico para levantar restricciones y regulaciones medioambientales y convertir fácilmente más de 10 millones de hectáreas de bosques en tierras agrícolas y ganaderas al estilo cruceño de la expansión irracional de la frontera agrícola a costa del bosque. 

P. En casos como el gran incendio de la Chiquitanía fueron cuestionados el INRA y la ABT ¿Qué se debe hacer con esas dos instituciones?
G.C.:Se requiere de una auditoría específica e independiente que clarifique al menos los siguientes puntos: zonas afectadas, origen de incendios, estado de los derechos de propiedad otorgados en esas zonas y los daños ambientales ocasionados. Esta situación nos permitirá reorientar el manejo de la tierra con políticas serias. Por ejemplo, las tierras fiscales que aún son tales, tienen vocación forestal y así deberían conservarse en adelante.


Perspectivas

"Necesitamos avanzar en la agricultura sostenible"

C onforme a los datos del INRA a diciembre de 2018, la distribución de tierras quedó está establecida de la siguiente manera: 27% corresponde a propiedades de campesinos e interculturales, 28%  reconocida Territorios Indígenas de tierras altas y bajas; 14% corresponde a la mediana propiedad y la empresa agrícola; y  31% está calificada como  tierras fiscales.

Colque, en su analisis e investigación, enfatiza que entre los años 2010-2014, se paralizó el saneamiento y titulación de los territorios indígenas y se aceleró la titulación especialmente en las tierras bajas en favor de medianas y grandes empresas en las zonas estratégicas de expansión de la frontera agrícola.  "Y el gobierno y la agroempresa construyeron laboriosamente el “Pacto Productivo”, cristalizado parcialmente en la “Cumbre Agropecuaria”de 2015.

P. ¿De qué depende que esta realidad cambie?
G.C.: Para cambiar la realidad de la agricultura destructiva, necesitamos avanzar a pasos acelerados en el debate de transición o transformación hacia la agricultura sostenible y un modelo de agricultura de exportación sostenible y diversificada. No podemos seguir adelante con un modelo de agronegocio que en realidad favorece a muy pocos, no aporta ingresos y oportunidades de empleo en la misma medida en que podría aportar la agricultura medianizada y competitiva y que su futuro depende más del desmonte que de la competitividad, mayor productividad o mejor gestión empresarial para aumentar su rentabilidad.  

P. ¿Cómo equilibrar seguridad alimentaria y manejo sostenible de la tierra ?
C.G.: La apuesta del Gobierno de Evo Morales y del gobierno transitorio es ambientalmente insostenible y altamente riesgosa para la seguridad alimentaria de Bolivia. La liberalización de los mercados de exportación para el agro acabará elevando el precio de los alimentos para los bolivianos según los precios internacionales. El gobierno actual y sus autoridades sectoriales desconocen por completo la realidad y las necesidades de la agricultura familiar campesina.  

P. ¿Cuáles deberían ser los cinco pilares para una política de distribución y dotación de tierras en el país?
C.G.: La menos, otorgar seguridad jurídica al pequeño productor campesino, Promover un plan nacional de riego que optimice las condiciones productivas, Proteger la estructura productiva familiar campesina, Proyectar políticas de aumento de productividad y competitividad, reactivar la pequeña agricultura y diseñar un plan estartégico para refundar la agroexportación boliviana.

P. ¿No son retos difíciles de concretarlos?
C.G.: Es difícil políticamente y si no se abre los ojos ante las alternativas. O nos negamos a buscar alternativas para la agricultura extractiva y depredadora o comenzamos a plantearnos con seriedad un cambio progresivo en el patrón de desarrollo del agro y economía boliviana.

P. Usted pidió a este gobierno declarar una pausa agraria en el proceso de saneamiento. ¿En que quedó?
C.G.: Hicimos esa solicitud pública en fecha 09 de diciembre del 2019. El actual gobierno no debería dedicarse a entregar la tierra a privados, pequeños, medianos, campesinos o comunidades porque en lo esencial es un gobierno transitorio que no conoce los intereses económicos que hay por detrás y porque el gobierno transitorio tiene grandes sesgos a favor de los grandes propietarios tradicionales. En respuesta hemos recibido invitaciones para algunas reuniones técnicas y mesas de trabajo, pero esa no es la respuesta que buscamos.

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Ismael--Luna-Acevedo
Ismael Luna Acevedo
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