El exvicepresidente Álvaro García Linera ha «reactivado» el asilo político que México le otorgó en 2019, luego del fracaso del plan que el MAS urdió para que «arda Bolivia» y de su fuga, junto con Evo Morales y Gabriela Montaño, que intentó disimularse con el invento del «golpe de Estado», que nunca ocurrió.
García Linera dijo que inicialmente salió de
Bolivia para asistir a eventos académicos en Argentina y que, una vez allí, se
enteró de ciertos «movimientos político-judiciales» en el país, en referencia a
la investigación del caso Hotel Las Américas, en el que está comprometido junto
a su antiguo compañero Evo Morales, acusados de asesinato y torturas. Sobre
este asunto hablaremos en otra oportunidad.
Añadió que se fue a México porque «hoy, en
Bolivia, la Justicia simplemente ha colapsado, está prostituida, está
destruida». Afirmó que la mejor manera de preservar sus derechos
constitucionales es asilándose, aunque espera que sea temporalmente, hasta que
la Justicia recupere sus niveles de moralidad y apego a la legalidad, para
poder presentarse a dar su versión de los hechos.
Contradictoriamente, cuando le preguntaron si
la administración de justicia se había deteriorado durante los gobiernos del
MAS, respondió que esta «siempre ha funcionado mal». Entonces, ¿qué niveles de
moralidad y apego a la legalidad pretende que se reconstruyan?
Añadió que «eso de los 20 años es una sonajera
para tontos» y recordó que, durante los 30 años anteriores a la llegada del MAS
al poder, los jefes de bancada de los partidos políticos nombraban a las
autoridades judiciales, por lo que la Justicia era «mala y corrupta».
En un momento de particular desvarío, sostuvo
que el Gobierno de Evo Morales consideró que la mejor forma de cambiar el
sistema era permitir que la población eligiera a las autoridades judiciales.
Aunque admitió que esa medida «mejoró algo», porque permitió que hubiera
personas con otros apellidos y color de piel, los problemas persistieron.
En un infrecuente ataque de sinceridad,
aseguró que los niveles actuales de «corrupción y degradación son inéditos en
la historia boliviana».
Se refería a las investigaciones por
narcotráfico y organización criminal que enfrentan quienes hasta hace poco
ocuparon las máximas autoridades judiciales, entre ellos el expresidente del
Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y el exfiscal general del Estado,
Roger Mariaca, además de otros connotados sicarios judiciales.
Cabe preguntarse cómo llegaron estos
personajes al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Basta indagar un poco
para concluir que lo hicieron de la mano del exjefazo y sus adulones.
Y no fueron los únicos. Cuando el MAS llegó al
poder en 2006, se propuso desinstitucionalizar todo cuanto estuvo a su alcance:
los tribunales electorales, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, las
cortes departamentales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras
instituciones.
La intención era eternizarse en el poder. Para
ello necesitaba una administración de justicia y un Ministerio Público
sometidos y dóciles. A diferencia de las dictaduras, que perseguían a la
oposición mediante organismos de represión política como el DOP o el SES, los
gobiernos del MAS convirtieron a jueces y fiscales en mercenarios a su
servicio.
Los nombres de Guerrero, Lanchipa y Mariaca en
la Fiscalía General, junto con los de tantos fiscales y jueces de distinto
rango, quedarán asociados a la prostitución de la administración de justicia en
Bolivia.
Después llegó el invento de la elección
judicial por voto popular, un absurdo tan grande como sostener que Bolivia no
perdió nada en La Haya en 2018 o que en 2019 hubo un golpe de Estado.
Cualquiera con dos dedos de frente sabe que
los integrantes de un órgano estatal que ejerce jurisdicción no pueden ser
elegidos por votación ciudadana. Precisamente porque administran justicia,
deben estar protegidos de las presiones políticas y electorales.
Todos los integrantes del Órgano Judicial
desde 2011 fueron preseleccionados por el MAS, atendiendo a sus «atributos» de
sumisión y llunk"erío hacia quienes detentaban el poder. En algunos casos, las
universidades también hicieron de celestinas.
Para maquillar el procedimiento, fue el propio
García Linera quien inventó el examen para los aspirantes a ocupar cargos
judiciales, al que bautizó, orgullosamente, como «la pasarela». Por allí
desfilaron numerosos candidatos, algunos de ellos asistidos descaradamente por
parlamentarios que les hacían señas para indicarles las respuestas correctas.
En suma, García Linera sabe de lo que habla cuando se refiere a la «Justicia» boliviana. Fue uno de los principales responsables de diseñar y ejecutar el plan que terminó de destruir la escasa institucionalidad que aún quedaba.