Mientras Sudamérica construye corredores bioceánicos, nosotros seguimos construyendo barricadas. Y después nos preguntamos por qué nos dejan fuera del mapa.
Tuve la oportunidad de asistir, como invitado,
a un importante foro empresarial en Lima, Perú, donde representantes del
Gobierno brasileño expusieron sus proyectos de integración logística y
corredores bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico.
Confieso que llegué con entusiasmo y salí
profundamente preocupado. No porque los proyectos fueran malos, sino porque
eran demasiado buenos para un país como el nuestro, que parece haberse
especializado en demostrar que la geografía puede regalarnos oportunidades
extraordinarias, pero nuestra estupidez política puede encargarse de
desperdiciarlas.
Bolivia, el corazón de Sudamérica, corre el
riesgo de convertirse en el país al que todos prefieren rodear. Y no
precisamente porque nos tengan envidia.
Se presentaron mapas, proyectos ferroviarios,
carreteras, puertos, inversiones, estudios de carga e integración aduanera.
Todo muy profesional y bien planificado. Pero Bolivia brilló por su ausencia en
los grandes trazados ferroviarios. Una cosa es aparecer marginalmente en un
mapa y otra muy distinta es sentarse a la mesa donde se decide por dónde
circularán las riquezas del continente.
Brasil y Perú estudian una conexión
ferroviaria de casi 6.000 kilómetros para llegar al Pacífico. Otros corredores
avanzan por Paraguay, Argentina y Chile. Mientras tanto, Bolivia, con una
ubicación privilegiada para conectar ambos océanos, parece conformarse con
mirar cómo los demás organizan el futuro.
¿Y saben qué es lo más triste? Buena parte de
las razones para evitarnos las hemos construido nosotros mismos.
Nos conocen como la «República Plurinacional
del Bloqueo». En Bolivia tenemos una extraordinaria industria nacional que no
necesita financiamiento, tecnología ni mercados internacionales: la industria
del bloqueo.
Aquí cualquier dirigente con un megáfono, unos
cuantos seguidores y suficientes piedras puede paralizar una carretera,
interrumpir el abastecimiento y perjudicar a miles de productores. Y si el
Gobierno intenta restablecer la circulación, aparecen los profesionales de la
indignación para explicar que impedir trabajar a los demás constituye un
derecho democrático. ¡Maravilloso!
En otros países se construyen puentes para
unir mercados. En Bolivia se levantan barricadas para separar ciudadanos.
Mientras unos calculan costos logísticos por tonelada, nosotros calculamos
cuántos días puede resistir un transportista sin comer mientras espera que
algún dirigente termine su negociación política.
¿Quién, en su sano juicio, comprometería
millones de dólares en una ruta donde la continuidad del transporte depende del
humor de un dirigente sindical?
No se trata de culpar a una cultura indígena
ni a una región determinada. Se trata de cuestionar una cultura política del
bloqueo, alimentada durante décadas por gobiernos masistas, sindicatos y
organizaciones que confundieron la protesta legítima con el derecho a paralizar
un país.
Esa cultura tiene un costo que pocas veces
contabilizamos: inversiones que nunca llegaron, empleos que nunca se crearon y
negocios que encontraron rutas más confiables. Sin embargo, ahora algunos
pretenden responsabilizar exclusivamente al Gobierno actual.
Hemos llegado al absurdo de que cualquier
emprendimiento importante parece necesitar primero la bendición de las llamadas
organizaciones sociales. ¿Un proyecto ferroviario? Hay que negociar. ¿Una
carretera? Hay que negociar. ¿Una inversión minera? También. Y cuando
finalmente se consigue un acuerdo, aparece otro dirigente que exige comenzar de
nuevo.
Así hemos construido un país donde resulta más
sencillo organizar un bloqueo que garantizar la ejecución de una obra pública.
Para completar esta tragicomedia, mientras en
Lima escuchaba cómo Brasil y Perú planifican su integración bioceánica, me
encontré con una noticia publicada en Bolivia: «El Ejecutivo y CAF alistan hoja
de ruta para integrar redes ferroviarias por Tarija y Potosí». ¡Aleluya!
¡Milagro ferroviario!
Después de décadas de tener dos sistemas
ferroviarios separados, aparentemente acabamos de descubrir que sería
conveniente unirlos. Pero ¿por qué seguimos anunciando hojas de ruta cuando
nuestros vecinos ya diseñan los corredores por donde pretenden transportar las
mercancías de las próximas décadas?
Una hoja de ruta no es un proyecto ejecutivo.
Un anuncio ministerial no es financiamiento aprobado y una fotografía con
representantes internacionales no significa que mañana comenzarán a circular
trenes.
Bolivia no necesita otra colección de
proyectos que terminen durmiendo en los archivos ministeriales. Necesita
decisiones, estudios serios, seguridad jurídica, acuerdos internacionales y,
sobre todo, una política de Estado que sobreviva a los gobiernos.
Regreso de este foro con una preocupación:
mientras otros países hablan del futuro con proyectos, mapas y mecanismos de
integración, nosotros seguimos desperdiciando años discutiendo cómo repartir el
poder, mientras las oportunidades comerciales pasan por nuestras fronteras sin
detenerse.
No afirmo que exista una conspiración
internacional para excluirnos. Sería demasiado cómodo culpar a los demás. Lo
que existe es algo mucho más grave: estamos dando razones para que otros países
encuentren más conveniente planificar sin depender de nosotros.
Y eso debería avergonzarnos.