Editorial

El engaño de la “vivienda social”

Pocos errores políticos resultan tan costosos y dañinos como la obsesión de los gobiernos por construir casas para los pobres. Lejos de resolver la escasez de vivienda...

Editorial | | 2026-11-16 00:10:00

Pocos errores políticos resultan tan costosos y dañinos como la obsesión de los gobiernos por construir casas para los pobres. Lejos de resolver la escasez de vivienda, los planes estatales son un remedio mucho peor que la enfermedad. La vivienda pública no ofrece ningún refugio real ante los precios altos, sino que termina hundiendo todavía más a las familias que dicen ayudar.

El fallo de origen es que un funcionario en una oficina jamás podrá saber lo que una persona necesita. El valor de una casa es algo completamente personal: cada familia busca una ubicación, un tamaño o una cercanía distinta según sus propias prioridades y presupuesto. Cuando el Estado decide qué construir, con qué materiales y dónde hacerlo —pagando todo con impuestos, deudas o imprimiendo dinero sin respaldo—, actúa completamente a ciegas.

Al eliminar el libre acuerdo entre compradores y vendedores, el gobierno no tiene forma de saber si está aprovechando o desperdiciando el dinero de todos. El resultado suele ser el mismo en todas partes: casas mal construidas, lejos de los lugares de trabajo y levantadas únicamente para que un político corte una cinta inaugural.

Además, el Estado no crea recursos por arte de magia. Cada bolsa de cemento, cada trabajador y cada metro de terreno que acapara el gobierno se lo quita directamente al sector privado. Esto encarece los materiales de construcción y frena a las empresas particulares que sí saben producir de forma eficiente.

Los mismos políticos que prometen rescatarnos son los verdaderos culpables de que las casas sean tan caras. Con sus trámites eternos, sus prohibiciones de uso de suelo, sus controles de alquileres y el constante debilitamiento del dinero —que empuja a la gente a comprar ladrillos para proteger sus ahorros de la inflación—, los gobiernos estrangulan la oferta.

Si la historia demuestra una y otra vez que la vivienda pública termina en edificios deteriorados, corrupción y barrios abandonados, cabe preguntarse por qué los gobiernos insisten tanto en ella. La respuesta es sencilla: para la clase política, la crisis es un excelente negocio. Un problema de vivienda que nunca se resuelve es la excusa perfecta para cobrar más impuestos, crear más oficinas públicas y repartir favores a cambio de votos. A los gobernantes no les conviene que las casas bajen de precio por la libre competencia —tal como pasó con los teléfonos móviles o la ropa—, porque una familia que prospera y consigue su hogar por mérito propio es una familia libre que no depende de nadie.

La salida no es más intervención, sino dejar trabajar a la gente. La vivienda es una necesidad básica que cada familia debe y puede conseguir con su propio esfuerzo, el ahorro y créditos sanos, sin necesitar la tutela de ningún programa especial. Cuando se eliminan las trabas burocráticas, se protege la propiedad privada y se permite competir libremente, tener un techo propio deja de ser un sueño imposible y se convierte en una realidad al alcance de todos.

Los mismos políticos que prometen rescatarnos son los verdaderos culpables de que las casas sean tan caras. Con sus trámites eternos, sus prohibiciones de uso de suelo, sus controles de alquileres y el constante debilitamiento del dinero, los gobiernos estrangulan la oferta.