«Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado» (Jn 18,30).
Sin emitir criterios sobre las denuncias
contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quisiera reflexionar
sobre la pregunta ineludible que surge a raíz de su autoexilio: «¿Por qué huir
si es inocente?».
La respuesta es sencilla y nadie sabe mejor
que los actores de la Justicia en Bolivia. En este país, la presunción de
inocencia es una mentira legal. No existe. A todo acusado lo meten rápidamente
en la cárcel, le congelan sus cuentas, secuestran sus bienes y llevan adelante,
de oficio, un proceso cuyo objetivo es enriquecer a los policías, fiscales y
jueces a través de gastos legales y coimas.
¿Acaso existe un caso en el que el Estado, el
Órgano Judicial o la Policía haya indemnizado a alguien a quien perjudicó con
una investigación de oficio y un encarcelamiento, aunque fuera absuelto?
A esta pregunta hay que añadir otra: ¿Acaso
hay un policía o un fiscal en este país que no cobre ni reciba coimas? ¿No
deberían ser investigados por legitimación de ganancias ilícitas todos los
jueces? ¿Cuántos inocentes en Bolivia han gastado sus bienes y sus vidas
tratando de recuperar la libertad y su buen nombre? ¿Cuántos casos quedan
paralizados porque nadie paga incentivos, ni para su defensa ni para su
prosecución?
El artículo 113 de la Constitución Política
del Estado (2009) y el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal (1999)
establecen que el Estado es civilmente responsable por los errores judiciales y
determinan la creación de un Fondo de Indemnizaciones. Sin embargo, después de
27 años, el fondo no existe y la burocracia obstaculiza la indemnización de las
víctimas de calumnias y procesos errados.
La inexistencia de condiciones reales para
aplicar las leyes de indemnización, así como para evitar procesos y detenciones
arbitrarias, ha sido ampliamente observada y denunciada por organismos
internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo
Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI), Human Rights Foundation y
el Departamento de Estado de EE. UU., así como por la Iglesia, a través de la
Pastoral Carcelaria.
Uno se estremece de consternación cuando algún
actor de nuestra falsa Justicia sufre violencia, sin reconocer la violencia
sistemática y las violaciones perpetradas por los encargados de garantizar el
Estado de derecho y proteger a los ciudadanos.
Allí está una parte del problema. ¿Acaso ven
su rol como el de proteger a los inocentes?
Tuvimos la esperanza de que, con el nuevo
Gobierno, habría una auténtica reforma de la Justicia. Hasta ahora, solo
descubrimos que está más podrida de lo que imaginábamos.
«Cuando gobiernan los justos, el pueblo se
alegra; cuando domina un malvado, el pueblo gime» (Proverbios 29,2). Bolivia
gime y agoniza.
«Pilato salió a donde estaban ellos y les
preguntó: “¿Qué acusación traen contra este hombre?”. Ellos respondieron: “Si
no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado”» (Jn 18,29-30). «Entonces
Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron» (Jn
19,16).
¿Cuántos Pilatos hay en Bolivia?
«Cuando vayas con tu adversario a presentarte
ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, para
evitar que te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el
guardia te ponga en la cárcel» (Lucas 12,58). Parece que Jesús no cumplió su
propio consejo, pues no negoció una salida de la cruz. Pero él no estaba
pensando en un adversario cualquiera, como, por ejemplo, Poncio Pilato. El
adversario es Dios Padre. Jesús se puso de acuerdo con Él en el camino o, mejor
dicho, en el jardín de Getsemaní: «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz.
Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22,42).
«No juzguen y no serán juzgados; no condenen y
no serán condenados; perdonen y serán perdonados» (Lc 6,37).
Sin embargo, no debemos perdonar a una Justicia
corrupta. Es urgente su purificación y su reforma.
Querido lector, que Dios te bendiga.
