La historia política no absuelve a los gobernantes por la elegancia de su prosa ni por sus escrúpulos de salón. Cuando un ciudadano asume la Vicepresidencia en un sistema democrático, el Estado y la ciudadanía presuponen la presencia de un hombre maduro, con temple moral y comprometido sin fisuras con la defensa irrestricta de la ley. En Carlos D. Mesa Guisbert ocurrió exactamente lo contrario: su paso por el poder constituye el expediente más acabado de cobardía política, pusilanimidad estratégica y oportunismo populista. Se convirtió en el facilitador medular del régimen autoritario y del narcoestado que hoy asfixian a Bolivia.
El balance sobre su trayectoria suele
presentarse a través de dos interpretaciones enfrentadas. Quienes justifican su
gestión apelan al mito del «fusible civil». Argumentan que negarse al uso
legítimo de la fuerza en 2003 y 2005 evitó una masacre y que sus concesiones
institucionales integraron pacíficamente a mayorías excluidas a la vida
democrática. Sin embargo, una lectura descarnada y apegada a los hechos
demuestra que jamás hubo templanza republicana, sino pánico escénico,
capitulación ante el chantaje corporativo y una subordinación sistemática del
Estado de derecho a la ambición personal de heredar el mando sin pagar los costos
de ejercerlo.
La trayectoria de Mesa no exhibe accidentes
coyunturales, sino un patrón deliberado en el que cada decisión desmanteló una
línea de defensa de la República. En octubre de 2003, al romper públicamente
con Gonzalo Sánchez de Lozada el día 13, sin renunciar a la Vicepresidencia,
Mesa perpetró una maniobra calculada. Abandonó al Ejecutivo en el momento de
mayor asedio para presentarse ante los insurrectos como una alternativa
potable. Al no renunciar y capturar la presidencia por sucesión, legitimó la
doctrina que rige hasta hoy: la dinamita, el cerco y la violencia callejera
valen más que el voto. Fue su primer pacto tácito con el sindicalismo radical.
La Constitución Política del Estado de 1994
reservaba de forma privativa y taxativa la potestad de reforma al Poder
Legislativo (artículos 230 al 233). La figura de una «Asamblea Constituyente»
originaria no existía ni tenía cabida jurídica. Aterrorizado por la calle y
buscando congraciarse con el populismo emergente, Mesa promovió y promulgó la inconstitucional
Ley 2650, en febrero de 2004. Esa capitulación perforó el cerrojo de la
república liberal, regalándole al MAS el mecanismo jurídico para demoler la
República de Bolivia e instaurar el Estado Plurinacional.
En junio de 2005, tras fracasar en su
gobierno, Mesa consumó su segunda defección institucional. Con un encendido
mensaje televisado, descalificó a Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, atizando
el odio regional y dirigiendo los cercos mineros y campesinos hacia Sucre. Al
chantajear al Congreso y vetar la sucesión que por ley correspondía al Poder
Legislativo, impuso la transición de Eduardo Rodríguez Veltzé con el único fin
de liquidar el mandato constitucional y adelantar los comicios. Le entregó el
poder a Evo Morales en bandeja de plata.
Un Estado que renuncia a aplicar la coerción
legítima renuncia a existir. El miedo visceral de Mesa a ejercer la autoridad
desarmó a las fuerzas del orden y consagró territorios liberados en el trópico
de Cochabamba y el altiplano. Su permisividad populista desmanteló los
controles de interdicción y sentó las bases operativas de las que se nutrió el
modelo extractivista de la coca excedentaria, incubando la degradación
institucional y el régimen de connivencia criminal que opera en la actualidad.
Su narcisismo lo llevó a aceptar, entre 2014 y
2018, el rol de vocero oficial de la demanda marítima de Evo Morales. Mesa le
lavó la cara a un régimen tiránico ante la comunidad internacional,
ofreciéndole un escudo diplomático mientras internamente se preparaba el pisoteo
del 21F. La aventura culminó con el catastrófico fallo del 1 de octubre de
2018: una derrota judicial inapelable que sepultó para siempre los compromisos
históricos de negociación de Chile y dejó a Bolivia en la orfandad geopolítica
más absoluta de su historia republicana.
La proclamación de su candidatura en 2018
quebró la resistencia moral de millones de ciudadanos que defendían el mandato
vinculante del referéndum del 21F. Al validar una elección ilegítima, diseñada
por un tribunal sometido a Morales, Mesa actuó como el colaboracionista que
otorgó barniz electoral al dictador. Y, tras el estallido de la crisis de
noviembre de 2019, facilitó el salvoconducto y la fuga de Morales a México,
permitiéndole eludir la justicia ordinaria y montar desde el extranjero el
relato del «golpe de Estado».
La tragedia boliviana no se explica únicamente
por la vocación autoritaria de los sindicatos cocaleros y sus operadores
políticos, sino también por la claudicación moral de quienes, debiendo encarnar
la firmeza de la ley, optaron por la capitulación disfrazada de mesura. Carlos
Mesa no fue una víctima de las circunstancias ni un mártir de la paz: fue el
operador pusilánime que abrió cada cerrojo, firmó cada repliegue y canjeó la
supervivencia del Estado republicano por los aplausos transitorios de sus
propios enterradores.
Javier Torres Goitia Caballero
