Hay algo que no termina de cuadrar en la tala de 65 hectáreas del Cordón Ecológico. Nadie desmonta una superficie de semejante magnitud de la noche a la mañana. Nadie invierte decenas de miles de dólares en tumbar árboles, limpiar, nivelar y preparar un terreno de esas dimensiones si no tiene la expectativa de iniciar un proceso de urbanización. Son trabajos que requieren maquinaria, personal, logística y una inversión considerable. Difícilmente se trata de una aventura improvisada o de una iniciativa que alguien emprende sin tener alguna garantía de que el proyecto podrá avanzar.
Por eso, la pregunta fundamental no es
solamente quiénes son los propietarios de los predios La Peña y Celina Las
Praderas, ni quiénes ordenaron la tala. La pregunta es quién permitió que esto
sucediera y quién les hizo creer a los responsables que podían avanzar con
semejante intervención dentro de un área protegida. Una operación de esta
magnitud difícilmente pasa inadvertida.
La Gobernación ha anunciado procesos
administrativos contra los predios identificados, pero eso no puede ser el
punto final. Hay que establecer quiénes ejecutaron los desmontes, quiénes
financiaron los trabajos, qué intereses existen detrás de una eventual
urbanización y, sobre todo, qué hicieron las instituciones responsables de
proteger el Cordón Ecológico. La Alcaldía, la Gobernación, el SEARPI y las
demás instancias con competencias sobre el área tienen que dar explicaciones.
El Cordón Ecológico no existe por capricho de
algún ambientalista ni para ofrecer un paisaje verde a la ciudad. Forma parte
del sistema de protección que resguarda a millones de habitantes frente a las
crecidas del río Piraí.
Destruir esa barrera es poner en riesgo un
patrimonio que no pertenece a los propietarios de ningún predio ni a los
promotores de ningún negocio inmobiliario. Pertenece a todos los cruceños. Una
urbanización puede generar ganancias para unos cuantos, pero una inundación
puede provocar pérdidas humanas y materiales que pagaría toda la sociedad. No
hay inversión privada ni negocio inmobiliario que justifique semejante
irresponsabilidad.
Las autoridades no pueden limitarse a anunciar
procesos y prometer vigilancia. Tienen que dar cuentas. Deben explicar cómo se
llegó a esta situación, quién permitió los desmontes, qué controles fallaron y
si hubo funcionarios que facilitaron o toleraron estas intervenciones. Si
existen responsabilidades administrativas, civiles o penales, deben
establecerse y sancionarse. Y, por supuesto, las 65 hectáreas afectadas deben
ser objeto de un plan de restauración ambiental.
La tala de 65 hectáreas no es un episodio menor ni un simple conflicto de tierras. Es un hecho que exige explicaciones de fondo. Porque si alguien pudo desmontar semejante superficie con la expectativa de urbanizarla, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿quién le dio la seguridad de que podía hacerlo? Y si hubo autoridades que lo permitieron, ¿quiénes son y por qué siguen sin responder?
El Cordón Ecológico no existe por capricho de algún ambientalista ni para ofrecer un paisaje verde a la ciudad. Forma parte del sistema de protección que resguarda a millones de habitantes frente a las crecidas del río Piraí.
