Una de las características esenciales de los cárteles del crimen organizado internacional es su capacidad para penetrar no solo en las instituciones públicas, sino también en los propios órganos de poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En Bolivia, esa penetración habría alcanzado incluso a determinadas estructuras sindicales de los denominados «movimientos sociales».
Como actores no estatales de alcance transnacional, estas
organizaciones buscan obtener beneficios económicos mediante actividades
ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la minería ilegal, el
contrabando y la trata de personas. Algunas mantienen estructuras jerárquicas y
centralizadas; otras operan mediante redes flexibles, alianzas y células
especializadas.
La literatura especializada identifica algunas
características fundamentales: operan en varios países, acumulan enormes
recursos económicos, construyen redes logísticas y financieras
transfronterizas, corrompen a funcionarios, policías, jueces y políticos, y penetran
instituciones públicas hasta conseguir influir en decisiones gubernamentales.
Parece coincidencia, pero buena parte de lo señalado está
sucediendo en Bolivia.
Estos grupos no desafían al Estado solamente desde afuera;
también buscan infiltrarlo desde adentro. La corrupción y la captura de
espacios estratégicos del aparato estatal les proporcionan una extraordinaria
capacidad de influencia política, económica y territorial.
Un documento de Naciones Unidas, publicado en diciembre de
2025, identifica precisamente la corrupción y la captura de instituciones
estatales como componentes centrales del modelo de negocios de las
organizaciones criminales transnacionales. También advierte sobre sus
sofisticados mecanismos de lavado de dinero y el uso creciente de tecnologías
digitales e inteligencia artificial. No se trata, por tanto, de una apreciación
aislada, sino de una tendencia reconocida internacionalmente.
En Bolivia, dos acontecimientos recientes permiten
dimensionar la gravedad del problema: la aprehensión del fiscal general, Roger
Mariaca, y la orden de aprehensión emitida contra el presidente del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, actualmente en autoexilio.
Sería prematuro afirmar que los cárteles han tomado
literalmente el Estado. Sin embargo, tampoco puede minimizarse la posibilidad
de que hayan penetrado espacios estratégicos. Cuando las investigaciones
alcanzan a las máximas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial, el
problema deja de ser estrictamente policial y adquiere una dimensión política e
institucional.
Esta penetración tampoco puede analizarse al margen de lo
ocurrido durante el régimen masista. Determinadas estructuras corporativas de
los llamados «movimientos sociales» adquirieron una influencia política
extraordinaria. La preselección de candidatos judiciales y su posterior
elección en la Asamblea Legislativa estuvieron atravesadas por una lógica de
cuotas y acuerdos políticos.
La designación de Mariaca como fiscal general tampoco puede
quedar fuera de este análisis. Fue elegido por la Asamblea Legislativa en
octubre de 2024, con 115 votos. Actualmente, el Ministerio Público investiga
denuncias sobre presuntos pagos a legisladores durante aquel proceso.
Corresponde esclarecer qué intereses intervinieron en su designación y qué
mecanismos se utilizaron para conseguir esos votos.
Pero el problema es todavía mayor. No estamos hablando de
una sola organización criminal ni de una estructura centralizada que controla
todas las operaciones. Varias organizaciones transnacionales han encontrado en
Bolivia condiciones favorables para desarrollar sus actividades. La
representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) identificó la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México;
del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho, de Brasil;
además de grupos procedentes de Perú y Colombia. También advirtió sobre su
articulación con organizaciones locales y la penetración institucional mediante
redes de corrupción.
A este escenario se suma la estructura vinculada al
narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuya investigación ha puesto al
descubierto presuntos mecanismos de protección institucional.
Estas organizaciones pueden operar independientemente,
disputarse territorios y mercados o establecer alianzas funcionales. No
necesitan constituir una sola estructura para aprovechar las mismas redes de
corrupción y protección.
La penetración tampoco se limitaría a proteger el
narcotráfico internacional. Dentro del Ministerio Público y del Órgano Judicial
se habría organizado una estructura paralela de recaudación, extorsión y cobros
ilegales. Denuncias señalan que distintas fiscalías departamentales funcionaban
como puntos de recaudación. Una institución cuya función constitucional es defender
a la sociedad habría sido utilizada, durante la gestión de Mariaca, como
instrumento de extorsión.
El problema, por tanto, trasciende a Mariaca y Saucedo. La
pregunta verdaderamente importante es cuántas conexiones permanecen intactas,
quiénes las construyeron, quiénes las protegieron y hasta dónde llegaron.
Porque cuando el narcotráfico consigue protección desde las
instituciones encargadas de combatirlo, deja de ser solamente una amenaza
externa. El Estado corre el riesgo de convertirse en instrumento de operaciones
criminales.
La penetración más peligrosa del crimen organizado no ocurre
cuando sus hombres cruzan las fronteras, sino cuando consiguen abrir las
puertas de las instituciones que, por mandato de la ley, deberían combatirlos.
* El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
