Lo que Bolivia ha presenciado en los últimos 365 días no ha sido un año de gestión pública, sino la transmisión ininterrumpida de una accidentada telenovela con tintes de thriller político. Tras doce meses de gobierno, la inmovilidad institucional es evidente: no se ha aprobado una sola reforma estructural de fondo y la estructura del país continúa atrapada en las inamovibles dinámicas heredadas de dos décadas del MAS.
A diferencia de los dramas tradicionales cuyo propósito es deleitar a la audiencia, la trama de Rodrigo Paz ha tenido como único castigado al ciudadano de a pie. Eliminación de subvenciones a los combustibles, elevada inflación, incrementos en la canasta básica y transporte más caro. Mientras las economías familiares se aprietan el cinturón, el aparato estatal permanece sobredimensionado. No hay austeridad en las altas esferas; prevalecen los viajes diplomáticos, las giras y el glamour protocolar.
El guión gubernamental combina escándalos de corrupción, intrigas internacionales y fricciones internas. Destaca el misterio rodeado por casos emblemáticos como el de las "narcomaletas", donde cada avance abre más dudas que certezas, o la precipitada huida de la enigmática Nadia Beller. La trama sumó pasajes de espionaje y atracciones fatales con la detención del estratega argentino Fernando Cerimedo y sus audios filtrados con el círculo íntimo del poder. La corrupción persigue al entorno gubernamental: ahí están los sospechosos cargamentos de oro sin dueños declarados, la sombra incesante del caso Marset y el violento accionar de sicarios en las calles.
A ello se suman giros dramáticos en las instituciones clave del Estado: la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca —cuya situación estalló solo después de que Estados Unidos emitiera alertas y restricciones de visado— o el caso del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, utilizado convenientemente como actor de reparto para endilgarle las responsabilidades de las sospechosas. Todo evidencia que los hilos de la vieja corrupción estatal han encontrado perfecta continuidad.
Esta parálisis institucional no solo se refleja en la inestabilidad de un gabinete rotatorio que vio salir a más de una docena de colaboradores, sino también en el quiebre irreconciliable entre el presidente y su vicepresidente Edmand Lara.
La ciudadanía ha calificado de forma tajante
esta producción. Según los datos del Monitor de Opinión Pública de Ipsos
CIESMORI (realizado entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2026 en el
eje central), la aprobación de Rodrigo Paz cayó dramáticamente del 65%
registrado en noviembre de 2025 a tan solo un 25% en octubre de 2026. Al mismo
tiempo, la desaprobación se disparó del 18% al 59%, alcanzando picos del 65% en
agosto. Un contundente 62% de la población afirma que este primer año fue algo
o mucho peor de lo que esperaba, siendo la corrupción gubernamental (24%) y la
mala gestión (12%) los principales motivos de rechazo.
El primer año del "año 21 del MAS" concluye con el rechazo popular a una función que apenas empieza. Con cuatro años por delante, los bolivianos contemplan con creciente descontento cómo lo que comenzó como un drama político corre el riesgo de convertirse en una auténtica película de terror.
