Este 8 de noviembre, el gobierno de Rodrigo Paz cumplIó un año de gestión presidencial, marcado por una paz social aparente y la ausencia de estabilidad económica. Este último aspecto preocupa profundamente a la población, cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos. Al parecer, los únicos que no sienten los efectos de la crisis son los servidores públicos de los cuatro órganos del Estado.
Entre los aspectos positivos de su gestión se encuentran la
eliminación de la subvención al diésel y el establecimiento de nuevos precios,
la desaparición de las interminables filas de vehículos en las estaciones de
servicio y la adopción de un tipo de cambio flexible para el dólar. También
destacan la captura del narcotraficante Sebastián Marset, la aprehensión del
exfiscal general del Estado Roger Mariaca y el inicio de la desarticulación de
organizaciones criminales enquistadas en instituciones públicas,
particularmente en el Ministerio Público.
En el lado negativo, el Gobierno continúa administrando el
país mediante decretos supremos, sin haber conseguido la gobernabilidad
parlamentaria, indispensable para una gestión democrática. Tampoco ha logrado
impulsar cambios estructurales en el Estado y sigue funcionando sobre las bases
institucionales heredadas del masismo, después de veinte años de gobierno.
Otro desacierto fue la tardía aplicación del estado de
excepción durante los 53 días de bloqueos que soportaron especialmente las
ciudades de La Paz y El Alto. Ambas sufrieron el desabastecimiento de alimentos
y medicamentos, además de restricciones al transporte interdepartamental. A
esto se sumó el problema de la denominada «gasolina basura», que agravó el
desabastecimiento de combustibles durante la primera mitad del año.
Tampoco se consiguió designar oficialmente embajadores
titulares en varios países con los que Bolivia mantiene relaciones
diplomáticas. Persisten los interinatos en distintos cargos públicos, avanza
lentamente el cierre de empresas estatales deficitarias y no existen reformas
de fondo a la actual Constitución Política del Estado (CPE). Sin duda, uno de
los episodios más negativos fue el papel que habría desempeñado el exasesor
argentino Fernando Cerimedo, cuyo protagonismo terminó salpicando incluso al
entorno familiar del presidente, a raíz de una serie de audios difundidos en
redes sociales.
El principal desafío de Rodrigo Paz es conseguir, mediante
negociaciones políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la
gobernabilidad que le permita administrar el país mediante leyes y no depender
de decretos supremos. Gobernar de manera recurrente mediante estos instrumentos
limita el debate parlamentario y recuerda, salvando las diferencias, el
ejercicio del poder mediante decretos-leyes durante los gobiernos de facto.
Como señalé en una columna anterior, al presidente le hace
falta un equipo político capaz de negociar tanto desde el Ejecutivo como dentro
de la Asamblea. Con una bancada del PDC dividida, no tiene los votos
suficientes para alcanzar siquiera una mayoría parlamentaria, mucho menos los
dos tercios necesarios para gobernar con holgura durante los cuatro años que le
restan.
No le queda otro camino que construir acuerdos con Alianza
Libre, de Tuto Quiroga; Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, y SUMATE, de
Manfred Reyes Villa. Estos entendimientos serían fundamentales para impulsar
una reforma constitucional y aprobar o modificar leyes esenciales, como las de
Hidrocarburos, Electricidad, Minería e Inversiones.
Sin pactos políticos, el Gobierno carecerá de gobernabilidad
plena y su gestión se hará cada vez más cuesta arriba. No basta con decir que
uno es presidente y, por tanto, puede gobernar sin dificultades. Señor Rodrigo
Paz, dirigir un país también exige trabajar de la mano con el Parlamento. Haber
sido elegido por voto popular no significa que se pueda prescindir de los
acuerdos legislativos.
También es urgente que el presidente resuelva sus
diferencias políticas con su compañero de fórmula, el vicepresidente Edmand
Lara, quien además preside la ALP. Esta autoridad tiene un papel fundamental en
la articulación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos autónomos.
La propia Constitución le asigna atribuciones de coordinación y apoyo al
presidente en la dirección de la política general del Gobierno.
Sin acuerdos ni pactos parlamentarios, el Gobierno nacional está arando en el desierto. Difícilmente cosechará resultados o cumplirá las promesas electorales realizadas durante la campaña de las elecciones generales del año pasado, tanto en primera como en segunda vuelta. Una de ellas fue el 50/50 para las regiones, en el marco del régimen autonómico.
