El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Venezuela tendrá nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a mediados de diciembre y que poco después se conformará un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambos cambios forman parte de la hoja de ruta impulsada por la administración de Donald Trump para reorganizar las instituciones venezolanas y avanzar hacia elecciones presidenciales.
«Avanzamos según lo previsto. Si todo continúa conforme al cronograma, Venezuela contará con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para mediados del próximo mes, en diciembre. Poco después, se conformará el nuevo Consejo Nacional Electoral», declaró Rubio ante periodistas en París.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó ambas renovaciones como pasos fundamentales para establecer condiciones institucionales que permitan una transición política. Aseguró que las conversaciones entre las partes involucradas continúan y que existe margen para cumplir los plazos establecidos.
La reorganización del Poder Judicial y del organismo electoral constituye una etapa central del proceso promovido por Washington tras la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos considera que Venezuela necesita instituciones independientes, capaces de garantizar elecciones competitivas y recuperar la confianza en sus autoridades.
La hoja de ruta contempla que, una vez renovados el TSJ y el CNE, la presidenta interina Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia de la República. Esa decisión abriría un período de seis meses para organizar y convocar elecciones presidenciales, con el objetivo de devolver el poder ejecutivo a través de las urnas.
Rubio señaló que la credibilidad del proceso dependerá también de la existencia de un sistema judicial renovado, una autoridad electoral que no responda a intereses partidarios y medios de comunicación que puedan desarrollar su trabajo sin restricciones. Estos elementos, sostuvo, son necesarios para que la transición tenga legitimidad.
Uno de los principales desafíos será garantizar la participación de los más de siete millones de venezolanos que viven fuera de su país. Rubio advirtió que deben establecerse mecanismos para que puedan ejercer su derecho al voto, una cuestión que abordó durante una reunión en Washington con el canciller venezolano Oliver Blanco.
El funcionario estadounidense puso especial atención en los venezolanos residentes en Estados Unidos, donde actualmente no funcionan consulados de su país. «Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar», afirmó, al señalar que sin esas representaciones diplomáticas no existen condiciones adecuadas para facilitar su participación electoral.
Rubio también se refirió a la situación de la oposición venezolana y destacó que María Corina Machado y otros dirigentes hayan podido permanecer en el país durante más de dos semanas sin ser detenidos. Según el secretario de Estado, los opositores han podido ofrecer conferencias de prensa y acceder libremente a internet.
Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, regresó a Venezuela el 25 de octubre, después de permanecer cerca de diez meses fuera del territorio nacional. Su retorno representa un movimiento relevante en el escenario político venezolano y en las negociaciones sobre el futuro institucional del país.
Las declaraciones de Rubio se produjeron en París, donde participó en una reunión del Grupo de los Siete (G7), después de una serie de contactos diplomáticos entre Washington y representantes de las autoridades venezolanas. La administración Trump mantiene como objetivo central la reorganización política e institucional del país sudamericano.
El calendario anunciado establece diciembre como un mes decisivo para la renovación de las dos principales instituciones que deben intervenir en el proceso electoral. Sin embargo, todavía quedan por resolver aspectos políticos, administrativos y legales, entre ellos la declaración de vacancia presidencial, la organización de los comicios y las garantías para la participación de la oposición.
La eventual convocatoria de elecciones marcaría una nueva etapa para Venezuela después de años de crisis política, cuestionamientos a la legitimidad de sus autoridades y restricciones a la competencia electoral. La concreción del cronograma anunciado por Rubio será una prueba para determinar si la transición impulsada por Washington puede avanzar hacia una renovación efectiva del poder político.
