El Banco Mundial ha denunciado que la creciente expansión de la delincuencia organizada transnacional ha elevado los niveles de delincuencia y violencia hasta convertirlos en una fuente predominante de malestar social. Asimismo, plantea graves desafíos para la gobernanza y el desarrollo de América Latina y el Caribe (Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe, 2025). Estos desafíos complican los esfuerzos por reactivar el crecimiento, corregir los desequilibrios fiscales, reducir la deuda y recuperar los avances logrados en la reducción de la pobreza durante la década anterior. Las tasas de crecimiento de ALC continúan siendo de las más bajas del mundo. La inversión, tanto pública como privada, sigue siendo moderada, incluso desde antes de la mayor incertidumbre introducida por el aumento de los aranceles estadounidenses.
Para el Banco, el crimen organizado plantea
numerosos desafíos, no solo para el bienestar de los ciudadanos, sino también
para el crecimiento económico: la incertidumbre sobre los derechos de propiedad
reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los
costos de transacción de las empresas y reducen su competitividad; los gastos
improductivos en seguridad pública desvían recursos destinados a salud,
educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas; las
víctimas de la violencia ven reducida su capacidad para acumular capital
humano; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y la
fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la
contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen
organizado pierden sus libertades básicas; y la infiltración en las
instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de
servicios esenciales.
La preocupación más urgente es que, en
muchos lugares, los grupos criminales han tomado el control de las cárceles y
dirigen actividades delictivas desde su interior. La cárcel ya no es un
impedimento para que los reclusos cometan nuevos crímenes y el encarcelamiento
ha dejado de ser una amenaza útil para disuadir la actividad criminal. Muy por
el contrario, se ha convertido en un paso más dentro de la carrera delictiva.
Las cárceles de América Latina no solo funcionan como «zonas seguras» para los
líderes criminales, sino que también sirven como centros de reclutamiento y
entrenamiento para nuevos miembros de las organizaciones criminales.
El informe del Banco Mundial establece que
el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho surgieron dentro de
las cárceles como una estrategia de los reclusos para protegerse de la
violencia carcelaria. Con el tiempo, estas bandas crecieron en tamaño e
influencia y evolucionaron hasta convertirse en organizaciones criminales transnacionales.
De manera similar, el Tren de Aragua tuvo su origen en las cárceles de
Venezuela. Las «maras» salvadoreñas más grandes y violentas se crearon en
cárceles de Los Ángeles, Estados Unidos. Otras bandas más peligrosas no se
originaron en las cárceles, pero, desde el encarcelamiento de sus líderes,
estos controlan y organizan operaciones en el exterior, además de negociar y
coordinar actividades con los líderes de grupos criminales rivales que también
están presos.
El crimen organizado es uno de los
problemas más urgentes de la región y debe estar en el centro de cualquier
debate sobre el desarrollo y el crecimiento económico. La criminalidad se
alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y
la debilidad institucional. En el mediano y largo plazo, la mejor política de
seguridad pública es construir Estados más funcionales, capaces de ofrecer
igualdad de oportunidades para todos, incluidos mejores sistemas educativos y
mercados laborales que generen empleos de calidad. Sin embargo, en el corto
plazo, ALC debe priorizar el fortalecimiento estratégico de las capacidades de
las cárceles, la fuerza pública y el sistema de justicia para mitigar las
expresiones más dañinas del crimen organizado y controlar su expansión. También
debe dar prioridad a las intervenciones de prevención dirigidas a jóvenes en
riesgo de incorporarse a grupos criminales.
El Banco Mundial advierte que el crimen
organizado es un «competidor» del Estado en muchos lugares y territorios. Los
sistemas de justicia de la región carecen de la capacidad necesaria para
investigar y procesar debidamente los crímenes de alto impacto, porque las
instituciones estatales parecen estar capturadas por los criminales.
*Jurista y autor de varios libros.
