Al menos tres militares han fallecido este sábado al mediodía en un ataque con drones en Santa Rosa del Sur, al norte del país. El Ejército colombiano ha confirmado también 16 heridos de gravedad y “otros 31 afectados”, sin dar muchos más detalles sobre los mismos. El alcalde de este municipio del departamento de Bolívar, Milton Olaya Santamaría, rechazó tajantemente el “atentado terrorista” frente a medios locales y demandó la colaboración de Abelardo de la Espriella. “Le pedimos al presidente que nos apoye en el municipio y todo el territorio”, rogó. Si bien no se conoce aún la autoría del suceso, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, se lo atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según las declaraciones del funcionario, la acción armada habría sido una represalia por la captura de alias Carrito, señalado como cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó de esa organización guerrillera. Ocho horas después del atentado, las autoridades alertaron a Caracol Radio, parte del Grupo Prisa, editora de EL PAÍS, y a Caracol Televisión del riesgo de un atentado a manos de grupos ilegales.
El alcalde Santamaría señaló en una entrevista que la mayoría de oficiales fueron enviados al hospital Manuel Elkin Patarroyo. Los más graves, fueron derivados al municipio vecino de Simití. Y al menos otra persona tuvieron que ser atendidos de emergencia en otro centro de mayor complejidad. De acuerdo con el alcalde, el ataque con drones ocurrió cuando los militares se disponían a almorzar, alrededor de las 12.30. A esa hora, varios drones arrojaron artefactos explosivos improvisados dentro de los predios del Batallón 48. “Es como un segundo Catatumbo”, lamentó. El ambiente de tensión era máximo en el batallón. “¿Por qué se hacen allá?“, gritaba una mujer en un video subido a redes sociales en el que se veía el cuartel polvoriento tras la explosión. ”¡No se haga ahí! ¡Al búnker! ¡Mi coronel, hágase en el búnker!“, chillaba otra.
El presidente colombiano condenó rápidamente el suceso en sus redes sociales. “Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios”, expresó el mandatario en X. Asimismo, ordenó “intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia”. En este municipio se conoce que operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la guerrilla del ELN, quienes luchan internamente por el control territorial.
Minutos después del ataque, el Ejército dio a conocer otros detalles en un comunicado emitido a las 14.30, hora local. “Tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho”.
Este es el último capítulo de una escalada de violencia que marca el los tres primeros meses del Gobierno de De la Espriella, quien ha declarado una guerra abierta contra los grupos armados. El presidente ha dado prioridad a cerrar todas las vías de diálogo que se mantenían abiertas para negociar la paz, ha elevado el tono de sus amenazas, ha acelerado las extradiciones y ha convertido las bajas de supuestos criminales en la bandera de la “patria milagro”.
El pasado lunes, cuatro atentados con explosivos dejaron cinco muertos en Tolima, al sur del país. Los ataques de drones van en aumento. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) contabilizó 119 ataques en 2024, 277 en 2025 y 351 este año hasta el 2 de noviembre. Esto equivale a uno cada 21 horas. Agosto, el mes en el que De la Espriella tomó posesión fue el peor mes registrado, con 56 atentados.
Amenaza a medios de comunicación
Tras el aviso a Caracol Televisión y Caracol Radio, la primera se vio obligada a evacuar su edificio y ambas compañías tomaron medidas preventivas para poder garantizar la seguridad de sus trabajadores. “Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informados”, expresó Caracol Radio en un comunicado. La sede principal de la firma está ubicada en el edificio Plaza 67, donde también hay otros medios como la Agencia EFE y el diario EL PAÍS.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, tildó las amenazas de graves y “profundamente preocupantes”. “Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”, detalló. Asimismo, el procurador Gregorio Eljach también condenó los señalamientos. “Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”, manifestó.
La Alcaldía de Bogotá, a su vez, anunció en sus redes sociales que había recibido información de la Fiscalía “sobre una alerta de seguridad”. El alcalde, Carlos Fernando Galán, solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia para analizar la alerta y movilizó a la policía de la capital para que tomase acciones preventivas.
