Hace dos años, después de la victoria de Donald Trump, planteé en estas páginas una pregunta: «Ganó Trump, ¿ganará Estados Unidos?». Las elecciones de este 3 de noviembre ofrecen una primera respuesta.
Según las proyecciones de CNN y Fox News, los demócratas
recuperaron ambas cámaras del Congreso. Aunque quedan contiendas por resolver,
el cambio de poder está definido. Fue un bluenami: una ola azul que golpeó al
Partido Republicano, al movimiento MAGA y a Trump. Trump había pedido votar
como si él mismo estuviera en las papeletas, y así lo hizo el electorado.
Resultó que la cercanía al presidente terminó siendo un lastre electoral.
Dos grandes sombras acompañaron al Gobierno hasta las urnas:
la dificultad para afrontar el costo de la vida cotidiana y el ejercicio del
poder sin suficientes controles ni rendición de cuentas.
En mi artículo «Estados Unidos: ¿riqueza sin bienestar?»,
publicado en El Día el 29 de octubre, describí una contradicción: una economía
capaz de multiplicar fortunas mientras millones de familias tienen dificultades
para llegar a fin de mes. La prosperidad de Wall Street no paga automáticamente
las facturas del hogar.
Esa distancia entre las grandes cifras y la experiencia
cotidiana pasó factura política. Frente al supermercado, al pagar el alquiler o
al llenar el tanque, lo que importa es cuánto alcanza el sueldo. Una inflación
más baja tampoco devuelve los precios a sus niveles anteriores. Antes de la
elección, el 84% de los votantes registrados consideraba que la economía era
muy importante para decidir su voto, según el Pew Research Center.
Pero mirar únicamente el bolsillo deja fuera otra pregunta:
¿para quién se gobierna? Mientras muchas familias ajustaban sus presupuestos,
los negocios presidenciales prosperaban. The New York Times informó que Trump
había obtenido ingresos estimados de al menos 2.200 millones de dólares durante
el primer año de su regreso, principalmente mediante negocios de criptomonedas.
Al mismo tiempo, su administración intervenía en las reglas de ese sector. Nunca
antes en la historia de EE.UU. se había visto algo semejante de manera tan
evidente y extensa. Estos conflictos de interés requieren investigación y
explicaciones. La responsabilidad penal corresponde a los tribunales; la
responsabilidad política también se exige en las urnas. Gobernar obliga a
demostrar que las decisiones sirven al país y que el cargo no se utiliza para
favorecer negocios propios.
Ambas sombras están conectadas. Cuando el poder público se
confunde con el beneficio privado, se deteriora la confianza en las decisiones
económicas y en la igualdad ante la ley. El daño inmediato puede medirse en
dinero; el más duradero aparece cuando una sociedad acepta que las reglas
dependen del apellido.
Sin embargo, el castigo electoral convive con una fidelidad
extraordinaria. CNN informó el 26 de octubre que Trump conservaba una
aprobación del 95% entre los republicanos MAGA, frente al 76% entre los
republicanos en conjunto y apenas el 47% entre los no MAGA. La encuesta de
agosto de The Economist/YouGov mostraba una brecha semejante: un 95% de
aprobación entre los republicanos MAGA y un 59% entre los no MAGA. Son
mediciones anteriores al voto, pero revelan una división que el resultado
nacional no debe ocultar. CNN confirmó cifras similares a partir de las encuestas
a boca de urna. La lealtad se vuelve peligrosa cuando ningún fracaso merece
revisión y cualquier abuso encuentra una excusa.
Por eso, el mensaje central supera el enfrentamiento entre
azul y rojo. Lo que ha estado en juego es el equilibrio entre poderes frente al
abuso, la rendición de cuentas frente a la impunidad y la sensatez frente al
fanatismo. Esos principios deben exigirse a ambos partidos.
Los demócratas reciben una responsabilidad, no un cheque en
blanco: fiscalizar con pruebas, aliviar el costo de vida y evitar los excesos
que denunciaron.
En 2024 ganó Trump, pero parece que el balance para el país es negativo. El alza del costo de vida podría revertirse con políticas más sensatas; reconstruir la confianza en las instituciones y, particularmente, en la Presidencia será más difícil y tomará tiempo. Este último aspecto repercute en el resto del mundo mucho más que el primero. En 2026, los estadounidenses han abierto una oportunidad para que gane el país. Habrá victoria de la democracia si este castigo electoral se convierte en instituciones más firmes, gobernantes sujetos a la ley y una vida más llevadera para sus ciudadanos.