Recientemente fui entrevistado en el programa Simióticas de la revista EnergíaBolivia, donde conversamos sobre la situación social que atraviesa Europa y la coyuntura de nuestro país.
Europa atraviesa una profunda crisis social —marcada por el
costo de vida, la crisis de la vivienda, el desgaste del Estado del bienestar y
el descontento de la Generación Z— que fractura a la clase media y nutre a
formaciones radicales. Organismos internacionales coinciden en que el orden
público no basta si no existen respuestas estructurales frente a la
desigualdad. Este escenario global exige trasladar la mirada hacia Bolivia,
donde la coyuntura obliga a examinar críticamente la calidad institucional.
Frente al malestar global y a la crisis interna, el desafío
no reside en la rotación de autoridades ni en las consignas ideológicas, sino
en recuperar la seguridad jurídica, la meritocracia y el control democrático
del poder. Es fundamental distinguir entre el Estado —la organización jurídica
y política permanente, basada en el pacto social y el Estado de derecho— y el Gobierno,
que es el conjunto temporal de administradores que debe regirse por esas
normas. El Estado no es patrimonio de ningún partido ni de ninguna ideología.
El peligro de las posturas ideológicas rígidas (izquierda
versus derecha) radica en que pueden destruir la democracia al convertir la gestión
pública en una disputa «tribal». Los problemas actuales son técnicos y humanos,
por lo que se debe transitar hacia el «camino del medio»: evitar un Estado
hipertrofiado, burocrático y extractivo, sin caer en el desamparo absoluto de
los sectores vulnerables.
En el plano nacional, aunque Bolivia no constituye un Estado
fallido al estilo de Haití o Somalia, padece un profundo déficit de integración
y una severa crisis de confianza en la justicia, en un contexto en el que los
bloqueos y la presión corporativa suelen desplazar a la ley. La discusión sobre
el modelo territorial (autonomías o un eventual federalismo) y una posible
reforma constitucional no ofrece soluciones mágicas por sí sola; exige un
diagnóstico técnico previo sobre competencias, recursos fiscales y un pacto
fiscal que evite el clientelismo.
La verdadera reconstrucción de Bolivia no se logrará con un
simple recambio gubernamental, sino mediante una transformación simultánea en
tres dimensiones: a) Institucionalidad: independencia judicial, carrera
administrativa meritocrática, transparencia y control efectivo de la
corrupción; b) Cultura ciudadana: una democracia activa en la que los
ciudadanos superen la pasividad electoral y ejerzan una fiscalización y
deliberación responsables; y c) Ética pública: elevar la integridad individual
y el compromiso con el bien común por encima de los privilegios particulares.
En conclusión, la transformación institucional y el respeto absoluto a la Constitución y a las leyes que desarrollen y cumplan el diseño constitucional son los únicos caminos para garantizar la libertad, la prosperidad y la convivencia pacífica en Bolivia.
