El Gobierno del presidente Donald Trump intensificó este jueves su campaña económica contra Cuba con nuevas medidas que abren el camino para imponer sanciones a sectores estratégicos de la isla y a proveedores extranjeros vinculados con sus fuerzas militares.
La decisión del Departamento de Estado amplía las restricciones a las industrias electrónica, manufacturera, marítima y tecnológica. En total, las sanciones alcanzan a ocho entidades y dos personas, entre ellas China National Electronic Import and Export Company y Beijing HyC Technologies.
Washington acusa a las dos empresas chinas de facilitar armamento y suministrar equipos de vigilancia y seguridad al Gobierno cubano. La medida apunta así no solo a la economía de la isla, sino también a sus relaciones comerciales y tecnológicas con Pekín.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la ofensiva al afirmar que la dirigencia cubana concentra los recursos energéticos, marítimos y tecnológicos para su propio beneficio, mientras la población enfrenta apagones, escasez y estancamiento económico.
Las nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de Trump y sus aliados para presionar al Gobierno de La Habana y forzar un cambio político, en momentos en que Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas y energéticas.
La presión estadounidense también se ha trasladado al ámbito diplomático. La Asamblea General de Naciones Unidas condenó la semana pasada, por trigésimo cuarto año consecutivo, el embargo económico contra Cuba. Sin embargo, la campaña de Washington logró que varios países votaran en contra o se abstuvieran por primera vez.
A esta ofensiva se suma la amenaza anunciada por Trump a finales de enero de imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. La medida ha reducido las posibilidades de abastecimiento de combustible y agravado las dificultades del sistema eléctrico.
Los apagones diarios superan actualmente las 24 horas en distintas zonas del país, debido a las averías de una red eléctrica deteriorada y a la caída de las reservas de combustible. La presión económica de Washington aumenta así sobre una población que ya soporta prolongadas interrupciones de servicios y escasez de productos básicos.
