He tenido siempre la certeza de que gobernar tiene un solo significado: lograr el crecimiento de un país. Por ese motivo me asusta atestiguar lo que veo: 13 audios en los que interviene Cerimedo hablando de ¡negocios privados! ¿Es asesor presidencial?, me pregunto con cierta confusión, consciente de que estas cintas retratan, más bien, a un “fatero”: el hombre que controla el andamiaje del Estado a favor de un clan menudo, de familia extendida.
Me explico: el acceso al Estado deja de ser un vehículo para la transformación social y se convierte en un fin en sí mismo con un solo propósito: capturar rentas. ¿O sea? O sea, el Estado es tu quincho de enriquecimiento clánico y no es ya ese fantástico instrumento de transformación que requerimos los bolivianos después de la larga era de oscurantismo masista. Recordemos que este partido aniquiló esa concepción de Estado como vehículo de cambio para toda Bolivia y acabó usándolo como su propiedad.
¿Qué quiero decir? El Estado empieza a mostrarse nuevamente como lo hizo durante dos décadas: como un botín. Cuando el objetivo principal es el enriquecimiento ilícito, la maquinaria estatal se redirige hacia la adjudicación opaca de contratos y/o el desvío de recursos (lo que se ve con morboso detalle en variados videos).
Dejémoslo en claro: los gobernantes cleptocráticos, los “estados-mafia”, las autoridades que se sumergen en la “captura estatal”, no entran a gobernar con la necesidad de mejorar la vida de la gente. Claro que no: entran con la necesidad de mejorar su propia vida, la de los parientes y la de los leales. Vale decir, como diríamos sin solemnidad: entran a “hincharse”.
Sin embargo, esta tesis no viene sola. Viene acompañada de una realidad pringada de mediocridad: no hay una propuesta de modificar la CPE y/o promover las leyes de hidrocarburos, minería, inversiones o electrificación. ¿Qué quiero decir? Quiero dejar en claro que, si ingresas a cargos gubernamentales con ideas de lucro inmediato, el país queda postergado.
A primera vista, parecería que enfrentamos sólo un “retraso” en la aprobación de estas leyes tan necesarias. No lo creo. Bajo la óptica que versa sobre la captura estatal, se trata, más bien, de una estrategia dotada de una ¡racionalidad perversa pero eficaz!
Lo explico: la falta de producción legislativa, la incapacidad o desinterés por articular consensos constitucionales y el choque constante con los propios aliados como con Lara, muestran a un Ejecutivo incapaz de trazar una ruta para Bolivia.
Aquí es donde viene la tesis más sobrecogedora: si el objetivo no es transformar el aparato estatal masista sino rediseñarlo ¡para la extracción de rentas!, la parálisis de las grandes reformas no es un error de gestión, sino ¡un requisito indispensable para ejercer la captura estatal! Menos leyes públicas y transparentes significan mayor margen de discrecionalidad para lograr acuerdos bajo la mesa.
En breve, modificar la Constitución o debatir reformas estructurales de fondo exige capital político, exposición pública, negociación transparente y el veredicto popular. En cambio, operar a través de intermediarios informales a lo Cerimedo, maximiza los beneficios inmediatos, asumiendo un costo político que solo se vuelve peligroso cuando estallan escándalos o filtraciones, como viene sucediendo.
¿Qué significa esta constatación? El Estado, antes que ser reformado como lo exige el país después de la hecatombe miserable del masismo, es apropiado. ¡Se vuelve propiedad privada!
¿Cuál es el resultado de este diagnóstico? A menor vocación reformista y democrática y mayor ambición personal, menor producción de bienes públicos para la ciudadanía. Ergo: esta es la explicación sobre el porqué no hay leyes, no hay embajadores, no hay empresas públicas saneadas … ¡nada!
Tenemos que saber que, en un Estado enfocado en el bienestar general, los recursos y el tiempo del mandatario se consumen en diseñar políticas públicas a favor de la salud, la educación y/o el desarrollo económico. Empero, en un Estado capturado, los recursos se consumen en lotear al Estado y ese mandatario ya tiene otro propósito: alentar el lucro de “los suyos”.
En definitiva, este inicio de la gestión gubernamental deja una hipótesis: el problema no es tener nuevos gobernantes (todavía) inexpertos. No, el problema es tener una administración cuya matriz de incentivos original es otra. Cuando se descarta la tesis de la "ineptitud", el panorama se aclara de golpe. Lo que parecía un gobierno desconcertado, lento o novato cobra una lógica siniestramente coherente: no es que no sepan gobernar, ¡es que están gobernando para otra cosa!
Este diagnóstico cambia por completo la forma de leer la crisis política: no estamos ante un gobierno que "no arranca", sino ante una maquinaria de captura que usa el aparato estatal como fachada, concentrado en consolidar una lógica de beneficios clánicos y familiares.
Eso revelan los audios que seguirán apareciendo.
